jueves 14.11.2019
La ley de la memoria histórica ni los mencionaba

Canarias tramita ya la primera ley de niños robados de España

Después de dos años de trabajo, las asociaciones de víctimas en Canarias ven cumplido su objetivo.

Canarias tramita ya la primera ley de niños robados de España

Con el visto bueno inicial del Gobierno de Canarias con el que se han venido manteniendo distintas reuniones el parlamento autonómico se ha convertido ahora en la primera comunidad autónoma de España en tramitar una ley específica de niños robados. La ley de la memoria histórica de 2007 ni los mencionaba, y ninguna otra comunidad había planteado hasta ahora una ley específica con medidas de búsqueda concretas de niños robados.

El texto, al que ha tenido acceso Nuevatribuna en su totalidad, sigue las mismas medidas planteadas por las Abuelas de Mayo en Argentina y no podía ser más ambicioso en sus dos ejes: la creación por dicha ley de una Comisión paritaria entre administraciones y afectados por el Derecho a la Identidad (la COCADI, o Comisión Canaria por el Derecho a la Identidad) y la creación, en el seno de la policía autonómica canaria, de una Unidad Especial de Policía para búsqueda de menores sometidos a desaparición forzada infantil y compra-venta de seres humanos.

PROCESO DE BÚSQUEDA

Todo el proceso de búsqueda, expediente a expediente de cada víctima, sería impulsado y supervisado desde la COCADI en la que las víctimas tendrían garantizada una fuerte presencia y número de votos, igualados seis a seis con el conjunto de administraciones públicas en las islas (Presidencia del Gobierno de Canarias, Delegado del Gobierno, Canildos insulares, policía canaria, etc) y bajo la presidencia y voto de calidad del Diputado del Común o Defensor del Pueblo de Canarias.

Al igual que en el modelo argentino, el trabajo e investigación de campo, que la COCADI controlarÍa en su evolución en sus sucesivas reuniones, la nueva unidad especial de niños robados de la Policía autonómica canaria, en lo que sería una unidad especial dotada con entre 4 y 6 agentes, y con potestad de intervenir ante toda administración o archivo público o privado en Canarias, y de establecer todo mecanismo de cooperación policial con otras policías del resto de España o de fuera del paÍs, en los casos de niños robados vendidos al extranjero.

Algo que los presidentes de los Colectivos Sin Indentidad de Tenerife y Gran Canaria, Raul Rodríguez Carrillo y Begoña Ramos Vera, y la presidenta de la asociación AVIDNA, Ana Cueto Eizaguirre, impulsores de la pionera proposiciÓn de ley, no han dudado en calificar como "esperanzador" y un nuevo "paso adelante" inédito en España, que ahora habrá que seguir apoyando en el Parlamento canario, donde la proposición de ley ya se tramita, y después desde el trabajo del día a día de la Comisión donde la propia proposición de ley reconoce que se integrarían seis representantes de estos colectivos.

"Hemos trabajado mucho para llegar hasta aquí, para, ahora, tener que trabajar todavía más, que es exactamente lo que seguiremos haciendo de forma seria y planificada, y contando con el mejor asesoramiento" ha señalado Raúl Rodríguez, en referencia a Francisco González de Tena, investigador y sociólogo, y Miguel Ángel Rodríguez Arias, abogado especializado en derechos humanos y Derecho penal internacional, reconocidos expertos en la materia y autores de numerosos estudios y publicaciones desde hace una década. Este último fue, además, el autor en 2008 del libro "El caso de los niños perdidos del franquismo: crimen contra la humanidad" el primer estudio jurídico de España que fundamentó la lesa humanidad y en el que se basó el Juez Baltasar Garzón en su segundo auto del franquismo al incluir los casos de niños robados.

OTRAS INICIATIVAS

La iniciativa se mueve ahora partiendo de un clima político muy favorable que se ha ido construyendo primero como base durante dos años de trabajo previo, lo que cristalizó ya en la primera PNL, proposición no de ley, de 25 de mayo de 2016 del parlamento canario que fraguó ya un primer consenso de todas las fuerzas que la impulsaron conjuntamente desde el principio y reconociendo claramente, por primera vez en España, el carácter de estos crímenes como de "lesa humanidad" y se vio reforzado por dos nuevos posicionamientos conjuntamente impulsados por el Cabildo de Tenerife, el 24 de junio de 2016 y por el Cabildo de Gran Canaria el 28 de octubre, que ha sido, además, la primera institución española en pedir perdón a los niños robados de la isla hasta donde alcanzan los casos conocidos en 1982.

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