Aunque no hace falta recordar qué es la corrupción administrativa y/o política, hagámoslo: se trata de alterar el funcionamiento de la cosa pública (también está tipificada la corrupción entre particulares) mediante el pago al responsable de una decisión que favorece al pagador. Se trata, pues de un intercambio de bienes y servicios, obviamente no regulado en el BOE.
En la corrupción más clásica se trata de intercambiar cosas concretas por cosas concretas. Por ejemplo, una adjudicación de un concurso público o una licencia para realizar un negocio determinado se cambia por algo tan concreto como el dinero, preferentemente en billetes. Esta es la corrupción de toda la vida. Como diría aquel, como dios manda.
Pero este tipo de corrupción se ha dificultado mucho en los últimos años debido a la limitación del uso de dinero en efectivo, especialmente para las empresas. Es posible hacer lo que se conoce como ingeniería financiera para ocultar pagos indebidos en la contabilidad de una empresa, por lo que no es que esta modalidad de corrupción haya desaparecido del mercado pero, su uso, parece estar limitándose a casos de "baja intensidad".
Me interesa hablar de una modalidad más sofisticada de corrupción. No es que sea una novedad, ya que se ha venido utilizando desde que existe la opinión pública, pero ahora, con la importancia adquirida por los medios de comunicación, se ha convertido en moneda corriente, y nunca mejor dicho si estamos hablando de intercambios comerciales.
Se trata del intercambio de intangibles. Cualquiera que siga el deporte sabe muy bien de lo que hablo. En baloncesto, por ejemplo, hay algo que se valora además del número de puntos, asistencias, tapones, rebotes o robos de balón que hace cada jugador. Son aquellas cosas, de difícil cuantificación directa, que hace un jugador para mejorar el rendimiento de sus compañeros de equipo. Son los intangibles y, al final, se terminan valorando indirectamente por, por ejemplo, la diferencia de tanteo que tenía su equipo al entrar y al salir del campo el jugador en cuestión.
Hay algunos sectores de la economía en los que la normativa que emite el estado es primordial para el desarrollo del negocio. Se podría pensar que la regulación de la economía alcanza a todos los sectores pero es indudable que aquellos campos que más dependen del Estado, bien por utilizar concesiones del mismo o por depender de licencias especiales para su desarrollo, tienen un mayor grado de afección de los designios del gobierno de turno encargado de la administración de ese Estado.
Pues bien, si llamamos intangibles a las decisiones que ese gobierno adopta en relación a un sector económico, ya podemos ir entendiendo de qué se trata. Naturalmente, la complejidad de la estructura administrativa dificulta la toma de decisiones arbitrarias, pero no las evita completamente y, menos, si tenemos en cuenta el valor de los matices en esa toma de decisiones.
Que nadie lo dude: un gobierno, municipal, autonómico, nacional o europeo, puede ser influido en determinada dirección para favorecer, o perjudicar, el funcionamiento de un mercado determinado. Y si eso se hace para favorecer un beneficio particular en detrimento del interés general, objetivo obligatorio de la administración pública, se puede considerar como corrupción.
La contraprestación de esa corrupción puede hacerse por los métodos tradicionales, con pago en dinero, en metálico o transferencias a paraísos fiscales o mediante, también, intangibles. Alguno de esos intangibles pueden ser groseros como las famosas “puertas giratorias” que están, cada vez más vigiladas y reguladas. Pero, otros, son de más difícil control. Por ejemplo, la financiación, indirecta, de campañas de publicidad, relaciones sociales, de prestigio o de reputación en favor, o, no olvidemos, en contra, de las personas, o grupos políticos encargados de la administración pública o susceptibles de encargarse en un futuro.
La "monetización" de ambos intangibles es muy clara. La de los intangibles ofrecidos por los administradores se expresa, como "beneficios caídos del cielo", en las cuentas de resultados de las empresas, generalmente pocas, que monopolizan determinados sectores económicos y la de los administradores, en las urnas de los procesos electorales influidos por las campañas que les tienen como protagonistas. Se puede hablar, pues, de un intercambio de intangibles.
Por supuesto que a ningún asesor de imagen corporativa le costará mucho esfuerzo justificar una campaña, más o menos notoria, por el interés general. Más evidente es que sean los administradores los que apelen a ese interés general para explicar sus decisiones. Lo que pasa es que, cuando el resultado de la actividad de un sector económico determinado produce grandes beneficios al sector a costa de mayores precios a los clientes de ese sector, resulta difícil creerse esos supuestos objetivos benéficos.
Pero, a lo peor esto no es corrupción, si no algo natural. ¿Acaso no encontramos natural la sintonía, cercana a la colusión, de los partidos de la derecha con el estamento empresarial? ¿Por qué tiene que aceptarse que, en una economía social de mercado, la izquierda sea contraria al funcionamiento de las empresas? Pues, de estos polvos, es fácil pasar a los lodos de la financiación, directa o indirecta, de campañas favorables para partidos “amigos” y, sobre todo, desfavorables para los “no amigos”.
(No he querido poner ningún ejemplo concreto para que cada cual pueda imaginar el que quiera. Aunque, francamente, tampoco creo que haga falta mucha imaginación para algo tan obvio.)
