jueves. 28.03.2024
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Una cuestión central es la participación social y profesional en el control y la gestión del sistema sanitario, porque solo así se consigue que el sistema sanitario sea vivido como propio por sus trabajadores y la ciudadanía, y evita que se convierta en algo ajeno a la propia sociedad

En un momento en el que se acercan las elecciones autonómicas y generales y en el que se esta viviendo una profunda crisis de la Sanidad Pública, que esta siendo sometida a un proceso de recortes, deterioro, desmantelamiento y privatizaciones, parece necesario hacer una reflexión sobre la encrucijada en que se encuentra la Sanidad Pública y las alternativas que existen para afrontar un problema, que no es solo de este país, sino además de los países de la UE y a nivel global.

En primer lugar debemos tener en cuenta que aunque todos los estados se plantean la cuestión del bienestar social, existen muchas aproximaciones al tema que tienen que ver con las posiciones ideológicas de cada gobierno y el lugar que ocupa la sanidad y/o la salud en las políticas concretas, siendo fundamental la capacidad que tenga de influencia estas posiciones ideológicas sobre las políticas a llevar a cabo, lo que podríamos definir como la voluntad política. Otra cuestión fundamental es el peso especifico que se de a las tres fuentes en que se desarrollar históricamente la provisión del bienestar (familia, mercado, estado).

De todas maneras hay que ser conscientes de que toda política social se basa en valores (para cazar ratones puede que no tenga importancia el color del gato, pero no sucede así a la hora de desarrollar políticas sociales como demuestra la experiencia), así como que no existe una política social “técnicamente correcta”, porque esta se encuentra siempre condicionada por los planteamientos ideológicos previos (hay muchas diferencias entre planteamientos progresistas y neoliberales), y a su vez la magnitud de la pobreza y de las desigualdades son el punto de partida y el resultado de las políticas que se hacen.   

Los estados sociales y democráticos, como en teoría es el nuestro, son los garantes de los derechos sociales y deben de asegurar una redistribución de la riqueza de la sociedad, y para ello abordar una política integral mediante políticas activas de recaudación y de empleo, garantizando beneficios y servicios sociales amplios (en calidad, cobertura y cantidad), y precisamente por ello deben de plantearse una actuación decidida sobre la determinación social de la salud y la enfermedad.

Como es obvio el sector de la salud es una pieza clave de las políticas sociales a la que pueden aplicarse las consideraciones anteriores, pero además tiene una serie de características especiales que deben de tenerse en cuenta. Existe una gran complejidad del sistema sanitario relacionada con las siguientes cuestiones: tiene un gran componente científico-técnico de contenido complejo y muy especializado lo que fácilmente lo convierte en un tema en manos de los “expertos” que con frecuencia tratan  de imponer sus criterios como verdades absolutas sin tener en cuenta el contexto político, económico y social en que se desenvuelven, y que en muchas ocasiones han desarrollado un concepto de “buena medicina” como utilización intensiva y frecuentemente inapropiada de tecnología, medicamentos de ultima generación, etc, es decir fomentando un entorno de medicalización de la vida. Esta misma visión favorece una expectativa de resultados en el corto plazo sin considerar los problemas que estas actuaciones presentan en el medio y largo plazo (por ejemplo el efecto nocivo de las radiaciones, las resistencias microbianas, etc)

Por eso existen muchas dificultades para poner en marcha políticas de salud, dificultades que están condicionadas porque el sistema sanitario con frecuencia se concibe mas como un ámbito de consumo que como un espacio de derechos de ciudadanía. Por otro lado es un sector muy ambicionado por los negocios (frecuentemente se necesitan inversiones muy cuantiosas, puede haber una rentabilidad elevada, etc), lo que produce frecuentes interferencias de los intereses privados con el poder político y favorece fenómenos de corrupción.

En este entorno el papel del estado debe de definirse en la búsqueda de legitimidad y hegemonía, mediante la garantía  de satisfacción de las necesidades de salud, el reconocimiento y la garantía  del derecho y la universalidad, porque el derecho a la salud es un derecho humano básico, la concreción de la solidaridad social ( el sistema sanitario público es el esfuerzo solidario de las personas con mas medios económicos y mas salud para con los que tienen una pero situación económica y están enfermos) y de provisión pública como la mejor manera, la mas eficaz y eficiente, de garantizar el derecho a la salud.

Conviene no olvidar que los sistemas sanitarios están sometidos a importantes tensiones que hay que ser capaces de superar dándoles una salida creativa. En primer lugar es obvio que se encuentran en competencia con otros servicios y objetivos sociales (la capacidad presupuestaria, incluso en un entorno óptimo, es limitada, y los fondos destinados al sistema sanitario no van a otras necesidades sociales: educación, pensiones, desempleo, etc).  Además la Sanidad esa sometida a una gran lucha ideológico – política, siendo uno de los escenarios claves donde se juega la legitimación de una política progresista. Una dificultad añadida es la necesidad de la toma de decisiones a corto plazo, a veces con la coartada de un supuesto soporte técnico-científico, que pueden contravenir los objetivos estratégicos del sistema de salud.    

Como ya se ha dicho uno de los problemas de las políticas de salud es su enfrentamiento con los potentes poderes económicos presentes en el sector (empresas de tecnología médica, las multinacionales de la farmacia, las aseguradoras privadas y las empresas de provisión sanitaria). Por eso es fundamental una estrategia para desplazar la presencia mayoritaria del sector privado, fortaleciendo y ampliando la capacidad de la Sanidad Pública, desvelando la relación de determinada manera de entender la medicina con los beneficios empresariales y la iatrogenia (fomentando las desmedicalización), evitando la derivación de los recursos públicos hacia el sector privado, rechazando los modelos de aseguramiento privado financiados y/o favorecidos con recursos públicos, luchando contra la imposición de “paquetes básicos” de cobertura pensados para favorecer seguros complementarios, y evitando los seguros privados como “prestación laboral” sobre todo en el sector público (modelo MUFACE).

Una cuestión central es la participación social y profesional en el control y la gestión del sistema sanitario, porque solo así se consigue que el sistema sanitario sea vivido como propio por sus trabajadores y la ciudadanía, y evita que se convierta en algo ajeno a la propia sociedad, y la utilización de sus recursos con otros fines (despilfarro, corrupción, etc). Los tiempos del despotismo ilustrado pasaron hace tiempo  y la participación tiene que ser un componente básico de la gestión de un servicio públicos en una sociedad democrática.

Ahora que nos estamos planteando un cambio en la política sanitaria, deberían de tenerse en cuenta estas cuestiones a la hora de elaborar alternativas que nos permitan avanzar, no solo en la recuperación de un sistema sanitario público universal y de calidad, sino además para garantizar su mejora y consolidación.

La sanidad pública en la encrucijada. Algunas reflexiones hacia el futuro