Recientemente, se presentó el 21 de abril del 2020, en el Senado esta proposición de Ley por parte del Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal.
Hace tiempo que las entidades de memoria histórica vienen reclamando esta ley, que reconoce a los represaliados por oponerse al golpe de estado de 1936 y de la dictadura franquista como víctimas. Como nos explican en el preámbulo:
“La negativa por parte del Estado español a anular la sentencias franquistas en nombre de la supuesta seguridad jurídica, supone la asunción de su plena responsabilidad de las consecuencias de la legislación represiva del franquismo. El hecho inconcebible de que el Estado de derecho no se haya sustentado en la ruptura legal con el franquismo y que todas las sentencias represivas franquistas sigan firmes y legales al día de hoy, supone el reconocimiento explícito de su responsabilidad en los abusos cometidos por la dictadura franquista…”
Normativa ilegal que va contra la legalidad de la Constitución de la II República, pues en noviembre de 1936 ya había unos tribunales, los republicanos, que actuaban en la ciudad de Madrid que seguía bajo la legalidad republicana, hasta el final de la guerra
Un claro ejemplo de lo anterior son los dos consejos de guerra sumarísimos que padeció mi abuelo, el eminente doctor Luis Calandre Ibañez, como he explicado en numerosas ocasiones, y que intente anular ante la sala de lo penal del Tribunal Supremo.
Parecería un poco extemporáneo todo este tema, dentro de la trágica epidemia producida por el coronavirus que nos asola, pero aunque la ley no ha sido difundida por los medios, me parece oportuno recordar que el Estado español, se ha mostrado como un Estado fallido, y esto hay que ir a buscarlo al año 1936, cuando el golpe militar contra la legalidad de la II República, venció, gracias a la ayuda nazifascista, y hasta el dÍa se muestra imposible gestionar la epidemia desde un Estado de las autonomías, fallido, como estamos comprobando.
La clave de bóveda, es la monarquía, que dio lugar a la Constitución de 1978, alrededor de la cual se agruparon los grupos de poder, herederos directos del franquismo, actualmente representados por Vox, PP y Ciudadanos.
Por eso todas estas leyes de memoria histórica que cuestionan la legalidad del franquismo, todavía vigente, a través de la Monarquía, son rechazadas por casi todos los partidos políticos, autollamados “constitucionalistas “.
Solo la Ley 52/2007 fue aprobada hace más de diez años, porque tuvo mucho cuidado en no cuestionar la legalidad franquista (la cuestión de la seguridad jurídica).
Es Título I de la actual proposición de Ley trata específicamente de la nulidad de las sentencias franquistas, que desarrolla en el artículo 5, en donde se declara la nulidad de pleno derecho de todas las acciones legales de carácter represivo del régimen franquista.
La ley es muy extensa y pormenorizada, pero quiero detenerme en la disposición derogatoria, que nos dice: “quedan derogados aquellos puntos de la Ley 52/ 2007 que sean modificados por esta Ley, dejando en vigor aquellos aquí no reflejados“.
Sería el caso del Decreto del general Franco, numero 55 de 1 de noviembre de 1936, en donde se crean en la plaza de Madrid ocho Consejos de guerra...”
Normativa ilegal que va contra la legalidad de la Constitución de la II República, pues en noviembre de 1936 ya había unos tribunales, los republicanos, que actuaban en la ciudad de Madrid que seguía bajo la legalidad republicana, hasta el final de la guerra, en abril de 1939.
Estos ocho Consejos de Guerra, nada más finalizar la guerra civil, llevaron a cabo miles de sentencias en sumarísimos, condenando a muerte, como es el caso de los asesinados en el cementerio del Este de Madrid.
Al doctor Luis Calandre Ibañez, también se le aplico y dos veces, una por los franquistas (1940), y luego en el recurso de reposición que solicite al Tribunal Supremo, donde vuelven a dar como legal ese decreto, y no cuestionarlo.
