Cuando la Organización Mundial de la Salud, en adelante OMS, hace referencia a la cantidad de profesionales por número determinado de habitantes, lo que conocemos por ratio, no lo hace por capricho, es del todo comprensible que se necesite una cantidad mínima de “algo” para “algo”. Llevándonos esos “algo” al ámbito sanitario, deduciremos una cantidad mínima de profesionales dedicados a la sanidad por una cantidad de habitantes.
Actualmente me encuentro realizando un estudio acerca de la interrupción voluntaria del embarazo –aborto-, del que me aventuraré a escribir cuando el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid responda a las preguntas formuladas, esperando que esta vez lo haga verazmente, y no como en anteriores ocasiones. Este estudio me ha llevado a este pre-artículo al que he creído importante dar visibilidad de mientras, viendo que la opacidad con la que se tratan asuntos que debieran ser de total transparencia para la ciudadanía roza la ilegalidad, y digo roza ya que al no tener estudios de derecho desconozco si es así, aunque pongo la mano en el fuego que seguramente no roce, sino que traspase todas las líneas rojas que presumiblemente tendrían que ser sancionadas de un modo u otro, en esto que llaman democracia plena y consolidada, estado de derecho, y blablablá…
La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid desarrolló entre 2004 y 2007 un ambicioso programa para la construcción de 7 hospitales simultáneos bajo modelo de colaboración público privada (PPP). La gestión de los 7 contratos de concesión en sus 28 años de explotación fue diseñada bajo un organismo dependiente llamado Unided Técnica de Control que presta soporte técnico, financiero y legal a la Comunidad en la gestión de esos contratos.
La Comunidad de Madrid, tal y como reflejan tanto la web del Ministerio de Sanidad como la de la propia CA, dispone de un total de 37 hospitales. Desglosando estos hospitales por sus características de gestión, nos encontramos hospitales 100% públicos y hospitales públicos de gestión privada. Dentro de estos últimos existe otra subdivisión, los hospitales PPP, por sus siglas del inglés Public–Private Partnership, y los PFI, Private Finance Initiative. Para entendernos mejor, unos son gestión privada 100% y otros compartida, adentrándonos un poco más en materia ahora que hemos calentado, para los PFI se convoca un concurso para la concesión de obra pública para la construcción y explotación del Hospital, y para los PPP se convoca un concurso para la adjudicación del contrato de gestión de servicios públicos, modalidad concesión, de la asistencia sanitaria especializada del Hospital. Abreviando para que no se me líen, en los hospitales PFI la empresa o empresas privadas adjudicatarias construyen y contratan los servicios externalizados como puedan ser cafetería, lavandería o parking, y en los hospitales PPP, la empresa o empresas adjudicatarias gestionan el hospital en su totalidad, incluyendo el personal sanitario.
En pleno siglo XXI, en un país democrático, en un Estado de Derecho, con unas instituciones que velan porque sus ciudadanas posean una salud y unos servicios públicos que garanticen esta, y teniendo en cuenta que la OMS al hablar de cantidad de profesionales de la salud utilice los “ratios”, lo lógico sería que cuando las instituciones competentes firmen contratos con empresas privadas, de algún modo obliguen a estas a cumplir unos mínimos aceptables, pues siento decirles que no es así.
Si nos vamos a los pliegos de prescripciones técnicas, o a los pliegos de cláusulas administrativas que la Comunidad de Madrid redacta para el contrato con empresas privadas, no encontraremos en ningún párrafo la palabra ratio, ni encontraremos una cifra mínima de personal sanitario contratado para los efectos, solo podremos leer cantidad de unidades asistenciales, siendo las unidades asistenciales no el personal dedicado, sino el entorno dedicado a tales efectos, es decir, cuando la CAM contrata sí que anota, por ejemplo, de cuantos quirófanos tiene que disponer un hospital, pero nunca de cuantos cirujanos, curiosa falta de exigencias, cuando sí se obtienen puntos por parte de la empresa si dichos quirófanos se encuentran cerca de la zona de urgencias o no, o cuando sí se es explícito a la hora de redactar que se disponga de plazas reservadas en los parking, parking por los que los que la empresa privada cobra a quienes hagan uso de estos, estando estos en suelo público y pagada la construcción de estos con dinero público, del mismo modo que nos cobran por ver la televisión pública en una habitación de un hospital público en la que nos encontremos ingresados.
Estos pliegos, que tendríamos que buscarnos la vida para conseguirlos, si siguen de cerca a Audita Sanidad les será más fácil encontrar cierta información, en teoría son documentos públicos al alcance de cualquier ciudadana de a pie, pues tampoco. Si nos adentramos en la web de la Comunidad de Madrid, apartado de hospitales y pinchamos, por ejemplo en el Hospital Rey Juan Carlos, no es casualidad que todo lo que gira en torno a ese nombre huela a corrupción, al llegar al apartado de transparencia para intentar ver los pliegos anteriormente citados, si pinchan ustedes en el pliego, tratrá, les devuelve de nuevo al inicio de la web propia del hospital.
No queriendo centrarme en la opacidad de todo este entramado, mediante de forma “legal”, se vulnera de manera flagrante nuestro derecho a la salud, sí que me gustaría que se quedasen con una serie de datos de solo uno de los ejemplos de los 37 hospitales de Madrid.
El Hospital de Villalba, es de los denominados PPP, de los públicos gestionados al 100% de manera privada, quien gestiona es Quirón Salud para ser exactos, si ustedes piden información al portal de transparencia de la CAM, les dirán, como me han contestado a mí, que no tienen esa información al ser datos de empresas privadas, esto fue lo que como dije al principio me hacía sospechar, ni tienen esa información, ni la quieren, y lo más grave de todo, tampoco la exigen. El citado hospital, según pliego de prescripciones técnicas, tiene que atender a la población de los municipios de Collado Villalba, Alpedrete, Moralzarzal, Cercedilla, Los Molinos, Becerril de la Sierra y Collado Mediano. Según los datos de 2020 del INE, estos municipios madrileños suman un total de 117.421 habitantes, 117.421 habitantes a los que la Comunidad de Madrid no les garantiza disponer de un cirujano, por poner un ejemplo dentro de todas las especialidades médicas, en su hospital ya que, no ha exigido a la hora del contrato con la empresa adjudicataria que se contraten cirujanos, pero sí que el hospital disponga de quirófano, curiosamente en los pliegos sí que se redacta una cantidad económica en forma de “prima” que percibirá la empresa por cantidad de habitantes, hagan uso o no del hospital.
Y hasta aquí, lo que Antón Losada y Angels Barceló llaman colaboración público-privada, que mejor podemos llamar “como hacer insultantemente multimillonarias a empresas privadas a través de dinero público, ofrezcan servicio, o no”, la Unión Europea acaba de anunciar la obligación de la Comunidad de Madrid de “aflorar” más de 900 millones de deuda acumulada hasta 2019 con los hospitales privados.
“Primero chupáis la sangre a los trabajadores y luego practicáis con ellos autocomplaciente filantropía, presentándoos ante el mundo como benefactores de la humanidad cuando dais a las víctimas una centésima parte de lo que en realidad les pertenece». Friedrich Engels
Por cierto, una de las cláusulas del contrato dice que “se realizaran periódicamente encuestas de satisfacción a los pacientes y al personal que preste servicio”, si no le han hecho ninguna, puede que sea el momento de saturar el sistema ejerciendo nuestro derecho a quejas y reclamaciones por escrito, registradas y firmadas, aquí pueden hacerlo.
