“El Defensor del Pueblo observa con grave preocupación cómo, después de tantos meses, el problema de la falta de suministro en la zona no se ha resuelto y los compromisos de naturaleza política para resolver esta situación no se han cumplido. Todo ello constituye una clara vulneración de los derechos fundamentales de las personas afectadas, al ponerse en peligro su salud e incluso su vida”.
Esta ha sido la dura advertencia de Francisco Fernández Marugán en su última resolución como Defensor del Pueblo antes de pasarle el testigo a Ángel Gabilondo al frente del organismo.
El documento de 10 páginas fechado el 17 de noviembre no se anda con medias tintas a la hora de denunciar la gravedad de la situación por la que pasan las familias de la Cañada, sin luz desde el 20 de octubre de 2020. El Defensor del Pueblo hace un llamamiento explícito a las administraciones públicas para que actúen “con carácter urgente” y resuelvan una situación que supone una clara vulneración de los derechos humanos.
4.000 personas, de ellas 1.800 niños, llevan sin luz 13 meses y se encuentran a las puertas de sufrir su segundo invierno que se prevé especialmente duro según las previsiones meteorológicas. La recién creada Plataforma Cívica de apoyo a la Luz en Cañada Real lleva semanas movilizando a distintos colectivos y tiene previsto convocar una gran movilización ciudadana en diciembre en solidaridad con los vecinos de este barrio de Madrid.
Las personas que viven en la Cañada Real Galiana deben ver atendido su derecho a contratar el suministro eléctrico y a que no se produzcan cortes
El Defensor del Pueblo ya emitió dos resoluciones en diciembre de 2020 dirigidas a la Delegación del Gobierno en Madrid y a la Consejería de Economía del Gobierno regional con varias recomendaciones para garantizar un suministro eléctrico accesible y legal. Entre las más urgentes destacaba la instalación de grupos electrógenos para el abastecimiento a la población y el establecimiento de un marco de actuación conjunta para solucionar el corte de suministro en el corto plazo en los sectores 5 y 6 de la Cañada Real, los principalmente afectados por la falta de electricidad.
Un año después, la solución sigue sin llegar, ni por parte del Gobierno ni de la empresa suministradora de energía, Naturgy. Una situación “grave y preocupante”, en palabras del Defensor del Pueblo que reprocha a los poderes públicos no haber cumplido sus compromisos adquiridos un año atrás.
UNA SITUACIÓN DRAMÁTICA
En su resolución, el Defensor del Pueblo incluye algunas de las dramáticas situaciones que él mismo pudo comprobar in situ durante su visita a la Cañada Real.
-Personas afectadas por enfermedades pulmonares crónicas han empeorado su estado de salud.
-Personas mayores que no pueden tomar su medicación porque de noche, a oscuras, no pueden encontrar sus pastillas.
-Menores en edad escolar que ven vulnerado su derecho fundamental a la educación al no disponer de electricidad para realizar sus tareas tras la puesta del sol y no poder asearse convenientemente (durante la visita realizada a la zona se refirió un incremento del absentismo escolar vinculado a que los menores son objeto de burla por su olor y falta de limpieza).
-Personas electrodependientes privadas de suministro que apenas pueden recargar las baterías de sus equipos sanitarios.
-Ingreso hospitalario de un recién nacido con cianosis debido al frío, dado que los recién nacidos no son capaces de regular su temperatura corporal.
-Caso de una niña ingresada el 15 de diciembre de 2020 en el Hospital Universitario Infanta Leonor por inhalación de monóxido de carbono, debido a que sus padres solo disponían de una estufa de leña como fuente de calor.
El Defensor del Pueblo menciona de manera particular la situación de los menores. “El alto número de menores afectados por los prolongados cortes de suministros, algunos de muy corta edad, amplifica la gravedad de este problema que resulta forzoso considerar como de carácter humanitario. Es, en definitiva, un problema que requiere de una actuación inmediata, orientada a garantizar el derecho a un suministro eléctrico accesible”, afirma.
En la resolución, el Defensor del Pueblo hace un recordatorio de las obligaciones que tiene España respecto a los tratados internacionales suscritos y recoge parte del contenido de la comunicación formulada por los relatores de la ONU:
“Los cortes eléctricos han afectado también de manera negativa la capacidad de los niños y niñas residentes en las zonas afectadas de disfrutar de su derecho a la educación. Debido a la llegada del invierno y los atardeceres más tempranos, resulta imposible realizar tareas escolares en el hogar por las tardes sin iluminación eléctrica. (...) La ausencia de suministro eléctrico y calefacción están provocando frío, humedad y moho en el interior de los hogares y causando la aparición y empeoramiento de infecciones respiratorias y enfermedades respiratorias crónicas como el asma. En el caso de una niña de tres años, los cortes le impiden el uso de un equipo de oxigenoterapia crónica domiciliaria, que requiere durante un mínimo de 15-16 horas al día. El aumento del uso de chimeneas improvisadas, estufas de butano y hogueras para calentar los hogares también incrementa el riesgo de intoxicaciones por monóxido de carbono y el contagio de la Covid-19, al promover el hacinamiento alrededor del fuego de personas no convivientes. La mayoría de viviendas en la Cañada Real Galiana carece de ventilación adecuada. (...)
La falta de refrigeración está afectando la calidad de la alimentación de la infancia residente en Cañada Real Galiana (debido a una menor variedad y a intoxicaciones alimentarias), con un impacto especial en niños y niñas diabéticos. Estos niños necesitan además refrigerar la insulina, e iluminación para poder administrársela por la noche. (...)
Los niños y niñas con discapacidades también están sufriendo el impacto de los cortes de manera específica: por ejemplo, niños y niñas del espectro autista están teniendo dificultades para adaptarse a la falta de luz eléctrica, y niños y niñas que se desplazan en silla de ruedas eléctrica no pueden recargar sus baterías”.
Francisco Fernández Marugán también afea la actuación del Comisionado del Gobierno de la Comunidad de Madrid para la Cañada Real Galiana constituido en 2015 y la falta de cumplimiento de lo acordado en el Pacto Regional suscrito en 2017 por la Administración General del Estado, la Comunidad de Madrid, los ayuntamientos de Coslada, Madrid, y Rivas Vaciamadrid y por los grupos políticos con representación en la Asamblea y que aún no ha resuelto su compromiso de garantizar el suministro de luz. “Las personas que viven en la Cañada Real Galiana deben ver atendido su derecho a contratar el suministro eléctrico y a que no se produzcan cortes”, concluye.
