jueves. 28.03.2024
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Debería de incrementarse el presupuesto sanitario público, que en España es uno de los menores de la UE, para alcanzar los niveles de 2009

Hace unos días fue la CEOE, ahora ha sido el IDIS (Fundación que agrupa a las aseguradoras sanitarias y a las empresas del sector sanitario privado). Parece claro que el sector privado toma la ofensiva para privatizar, cada vez mas, el sistema sanitario de este país. En este ultimo caso disfrazándolo de una propuesta supuestamente para acabar con las listas de espera.

Por supuesto las elevadas listas de espera son un serio problema para la Sanidad Pública, pero hay un hecho objetivo que debe tenerse en cuenta, las listas de espera no han parado de incrementarse a pesar, y en paralelo, al aumento de privatización de nuestro sistema sanitario (el gasto publico ha pasado de ser el 75,5% del gasto total en 2009 al 70,68% en 2015 según los datos de OCDE Health Data 2017).

Pero además deberíamos de tener en cuenta que la propuesta carece de ningún fundamento objetivo porque supone un coste estimado por los proponentes de 1.500 millones € (que podría desviarse significativamente, al alza, como suele ser habitual en los contratos con el sector privado), y que o bien deberían de salir de los actuales presupuestos sanitarios (ya muy castigados por los recortes) lo que derivaría en un deterioro menor de la Sanidad Pública (conviene recordar que esta, por los recortes tiene hoy 6.000 camas y más de 25.000 trabajadores menos que en 2009) y que no se han alcanzado los presupuestos sanitarios de este año a pesar de la mejora de la economía, o bien saldrían de un presupuesto extraordinario lo que parece sumamente improbable cuando lo que se plantea es un techo de gasto para el gobierno central y las CCAA.

Por otro lado la experiencia de los planes de choque contra las listas de espera en nuestro país es bastante negativa porque supusieron grandes costes y escasos o nulos resultados. Desde la FADSP ya se ha señalado que las listas de espera en Sanidad son un problema multifactorial que solo puede ser abordado desde actuaciones integrales de todo el sistema sanitario (Ver: Las listas de espera en la Sanidad Pública), y que estos planes parciales pueden incluso empeorar el problema al generar incentivos inapropiados y favorecer actuaciones innecesarias.

En todo caso es obvio que debería de incrementarse el presupuesto sanitario público, que en España es uno de los menores de la UE, para alcanzar los niveles de 2009 y que este aumento debe de destinarse íntegramente a la recuperación de la Sanidad Pública (aumento de camas hospitalarias, de empleo en el sistema público, mejora de la Atención primaria, etc), para garantizar la utilización intensiva y la mejora de los recursos de la Sanidad Pública, porque es la manera más rentable económica y sanitariamente de abordar el problema.

Merecería la pena reflexionar porque se produce esta ofensiva. Digamos que existen 3 motivos principales, el primero es que tras los éxitos de algunos de los conflictos que se enfrentaban a la privatización y la posterior ralentización de las medidas privatizadoras más agresivas los que propugnan estas políticas creen que hay una oportunidad y un clima social y profesional más “tranquilo”; el segundo es la amenaza de la reversión al sector público del hospital de Alzira prevista para abril de 2018 lo que supondría un precedente muy importante y que se quiere parar a toda costa (recientemente parece ser que a instancias de Centene incluso la embajada USA en España ha hecho gestiones al respecto); y el tercero la situación política tan fragmentada, poco definida y con el foco en cuestiones ajenas al sistema sanitario que puede permitir que estas iniciativas pasen mas desapercibidas. De todas maneras no debemos olvidar que están incluidas en la estrategia neoliberal para desmantelar la Sanidad Pública y que se mantiene continua desde hace más de 30 años con intensidad variable según la situación política y social en cada momento concreto.

Una vez más queda al descubierto la política de los gobiernos del PP: deteriorar el sistema sanitario público para favorecer al sector privado, es decir los intereses económicos de los empresarios privados por encima de la salud de la población. Es lógico que el sector empresarial privado intente beneficiarse de esta política, pero debemos rechazar estos planes que solo pretenden deteriorar aún más a la Sanidad Pública y que finalmente solo lograrían empeorar la situación.

La ofensiva de las empresas privadas sanitarias