DENUNCIAS POR BLASFEMIA
Europa Laica ha vuelto a exigir la derogación del artículo 525 del Código Penal que tipifica el delito de ofensa a los sentimientos religiosos o delito de blasfemia. En una carta dirigida a la Fiscalía General del Estado, la asociación reclama que se aborde este asunto en el marco de sus competencias y tome medidas sobre las denuncias y procedimientos judiciales abiertos. Asimismo, pide a los grupos parlamentarios que acometan sin dilación la retirada de este precepto, y otros similares como el de las críticas a la Corona, que afectan a la libertad de expresión y a la libertad de conciencia.
En los últimos años han sido numerosas las causas abiertas en aplicación de este delito de base religiosa. Entre las más recientes figura la demanda judicial a la revista satírica Mongolia por la portada navideña del pasado mes de diciembre en la que representaba a Jesucristo con el emoticono de un excremento.
El último objetivo ha sido el senador de Compromís Carles Mulet contra el que Abogados Cristianos ha presentado una querella por un delito de incitación al odio por comentarios vertidos en redes por el parlamentario después de la retirada de la cruz franquista en Castelló de la Plana en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática y que provocó la ira de grupos fascistas tal y como se pudo ver en los vídeos publicados en Nuevatribuna.
Europa Laica considera que “no es admisible mantener por más tiempo en el Código Penal la ancestral e indeterminada tipificación del delito de ‘ofensa a los sentimientos religiosos’ en base al cual asociaciones y sectores ultramontanos católicos denuncian a multitud de personas o medios de comunicación en el ejercicio de su libertad de expresión, derecho fundamental que debe ser garantizado”.
Por ello cree que es necesaria una “respuesta política, judicial y social”. En su carta al fiscal general, la organización afirma que las denuncias contra todo tipo de expresiones artísticas, periodísticas, difundidas por cualquier medio, e incluso de carácter particular en redes sociales, “dan trámite punitivo a lo que son simples manifestaciones de la libertad de expresión que queda así obtusamente interpretada hasta acabar en gran parte de los casos en el archivo judicial de la causa, cuando no en graves sentencias condenatorias”.
A juicio del colectivo lo que se busca con estas denuncias no es tanto resarcir los supuestos sentimientos ofendidos sino “propagar la idea que en nuestro país existe una victimización de persecución religiosa para con ello tratar de ocultar los enormes privilegios eclesiales”.
En su misiva a la fiscalía, Europa Laica reclama que se aborde este asunto en el consejo fiscal con el fin de informar al Gobierno “sobre el alcance y contradicciones que puede tener la aplicación práctica de esta tipificación existente en el Código Penal. Además, pide “que se den instrucciones y orientaciones precisas a las fiscalías acerca de la posición que debe mantener respecto a la admisión, tramitación o interpretación de las denuncias presentadas que invocan de forma abusiva y torticera este tipo penal”.
