El marco legal legitima al Ayuntamiento de Pamplona y al Gobierno de Navarra para investigar lo que sucede en las ceremonias de la Hermandad en dicha cripta
La gestión institucional de la memoria, en relación con la cripta de los caídos y la Hermandad de Caballeros Voluntarios de la Cruz, única entidad usufructuaria de dicho espacio por voluntad del obispado de Pamplona y del Ayuntamiento de la ciudad, se ha caracterizado por la indiferencia. El Ayuntamiento, el Parlamento y el Gobierno de Navarra se han colocado de perfil. El primero, volcado en un concurso de ideas para el Monumento a los Caídos, ha hurtado un debate sobre la naturaleza y objetivos simbólicos del mismo.
Anteriormente hemos resaltando cómo el blanqueamiento aparente de sus estatutos actuales resulta evidente con el contenido de la correspondencia mantenida por dirigentes de la Hermandad con procesados por atentar contra símbolos dedicados a las víctimas de la limpieza política de 1936 en Navarra. Aspectos que ratifican la persistencia de los propósitos perseguidos desde su constitución en 1939, evidenciados especialmente con el calendario de actos celebrados en la cripta, el mismo calendario simbólico tradicionalista acuñado en 1939 para perpetuar el espíritu de la Cruzada: el 19 de julio y todos los 19 de cada mes, el día de la Exaltación de la Santa Cruz (14 de septiembre) y los días 10 de marzo (el Día de los Mártires de la Tradición), 3 de mayo (Día de la Invención de la Santa Cruz) y el 1 de noviembre.
Hace unos pocos años, la actitud fue otra. El 5 de febrero de 2015, el pleno del Ayuntamiento de Pamplona aprobó una moción, presentada por los grupos municipales de Geroa Bai, PSN, Bildu y concejales no adscritos de Aralar e I-E, que asumía la solicitud de la Coordinadora de Pueblos por la Memoria sobre la misa anual y las de los 19 de cada mes, celebradas por la Hermandad en la cripta del Monumento. Al considerar esos actos ofensivos a la memoria de los asesinados y víctimas del golpe militar y sus familiares, y contrarios a la normativa sobre memoria histórica de 1936, se pedía que el Ayuntamiento instara al arzobispado, propietario de la Cripta, a frenar “cualquier tipo de celebración, religiosa o de cualquier otra índole, que guarden relación con actos propios del levantamiento golpista de 1936 en la Cripta de su propiedad, sita en el llamado Monumento a los Caídos». Y se pedía que el Ayuntamiento impidiera “el uso de dicha Cripta por parte de la Hermandad de Caballeros Voluntarios de la Cruz, en tanto en cuanto dicha Hermandad persista en celebraciones como las ya relatadas”.
Por las mismas fechas, el Parlamento de Navarra instó al arzobispado a terminar con las misas, con “cualquier tipo de celebración, religiosa o de cualquier otra índole, que guarden relación con actos propios del levantamiento golpista de 1936 en la Cripta de su propiedad, sita en el llamado Monumento a los Caídos”. No hubo respuesta.
La extrañeza aumenta si consideramos que el marco legal legitima al Ayuntamiento de Pamplona y al Gobierno de Navarra para investigar lo que sucede en las ceremonias de la Hermandad en dicha cripta.
En la segunda de las dos modificaciones, registradas hasta ahora en la Ley Foral 33/2013 (y de la que resultó la Ley Foral 16/2018, de 27 de junio, por la que se modifica aquella) se alteró el artículo 11, añadiéndose, entre otros, el punto 6: “el departamento competente de la Administración de la Comunidad Foral y las entidades locales de Navarra, dentro de sus competencias, prevendrán y evitarán la realización de actos públicos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación a las víctimas o sus familiares, exaltación del golpe militar o del franquismo, u homenajes o concesión de distinciones a las personas físicas o jurídicas que apoyaron el golpe militar y la dictadura”.
No solo se realizan misas de conmemoración del franquismo, sino que la carlista Hermandad nunca ha reconocido la existencia de estas víctimas, ni antes ni ahora, y sigue defendiendo, actualmente de forma disimulada, los principios de la Cruzada que produjeron semejante barbarie. A pesar de estas evidencias, no se conocen iniciativas de investigación por parte del Gobierno de Navarra o del Ayuntamiento de Pamplona, sobre esas actividades enaltecedoras del golpismo. Actividades constatadas en 2012 por periodistas que, de incógnito, asistieron a una de las misas.
Recordemos que la resolución del Tribunal Administrativo de Navarra 673/2008, a la par que estrechaba jurídicamente las posibilidades de actuación con el monumento a los Caídos por parte de los poderes públicos, hablaba de las posibilidades de acudir a la vía penal en el caso de comprobarse la existencia de actos enaltecedores.
Refiriéndose a la Ley 52/2007 y a que prohibía actividades de exaltación del franquismo en el Valle de los Caídos, el Tribunal Administrativo de Navarra opinaba que “si el recurrente tiene datos para suponer que dicha Hermandad, o cualquier otra persona que pueda hacer uso de la cripta, está realizando actividades que supongan una exaltación de la violencia, del golpismo, de la guerra o de regímenes totalitarios o autoritarios, deberá acudir a la jurisdicción penal”.
Por otro lado, y relacionado con la indiferencia institucional acerca de la cripta, el responsable del archivo privado de la Hermandad –blog ahorainformación y en la publicación Siempre p'alante–, da informaciones tomadas del mismo sobre miembros de la entidad o de personas que intentaron acceder a ella, algunas emparentadas con políticos ubicados en las últimas décadas en ámbitos opuestos a los defendidos por la Hermandad. Datos que parecen tratar de influir en la opinión o silencio de quienes, emparentados, ostentan cargos públicos o son referentes políticos.
Finalmente, el pasado 25 de octubre, el Parlamento Europeo en una resolución instaba a los Estados miembros “a luchar contra las organizaciones que propaguen discursos de odio y violencia en espacios públicos y a prohibir efectivamente los grupos neofascistas y neonazis y cualquier otra fundación o asociación que exalte y glorifique el nazismo y el fascismo, dentro del respeto del ordenamiento jurídico y la jurisdicción nacionales”. Y abogaba “por una cultura de la memoria común que rechace los crímenes fascistas del pasado” con una “profunda preocupación por el hecho de que las generaciones más jóvenes en Europa y en otros lugares se sientan cada vez menos interesadas por la historia del fascismo, y por tanto corran el riesgo de ser indiferentes ante nuevas amenazas”.
Hasta la fecha, las instituciones navarras, con su comportamiento permisivo hacia las actividades de una organización ultra como la Hermandad de Caballeros Voluntarios de la Cruz, que jamás condenó el genocidio franquista en Navarra, se han hecho cómplices de su existencia. Situación que se evidencia con su silencio ante el juicio a celebrar los días 14 y 15 próximos, contra los documentalistas Carolina Martínez y Clemente Bernad, por denuncia de la Hermandad, que solicita para cada uno dos años y medio de cárcel. Un hecho gravísimo, antidemocrático, ante el que el arzobispado, Gobierno de Navarra, Parlamento y Ayuntamiento de Pamplona callan como quien otorga, por no hablar de jueces y fiscales. ¿Hasta cuándo?
Firman este artículo Fernando Mikelarena, Víctor Moreno, José Ramón Urtasun, Pablo Ibañez, Txema Aranaz, del Ateneo Basilio Lacort
