@carlosbravofdez | Por segunda vez en 15 días, el Gobierno anuncia una medida de mejora de pensiones causadas a partir del 1 de enero de 2016 para mujeres que hayan cotizado al menos 15 años en España y hayan tenido dos o más hijos.
Ya lo hizo en plena campaña electoral, en el marco del Plan Integral de Apoyo a la Familia que presentó entonces, anunciando que remitiría esta medida para su debate a la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo y a las organizaciones sindicales y empresariales para abordarla también en el ámbito del Diálogo Social en materia de pensiones.
Ahora, sin que se hayan producido, ni la remisión al Congreso de los Diputados, ni la convocatoria de los interlocutores sociales, vuelve a anunciar la misma medida.
En su fundamentación combina dos elementos: impulsar la natalidad, y reducir las diferencias de género en el sistema de pensiones. Sin duda, sería bueno que en ambos casos nuestra situación fuera mejor.
Respecto al primero, la tasa de natalidad actual es de las más bajas del mundo (1,27) y no ayuda, junto con la inmigración, el otro gran factor de reequilibrio demográfico del que el Gobierno no habla, a abordar el reto demográfico que este país tiene. Sin embargo, su eficacia es más que dudosa. Cuando se necesitan medidas que permitan que la voluntad y el hecho de tener hijos se acompasen, (todos los estudios apuntan que se tienen menos hijos de los deseados, al ser una decisión que exige recursos y dedicación), y sirvan para aumentar la natalidad es en los momentos en que se tienen los hijos. Para ello, se precisa inversión en infraestructuras para niños de 0-3 años, un sistema efectivo y justo de ayudas a todo tipo de familias, facilidades para la adopción cuando se desea, medidas efectivas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, entre otras muchas.
En relación con la reducción del impacto de género en nuestros sistemas de protección social, es evidente que la medida ayudará a reducirlo, pero de manera insuficiente y algo injusta. ¿Por qué se aplicaría a las mujeres que inicien el cobro de sus pensiones a partir del año próximo y no a los millones de mujeres que ya son pensionistas, han tenido hijos y podrían ver también mejoradas sus prestaciones? Evidentemente por razones de coste. Se busca una medida de efecto, pero con impacto económico limitado.
Por otra parte, la brecha salarial procede del mercado de trabajo, de la feminización del contrato a tiempo parcial (hoy un 70% de mujeres), del techo de cristal que impide la misma promoción profesional para hombres que para mujeres, entre otras, afectando a la generalidad de las mujeres trabajadoras, no sólo a las que han tenido hijos aunque, sin duda, lo padecen de forma más intensa.
A ello, habrá que sumar los efectos de la actual devaluación salarial que, aún afectando al conjunto del mercado laboral, tiene un impacto extraordinario en las nuevas contrataciones y, entre ellas sin duda, las de las personas jóvenes.
Por último, el Gobierno anuncia una medida correctora de las desigualdades de género, pero una vez más, no la financia. Se pagará con las cotizaciones de los activos, aumentando el actual déficit de la Seguridad Social y cargándolo sobre el Fondo de Reserva y las cotizaciones de la población activa, dejando al margen de la financiación de esta medida de política general a las rentas de capital, del patrimonio,..., lo que ocurriría, al menos en lo que estas rentas significan sobre la totalidad de los ingresos fiscales, si una medida de corrección como esta fuera financiada con transferencias del Estado procedentes de la imposición general.
En resumen, una iniciativa que mejorará las pensiones de una parte, hoy pequeña, de las futuras mujeres pensionistas, pero que vuelve a ser, especialmente, una decisión aislada, parcial, que utiliza el sistema de Seguridad Social para financiar objetivos de corto plazo y utilización electoral.
Al tiempo, se evita abordar de forma profunda e integral dos grandes cuestiones sociales: de un lado, actuar sobre el conjunto de elementos que determinan las diferencias de género en el mercado de trabajo, en las políticas de apoyo a la familia y en los sistemas de protección social.
De otro, una de las prioridades que ha de atender nuestro actual sistema de Seguridad Social, reforzar el sistema de ingresos de la Seguridad Social. Desde el mercado de trabajo, por supuesto y, adicionalmente, desde las ya hoy necesarias fuentes de financiación complementarias, cuya necesidad se ha adelantado más de una década a causa de la actual crisis económica y de las políticas desarrolladas para afrontarla. Esas dos vías de financiación deben fortalecerse cuanto antes para garantizar ingresos suficientes en los próximos 40 años, el periodo de mayor exigencia demográfica en materia de pensiones, que después descenderá, no lo olvidemos, como consecuencia, precisamente, del descenso de la natalidad en España desde finales de los años 70 del siglo pasado.
Carlos Bravo Fernández | Secretario de Protección Social y Políticas Públicas
Confederación Sindical de CCOO
