Hay que tener mucho cuidado con las denuncias que se hacen basadas, exclusivamente, en hechos sospechosos. Muchas veces, la pistola humeante en manos de alguien al lado de un muerto no es lo que parece.
Hago esta reflexión al hilo de la revelación de que el Barcelona Club de Futbol había tenido a sueldo al vicepresidente del Comité de Árbitros durante, tres temporadas, de 2016 a 2018. Lo cual ha llevado al ex presidente pagador de ese club a decir que, en realidad, eso de pagar a árbitros se estaba haciendo desde 2003. Otras informaciones extienden los pagos hasta 2001. Por ahora no se llega hasta la fundación del club. Solo se queda en dos décadas.
Pues bien, inmediatamente se ha extendido la sospecha de que dichos pagos están asociados a una supuesta beneficencia arbitral a favor de la causa culé. Si eso fuera así, la decepción entre los aficionados al futbol, entre los que me encuentro, sería superior a la del día en que nos enteramos de que no existían los Reyes Magos. A partir de ahí, ni VAR ni nada. Sería imposible fiarse del arbitraje español y habría que ir pensando en pedir a la ONU que nos enviaran cascos azules como fuerzas de interposición neutrales para la Liga española.
Menos mal que la Federación Española de Futbol tiene un Departamento de Integridad y Seguridad que está estudiando los hechos. Las primeras informaciones hablaban de que "parece difícil que haya sanciones disciplinarias para el Barcelona salvo que se demuestren, con pruebas concretas, ayudas arbitrales a la entidad culé" (AS del 15-feb-2023). Tal como se desprende del artículo 24 de la Constitución Española de 1978, todos somos inocentes hasta que dejamos de serlo y, eso, se produce cuando se demuestra que somos culpables. Desde la Liga, y por si acaso, ya se ha dicho que los delitos han prescrito, deportivamente hablando.
Y, es que, como decía al principio, la mera apariencia de un hecho probado no sirve para empañar la inocente inocencia de un inocente. Hace falta probar la relación inequívoca de ese hecho con otro, ese sí, delictivo o pecaminoso. O sea, hay que pillar al presunto con las manos en la masa.
Yo conocí un caso que ejemplifica eso mismo en el ámbito judicial. Resulta que el hermano de un alcalde de la localidad madrileña de Venturada denunció a su hermano por una adjudicación irregular de obras a una determinada empresa. Y resulta que esa determinada empresa pertenecía a un grupo de otras en las que había una que había contratado un servicio a la empresa en la que el alcalde y su hermano eran socios. Pues bien, el denunciante decía que ese servicio era inexistente y, por él, la empresa adjudicataria había hecho un pago el mismo día de aquella denunciada adjudicación irregular. En fin, una especie de ingeniería financiera, pero de pueblo.
Con esa información, y algunas pruebas documentales de esos hechos, el hermano del alcalde adjudicador presentó una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Madrid, quien la acogió con la referencia 107/2008. Después de, hay que imaginar, una concienzuda investigación, la susodicha Fiscalía dictaminó que ambos hechos, la presunta adjudicación irregular y los pagos a una empresa asociada al adjudicatario, no estaban conectados a pesar de las coincidencias. Por lo cual, archivó el caso. El dicho documento de archivo se hizo mediante un decreto del teniente fiscal don Emilio Valerio Martinez de Muniain, ese fiscal que, años más tarde, fue expulsado de la carrera judicial por “el ejercicio de cualquiera de las actividades incompatibles con el cargo de Fiscal”, como puede verse en el BOE de 2 de marzo de 2017.
Pero también en el ámbito de la política predomina el criterio de la presunción de inocencia, quizás comonopodíaserdeotraforma. De ese caso del alcalde de Venturada, yo mismo di cuenta al secretario general de su partido en Madrid suministrándole los documentos correspondientes. Sin embargo, eso no evitó que ese alcalde volviera a ser presentado encabezando la lista de su partido en las siguientes elecciones municipales, las de 2011.
Por supuesto, de todo lo que antecede, conservo todavía toda esa documentación a la que me refiero, lo que certifica la veracidad de los hechos relatados. Me interesan mucho menos los nombres propios concretos, por lo que no los cito, que los hechos homologables a eso de que unos actos, comprobados, no se puedan conectar con unas supuestas consecuencias de los mismos por muy evidentes que puedan parecer esas conexiones.
Porque el que por el humo se pueda saber dónde está el fuego, solo vale para la zarzuela, pero no siempre para la vida real. Y, además, no siempre se quema alguien.
Ahora que, oler, huele que apesta.
