Un escándalo es algo que nos asombra e indigna por considerarlo contrario a la ética y las convenciones de carácter social. Para darse requiere ser una excepción a las reglas. Pero qué ocurre cuando abunda tanto como para ser la tónica habitual. El asombro se agotaría porque no tendría punto de comparación entre tantos escándalos concatenados. En la esfera pública debería cundir el ejemplo a seguir y no los contraejemplos. Lo contrario revela una grave patología social. Una escalada de corruptelas protagonizadas por algunos agentes políticos puede agotar nuestra capacidad para escandalizarnos y acostumbrarnos a que lo excepcional parezca (pese a no serlo) una pauta de la política en general.
Sacar tajada parece algo relativamente sencillo para los comisionistas. Un porcentaje abre las puertas y allana los caminos
La corrupción de algunos corroe transversalmente a todos los poderes políticos con el descrédito que supone para las instituciones democráticas. Esto es algo que resulta prácticamente inevitable. Su aluvión es lo que resulta particularmente lesivo. Cuando los escándalos parecen salpicar el conjunto de la vida política y este fenómeno se normaliza, por decirlo así, la ciudadanía se queda sin referentes y cede a dejarse tentar por quienes la intenten aprovecharse de la situación dpescando efímeras adhesiones en las turbias aguas del río revuelto.
A veces las noticias del día parecen un campeonato de corruptelas, como si se tratara de alcanzar un puesto en el podio del escándalo más escandaloso. El dinero ilícito es un clásico. Conceder inmunidad a la jefatura del Estado no debería significar una patente de corso para dejar de rendir cuentas y quedar impune de cualquier desmán, porque la justicia ha de tener un carácter universal, cuya pérdida desnaturaliza su esencia. Más bien al contrario, la sanción debería ser directamente proporcional a las responsabilidades que se han desempeñado, en lugar de quedar condonada por un privilegio aberrante.
También contamos con antiguos vicepresidentes del gobierno y presidentes de comunidades autónomas encausados o condenados por delitos económicos, que incluso han pasado por la cárcel. Algún influyente banquero ha corrido igual suerte. Cierto partido hizo un arte de la financiación ilegal. Sus próceres eran reverenciados hasta el último instante, cuando repentinamente abandonan su militancia o son expulsados de la organización. Sería prolijo poner nombres que por otra parte pueblan para mal nuestro imaginario colectivo como adalides de la infamia.
Sacar tajada parece algo relativamente sencillo para los comisionistas. Un porcentaje abre las puertas y allana los caminos. Recalificar terrenos para grandes promociones inmobiliarias ayunas de planes urbanísticos, conceder contrataciones con trato de favor maquillando los concursos administrativos o designaciones totalmente arbitrarias constituyen simples muestras de un catálogo muy abigarrado. Como a todo hay quien gane, también se ha llegado a utilizar la maquinaria estatal para resolver asuntos partidarios. La connivencia entre un ministro de interior y el presidente de la sala que lo encausa es otra liga en lo relativo a corruptelas políticas.
Lo suyo sería forzar dimisiones o recurrir a ceses fulminantes para depurar en cascada cualquier tipo de responsabilidad, pidiendo disculpas por haber confiado en gentes que salieron ranas, para decirlo con una expresión coloquial que ha hecho fortuna en este campo. Sin embargo, a los partidos políticos les cuesta mucho reconocer nada semejante y prefieren tapar sus vergüenzas con los escándalos ajenos, como si ello pudiese aliviar los propios. Resulta patético el espectáculo de mostrarse implacable con los fallos detectados en las filas del adversario, al tiempo que se conjugan enormes dosis de olvido e indulgencia con los escándalos propios.
Es un flaco favor hacia el respeto que debe profesarse a la política y a quienes integran temporalmente sus instituciones democráticas. Ese tipo de actuación socava los cimientos del contrato social, actuando como las termitas que localizan una madera humedecida y la van carcomiendo hasta desmoronar la estructura. La presunción de inocencia es fundamental, pero negar las evidencias o pretender pulverizarlas a martillazos es un delito de lesa democracia. No podemos permitirnos el considerar al escándalo como una pauta política.
