viernes. 29.03.2024
ANTE LAS ELECCIONES EUROPEAS

Rechazar las privatizaciones obliga a no votar a los responsables del deterioro de la Sanidad Pública

La construcción de la Unión Europea apuntaba a acabar con las fronteras entre los países europeos, para crear un espacio económico y social común y cohesionado, en el que los ciudadanos deberían tener garantizados unos derechos políticos y sociales comunes.

La construcción de la Unión Europea apuntaba a acabar con las fronteras entre los países europeos, para crear un espacio económico y social común y cohesionado, en el que los ciudadanos deberían tener garantizados unos derechos políticos y sociales comunes.

El eje económico de esta estrategia, de orientación neoliberal, se ha cumplido a rajatabla obligando a los gobiernos a reducir gasto social, reformar el mercado eliminando derechos laborales, desmantelar el sector público y favorecer la privatización de los servicios públicos que constituyen los pilares del Estado del Bienestar como el seguro de desempleo, las pensiones, la educación y la sanidad pública.

Sin embargo el eje político destinado a dotar a la Unión de una política exterior y de defensa común; definir las bases de una ciudadanía europea (libertad de movimientos, libertad de residencia, derecho al voto en las elecciones municipales, protección diplomática, etc.; mejorar las infraestructuras de los países más atrasados mediante los llamados fondos de cohesión; reforzar la cooperación intergubernamental; y dotar de más poder al Parlamento y al Tribunal de Justicia Europeos, ha tenido un desarrollo mucho menor y desigual.

Pero el eje en el que los objetivos apenas se han alcanzado ha sido el eje social que estaba destinado a establecer unos derechos comunes para todos los ciudadanos en áreas esenciales como la educación, sanidad y cultura. Es decir que mientras se establecieron objetivos claros, cuantificados y de obligatorio cumplimiento en materia económica para el desarrollo e implantación del mercado, no se definieron con la misma concreción objetivos de naturaleza política y social. A nadie debe extrañar la popularidad del tópico de "la Europa de los mercaderes".

Sin embargo, y a pesar de su contribución a los avances en la salud de la mayoría de la población europea, el modelo sanitario europeo está siendo cuestionado por la ideología neoliberal que considera que ya no es necesario mantener servicios públicos universales.

Como consecuencia en la mayoría de ellos, con el impulso y complicidad de las instituciones de la Unión Europea, se están aplicando políticas de privatización y desregulación de los sistemas públicos de protección social, problemas, que han encontrado una gran coartada en la crisis económica y en la necesidad de controlar el déficit público.

Los recortes en los presupuestos, la reducción de las pensiones y el desmantelamiento de los servicios de protección frente al desempleo y la enfermedad, ya no garantizan el mantenimiento de los derechos sociales a todos los ciudadanos, que están en serio riesgo de desaparición.

La crisis económica está siendo utilizada por quienes sostienen que es necesario dar prioridad al pago de la deuda y al reflotamiento de la banca, algo incompatible con la sostenibilidad de los sistemas sanitarios públicos.

La privatización de los servicios sanitarios impone barreras económicas al acceso a las prestaciones necesarias y excluyen en la práctica a un porcentaje cada vez mayor de población, en un momento en que la crisis incrementa la demanda de servicios sanitarios.

La Unión Europea se encuentra ante la disyuntiva de orientarse a los ciudadanos o a los grandes grupos empresariales y financieros. Hasta ahora las decisiones de los gobiernos están primando los intereses de estos últimos sobre los generales, aunque existen tensiones e intervenciones contradictorias. Precisamente por ello hay que ser conscientes de que la supervivencia de la Unión Europea no será posible sin garantizar la cohesión social y sin mejorar los derechos de los ciudadanos.

EL CONTEXTO ESPAÑOL

A lo largo de los últimos años los expertos, profesionales y ahora ya la propia ciudadanía, hemos comprobado como desde el gobierno central y especialmente desde los gobiernos autonómicos gobernados por el Partido Popular y en el caso de Cataluña por Conveniencia i Unió, se procede al desprestigio de la sanidad pública. A ello se suman en una operación coordinada el recorte de financiación, de prestaciones, de personal, a los copagos y a todo tipo de medidas que provocan una alarmante caída en la calidad de nuestra sanidad pública que es generalmente reconocida, y que dan lugar como es lógico a sufrimiento, deterioro de la salud, incremento de mortalidad y exclusión creciente de los usuarios con menor poder adquisitivo que se ven abocados a elegir entre comer o medicarse.

Todas estas medidas que están encaminadas a la privatización del sistema sanitario público y a la conversión de la sanidad en un mercado, amenazan por su intensidad extensión y complementariedad el futuro de una sanidad publica muy valorada por la ciudadanía y uno de los pocos orgullos de nuestro país en el contexto internacional. Se trata esta vez de medidas muy difícilmente sino de imposible reversión.

Es muy difícil la marcha atrás para lo que se privatiza.

Corremos el riesgo por primera vez en la historia de perder para siempre, para nosotros y para las generaciones futuras, el derecho a la atención de la salud.

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) lleva desde su creación en 1981 impulsando su mejora, progreso y protección, siempre con un exquisito cuidado de no intervenir en la política partidista ante cada proceso electoral, sea este municipal, autonómico, nacional o como en este caso europeo, pero la gravedad de la situación obliga a un cambio de actitud.

1.- Las amenazas de destrucción de la sanidad pública no son consecuencia de una catástrofe inevitable, de un designio del destino ni de una circunstancia de la naturaleza, sino de la voluntaria y planificada acción de los neoliberales de todo el mundo y más en particular de los de nuestro país que han aprovechado el desconcierto de una crisis para poner a las autoridades sanitarias a su servicio, y para hacerse con lo que llevan tanto tiempo deseando. La codicia en acción.

2.- La ciudadanía española, de todas las CCAA, es la propietaria y la usuaria de la Sanidad Pública y debe proteger con su voto su bien más preciado. El voto es la suprema herramienta para remover a los gobiernos que trabajan en contra de los intereses de la comunidad. EL VOTO DE LOS CIUDADANOS IMPORTA. La abstención en un momento como este es suicida.

3.-La FADSP se ve obligada a pedir a la ciudadanía que piense en su futuro sanitario a la hora de emitir su voto y que acuda a las urnas con ello en el pensamiento. Más tarde las lamentaciones son posibles pero enmendarlo no.

4.- La FADSP anima a toda la ciudadanía, jóvenes, mayores, hombres y mujeres, escépticos y comprometidos, a negar su voto a quienes destruyen el futuro de su salud.

Rechazar las privatizaciones obliga a no votar a los responsables del deterioro de la...