viernes. 29.03.2024
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Foto: Cárcel Modelo, septiembre 1941. Arxiu Pérez de Rozas | Fotogràfic de Barcelona
 

Con el advenimiento de la II República Española, se crea por Ley, el Patrimonio de la República, en sustitución del Patrimonio Real (Gaceta de Madrid, 24 de marzo de 1932) y la de un Consejo de Administración, para dirigirlo, compuesto por un presidente, un secretario, un Interventor y 12 vocales, bajo la inspección del Ministerio de Hacienda. Firma la Ley, el presidente de la Republica, Niceto Alcalá Zamora y el ministro de Hacienda, el catalán, Jaume Carner. En dicha Ley se excluye a los Reales Patronatos.

En la Gaceta se publica posteriormente la constitución de dicho Consejo de Administración (Gaceta de Madrid de 31 de marzo de 1932), siendo muchos de ellos personalidades vinculadas a la Institución Libre de Enseñanza:

El presidente, Fernando de los Ríos, y los vocales, de sanidad, Dr. Luis Calandre Ibáñez, el arquitecto Bernardo Giner de los Ríos, Rodolfo Llopis por Pedagogía, Ricardo Orueta por Bellas Artes, Cándido Bolívar por Biología, José María de Labra, Julio Caro Baroja, etc. Muchas fueron las actividades llevadas a cabo por este Consejo tan cualificado, pero fue corto el periodo de tiempo. En la Gaceta de Madrid de 23 de mayo de 1936, ya con el Frente Popular en el gobierno, se regula la composición de ese Consejo y se le da la facultad de nombrar a sus vocales y al presidente, según se produzcan las vacantes. Lo firma Manuel Azaña.

Unos meses posteriores, (Gaceta de la República 3 de diciembre de 1936) un Decreto firmado por el ministro de Hacienda, el Dr. Juan Negrín, y ratificado por el presidente Manuel Azaña, desde Barcelona, donde se "suspende" en sus funciones a dicho Consejo de Administración, y se crea la figura del consejero delegado del Gobierno, con el nombramiento de Juan Gómez Egido, que había sido recientemente nombrado Vocal, en representación del pueblo. Pertenecía a la UGT. Posteriormente una orden ministerial fija su relación con el Ministerio de Hacienda (Gaceta de la República del 9/12/1937). La suspensión del Consejo, se explica debido a las circunstancias especiales, ya que muchos de los consejeros, están fuera, o en otras funciones, y algunos de los territorios del Patrimonio, están ocupados.

Urge anular todos los Consejos de Guerra, que fueron contra la legalidad republicana

Nada más finalizar la Guerra Civil, Franco promulga una Ley, desde la Jefatura del Estado (BOE de 17 de junio de 1939) desde Burgos, en donde se cambia el nombre de Patrimonio de la República, por el de Patrimonio Nacional, y se deroga la Ley de Patrimonio de la República de 1932, y el sistema de designación de presidente y Vocales. En otro BOE, el del 23 de julio de 1939, también desde Burgos, promulga una orden, donde se cesa a los consejeros de la República y se nombran a los nuevos consejeros franquistas.

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CONSEJO DE GUERRA SUMARÍSIMO 63961

Inmediatamente, el 24 de agosto de 1939, empiezan las diligencias para juzgar a Luis Calandre Ibáñez, y otros 22 más, que duraría varios años. Parece que la cuestión fue la desaparición de un valioso relicario y otras joyas del Palacio Real (llamado Palacio Nacional durante la República). El sumario tuvo el número 63961.

Afortunadamente, con la vuelta de estos tesoros, el sumario se cerró, sin condena, pero en el caso del Dr. Calandre, al acumularse los varios Consejos de Guerra sumarísimos que tenía, como el 63831, le perjudicó mucho: 

"...Ruego a usted tenga a bien manifestar donde puede encontrarse archivado el sumarísimo 63961 seguido contra Luis Calandre Ibáñez y 22 más al objeto de solicitar se entregue testimonio que solicita el Ministerio Fiscal en otro sumarísimo nº 63831...", firma el teniente coronel Juez, 17 de marzo de 1942.

Ese Consejo de Guerra colectivo, al Consejo del Patrimonio de la República, no tuvo en cuenta que, dicho Consejo fue suspendido, por un Decreto republicano de (gaceta de la República de 3 de diciembre de 1936). De nuevo vemos ninguneada la legalidad republicana.

Toda esta historia, no solo no se cuenta en la página del actual Patrimonio Nacional (organismo que depende del Ministerio de Presidencia, Relación con las Cortes y Memoria Democrática), en la sección dedicada a su historia, sino que falsea esa historia, al poner: "…Patrimonio de la República, pasó al nombre actual de Patrimonio Nacional por Ley de 1940..."

Pero no es así, ya vimos que fue la Ley de 1939, la que lo cambio, pues la Ley franquista de 1940 (BOE 8 de marzo de 1940), lo que hace es volver a incluir en el Patrimonio franquista a las Reales Patronatos que habían sido excluidos del Patrimonio de la República, y que estaban anteriormente en el Patrimonio Real.

Urge anular todos los Consejos de Guerra, que fueron contra la legalidad republicana, y obligar a que la WEB de Patrimonio Nacional, explique la historia de ese organismo a la ciudadanía. 

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Consejo de guerra sumarísimo número 63961, contra Luis Calandre Ibáñez y 22 personas más