miércoles 22.01.2020

Un paso más en la privatización sanitaria

Por Pablo Vaamonde | El dos de diciembre el PP aprobó en el Parlamento gallego, con sus propios votos y la oposición de los demás partidos, una ley de gran relevancia para el futuro de la sanidad.

Un paso más en la privatización sanitaria

El día dos de diciembre el PP aprobó en el Parlamento gallego, con sus propios votos y la oposición de los demás partidos, una ley de gran relevancia para el futuro de la sanidad en este país. La Ley de Garantías de Prestaciones Sanitarias establece que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) no podrá demorar más de dos meses para una intervención quirúrgica ni más de 45 días para una consulta externa o prueba diagnóstica. Esta exigencia es imposible de cumplir. Las políticas impuestas por el PP en la sanidad (reducción presupuestaria, eliminación de plazas, supresión de los turnos de tarde etc) incrementaron las listas de espera de manera notable. Las demoras actuales están muy por encima de los límites marcados (40 días en cirugía y 8 en consultas).

¿Si no es posible cumplir estos plazos tan estrictos -más rigurosos que los señalados en la ley anterior-, cual es la razón para que impongan una ley como esta? Porque es la excusa perfecta para enviar masivamente a los pacientes a los centros privados -que llevaban un tiempo preparándose y aguardando por esta norma-. Como los servicios públicos no podrán dar respuesta a las demandas que se generen los pacientes podrán reclamar ser atendidos en un hospital privado. La ley aborda otras cuestiones, pero el punto clave de la norma es este: a partir de ahora la derivación masiva de pacientes a los centros privados va a tener cobertura legal. El portavoz del PP afirmó que se trata de la norma más importante de esta legislatura, pero los partidos de la oposición consideran que esta norma refuerza la privatización de la sanidad gallega. "Un arma de destrucción de la sanidad pública", llegaron a afirmar en el tenso debate parlamentario en el que el PP aplicó su mayoría absoluta de forma aplastante.

Esta ley, que pretenden presentar como positiva para los usuarios, es mucho más que una maniobra de marketing político. Se trata de una medida fraudulenta, que da prioridad al negocio privado sobre el beneficio de los ciudadanos, y lleva dentro una gran carga de profundidad que puede incrementar el deterioro de los servicios públicos mientras realiza inyecciones económicas crecientes en los hospitales privados. Ya advirtió el Consejo Económico y Social que no será posible reducir los tiempos de espera sin incrementar los recursos. Esta utilización creciente de los centros concertados "supone un cambio cualitativo que impulsa un sistema mixto primando a aportación de la sanidad privada". En este terreno, igual que en otros muchos, sieguen los pasos de Madrid, que llevó la sanidad pública a la ruina y el caos mientras los centros privados ven crecer sus cuentas de resultados.

Esta noticia, importante para los ciudadanos y de consecuencias severas para futuro próximo, no fue destacada por la prensa, que dedicó las páginas principales, con gran aparato tipográfico, a la consulta telefónica. Se trata de que los pacientes puedan llamar a su médico de cabecera para resolver asuntos de salud que no necesiten la presencia física. De esta manera el Sergas plantea despachar 11.000 consultas diarias. Publicitan como novedoso este sistema que los médicos utilizamos a diario sin precisar de un proyecto específico para su ejecución. Se trata de usar el sentido común, tener buena disposición terapéutica y ánimo de ayudar. Pero el Sergas acaba de adjudicar un contrato millonario a Telefónica (28 millones de euros para los próximos tres años) y pretende, con esta campaña publicitaria, justificar semejante desembolso. Tengo la convicción de que la coincidencia de ambas noticias no es un hecho casual.

Las medidas privatizadoras continúan, ahora ya sin disimulo, y la sanidad gallega se encuentra en un momento crítico. Si no hay una respuesta de los ciudadanos y de los profesionales llegará un día, muy próximo, en que lo perdido ya no tendrá retorno. Los próximos días 9 y 10 de diciembre hay convocada una huelga en la sanidad pública. Sobran los motivos.

Un paso más en la privatización sanitaria