@Montagut5 | Este trabajo aborda la denuncia que Emiliano Martín Aguilera realizó desde las páginas del diario socialista en relación con el escaso presupuesto asignado para la conservación del patrimonio artístico español en los Presupuestos Generales del año 1932.
En tiempos de la República El Socialista dedicó un considerable espacio a la divulgación cultural, la historia y el arte, con artículos de efemérides, crítica de espectáculos y cine, además de otros dedicados a la crítica literaria con reseñas de obras publicadas, y, por fin, crítica artística. En este campo se destacaron algunos miembros del Partido Socialista, y, entre ellos, sin lugar a dudas, encontramos a Emiliano Martín Aguilera, abogado y crítico de literatura y arte, muy activo entre las Juventudes Socialistas, miembro de la Agrupación Socialista Madrileña, colaborador en El Heraldo de Madrid, miembro del Patronato del Museo Municipal de Madrid, y un incansable redactor del periódico socialista. De regreso del exilio se dedicó con fruición a publicar en Editorial Iberia un número considerable de libros de pintores, y estudios introductorios de autores literarios. Aguilera fue un socialista que puso su enorme capacidad de trabajo al servicio de la difusión de la cultura, y que merece un estudio monográfico. A lo sumo, contamos con un artículo de Andrés Saborit, que publicó a su muerte en 1975 en Le Noveau Socialiste (31/10/1975), y lo que nos cuenta el Diccionario Biográfico del Socialismo Español.
Martín Aguilera dedicó un artículo al comenzar el año 1933 sobre el presupuesto asignado a la conservación de los monumentos nacionales, quejándose de la partida asignada para esta cuestión, y que se elevaba a tres millones de pesetas. El escritor socialista avisaba que en tiempos de Alfonso XIII, cuando los denominados monumentos nacionales se elevaban a más de trescientos se presupuestó cinco millones. La República se había preocupado de triplicar el catálogo de este patrimonio, publicado recientemente por la Dirección General de Bellas Artes, pero la cantidad era no sólo mayor, sino sensiblemente inferior.
El columnista estaba seguro que Fernando de los Ríos, a la sazón ministro de Instrucción Pública, máximo responsable en esta materia, no estaría satisfecho con esta situación, ni tampoco el director de Bellas Artes, pero las Cortes no habían aumentado la partida. Martín Aguilera era un experto conocedor de la situación de muchos monumentos, que necesitaban intervenciones urgentes. El dinero asignado debía ser aplicado nada más que para intentar que no se vinieran abajo algunos monumentos.
La Segunda República hizo un esfuerzo legal evidente para la defensa del patrimonio histórico y artístico, al incluirla en la Constitución, y elevando cuantiosamente el número de monumentos y obras a proteger
Los monumentos españoles estaban en serio peligro. El artículo 45 de la Constitución establecía que toda la riqueza artística e histórica del país, fuera quien fuera su dueño, constituía el tesoro cultural de España. El Estado tendría la obligación de salvaguardarlo, prohibiendo exportaciones y enajenaciones del mismo, así como de decretar las expropiaciones que estimase oportunas para su defensa. El Estado debía organizar un registro de la riqueza artística e histórica, asegurando celosamente su custodia, y tendría que atender a su conservación. Este artículo, en realidad, supone toda una conquista en la historia del constitucionalismo español y europeo, porque elevaba al rango de la máxima ley del país la necesidad de proteger su patrimonio histórico y artístico. Pero con ese presupuesto no se garantizaba o salvaguardaba, según nuestro protagonista, el reconocimiento constitucional.
Martín Aguilera aludía para terminar al lamentable estado de la Torre de los Lujanes en la Plaza de la Villa madrileña frente al Ayuntamiento que amenazaba con venirse abajo cualquier día, porque no se contaba con las 150.000 pesetas necesarias para las obras.
Como vemos, la Segunda República hizo un esfuerzo legal evidente para la defensa del patrimonio histórico y artístico, al incluirla en la Constitución, y elevando cuantiosamente el número de monumentos y obras a proteger, pero los evidentes problemas económicos pesaron como una losa, y había otras prioridades.
Hemos consultado el número 7461 de El Socialista, del día 4 de enero de 1933.
