jueves 17.10.2019

Modelo Alzira, crónica de un fracaso anunciado

El modelo Alzira ha fracasado, pero todavía quedan numerosas concesiones por nuestro país que se mantienen apoyadas por gobiernos que no creen en el modelo público de gestión y que permiten que se mercantilice la sanidad.

Modelo Alzira, crónica de un fracaso anunciado

El modelo Alzira no habría durado tantos años sin la colaboración necesaria de las autoridades sanitarias que aceptaron un aumento de la cantidad “per cápita” pagada y permitieron la facturación por procesos los pacientes de otros departamentos

Este 1 de abril se materializará la reversión al sistema sanitario público del primer hospital de gestión privada, el hospital de Alzira que pasará a ser gestionado directamente por la Consellería Sanitat Universal y Salud Pública. Son momentos históricos para “el derecho a la protección de la salud” incluido en el artículo 43 de la Constitución Española. Vale la pena parar, reflexionar y aprender sobre las consecuencias que este modelo de gestión privada ha supuesto para la sanidad pública.

En 1986 entró en vigor la Ley General de Sanidad, inspirada en el modelo Beveridge que dio origen al Sistema Nacional de Salud en diferentes países como Reino Unido, países nórdicos y España entre otros. La financiación de la sanidad pública en estos sistemas de salud, procedía directamente de los impuestos a través de los Presupuestos Generales del Estado, con una asistencia sanitaria prestada en condiciones de universalidad, equidad y gratuidad. En España este modelo sustituía al modelo franquista de sanidad fundamentado en una sanidad para los asegurados. La rápida mejoría de los resultados de salud de la población a un coste social aceptable demostró la eficiencia del sistema nacional de salud español, aumentó la esperanza de vida de los ciudadanos y consolidó el denominado “Estado de bienestar”.

Sin embargo el Sistema Nacional de Salud Español, desde sus comienzos, manifestó una contradicción: un sistema público de salud financiado a través del esfuerzo colectivo de una sociedad, pero al mismo tiempo rodeado de un sistema capitalista de libre mercado que lo observaba como una oportunidad de negocio. Esta problemática afectó también a los sistemas sanitarios europeos públicos, provocando en la década de los 80-90 su mayor liberalización (véase Holanda, Reino Unido, Alemania..). Las tensiones fueron en aumento y la mercantilización de la sanidad española también. En 1991, con el PSOE en el gobierno, en un informe redactado por una comisión presidida por Fernando Abril Martorell y presentado en el Congreso de los Diputados (Informe Abril), se marcó la hoja de ruta para privatizar la Sanidad Pública. Este informe fue muy criticado por lo que fue relegado a un aparente olvido alejado de la opinión pública, pero sus medidas se han ido aplicando en las últimas décadas. Ejemplo de ello son las normativas privatizadoras como la “Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud “(VI legislatura del gobierno del PP), que abrió las puertas a la participación privada en la gestión de la asistencia sanitaria. Estas normativas debilitaron los principios de la Ley general de Sanidad y el Sistema Nacional de Salud y tuvieron su culminación en el “RD 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud”, que supone el fin de la universalidad al volver al modelo de asegurado y legitima el inefectivo impuesto a la enfermedad también llamado “copago”.

Por supuesto, durante todo este tiempo, a los ciudadanos les llegaban innumerables mensajes de justificación de las bondades de las normas que enmascaraban la mercantilización y el negocio de la salud. No era el único engaño que vivimos, con los años también pudimos descubrir que la financiación irregular y la corrupción se habían convertido en un problema político para este país, que junto la crisis económica y las políticas de recortes debilitaron más nuestro sistema sanitario público. La respuesta a esta situación fue organizándose progresivamente, encontrando en las Asociaciones de Defensa de la Sanidad Publica una valiosa herramienta para desenmascarar el engaño y combatir el desconocimiento que sustenta el desmantelamiento del modelo sanitario público. El esfuerzo durante estos años ha permitido que la sociedad comprenda que la sanidad no es un negocio, sino un derecho fundamental por encima de los intereses del mercado.

El Hospital de la Ribera (o de Alzira ) fue el primer hospital español en régimen de concesión administrativa. Su modelo financiero fue de pago capitativo frente al pago por procesos. El pago capitativo consiste en que la Administración pacta con la empresa una cantidad a pagar por cada habitante del área de salud y por año, tanto el paciente lo utilice o no. Si piensan bien observarán que la tasa de beneficio será mayor para la empresa si no se usa. Reducir al máximo el gasto del paciente ”per capita” y aumentar lo posible el pago por procesos de pacientes de fuera del área de salud se convirtió en una práctica habitual. Además se le concedió la libertad al hospital de atender a ciudadanos de fuera de su área sanitaria para incrementar su facturación. Ejemplo de lo anterior fue que Alzira vivió una oportunidad única en el tema de los partos. El hospital contrató numerosos anestesistas para ofrecer anestesia epidural las 24 horas a las parturientas de otros departamentos cercanos y cobrar así un extra por procesos (más beneficioso). La Conselleria gestionada por el PP, colaboró con la idea y así, durante un tiempo, se redujo la contratación de anestesistas en otros hospitales cercanos (Alcoi, Xàtiva, Gandia y Ontinyent) para desempeñar esta prestación. Las tasas de partos atendidos en Alzira nunca se correspondió ni con el peso de la población adscrita ni con el aumento del número de nacimientos en esa misma población. Mientras que el incremento de alumbramientos atendidos en el resto de hospitales públicos de la Conselleria de Sanitat fue del 0,7%, en Alzira aumentó un 37%.

hospital

La reversión del Hospital de Alzira cuestiona y hace tambalear todo el modelo de gestión privada de la Sanidad Publica

El modelo Alzira no habría durado tantos años sin la colaboración necesaria de las autoridades sanitarias que aceptaron un aumento de la cantidad “per cápita” pagada y permitieron la facturación por procesos los pacientes de otros departamentos. Por ejemplo, en 1999 la Administración fijó una cantidad de 204€ por habitante y año del área de salud. Posteriormente el Gobierno Valenciano aumentó el censo unos 11.000 habitantes para asegurar su viabilidad, pero el modelo no funcionaba. En los años posteriores, el hospital admitió pérdidas a pesar de que una gran parte de su facturación provenía de la atención de pacientes no adscritos a su área de salud (en los que cobra por procesos), y a pesar que el pago capitativo subió por encima de otras áreas autonómicas con similar población. El modelo se hundía a pesar de los numerosos intentos de la administración de reflotarlo. En 2003 la Consellería de Sanitat rescindió el contrato y preparó un nuevo contrato a medida de la empresa concesionaria, donde se privatizó también la gestión de la atención primaria. Esta decisión supuso que Consellería gastara aproximadamente el 40% del presupuesto para nuevos centros públicos en un único departamento de salud de gestión privada. Además , la Generalitat abonó a la empresa 25 millones de euros adicionales como “indemnización para cubrir el supuesto lucro cesante” por los años aún restantes de concesión, liberando a la empresa de una obligación por no ser rentable y compensándola por el dinero que dejaría de ganar al no seguir con un negocio en quiebra técnica. Es sorprendente que los gestores del modelo Alzira tampoco informen cuando hablan de la rentabilidad del modelo que los gastos per cápita de Salud Pública y de Transporte Sanitario son cubiertos por la Consellería y que su personal sanitario trabaja unas 200 horas más al año por un 15% menos de salario como apuntan numerosas informaciones.

Queda pues suficientemente aclarado que el modelo Alzira ha supuesto un ingente e ineficiente consumo de los recursos sanitarios. Los valiosos recursos que durante estos años se han empleado en la concesión privada se han dejado de emplear en el resto de departamentos, limitando el desarrollo sanitario de los mismos. Esta es la verdadera tragedia que el modelo Alzira ha supuesto para la sanidad valenciana. El modelo Alzira ha fracasado, pero todavía quedan numerosas concesiones por nuestro país y en el extranjero que se mantienen apoyadas por gobiernos que no creen en el modelo público de gestión y que permiten que se mercantilice la sanidad. La reversión del Hospital de Alzira cuestiona y hace tambalear todo el modelo de gestión privada de la Sanidad Publica, muchos servicios sanitarios de otras Comunidades Autónomas y de otros países observan con interés la reversión. Con el fin de esta concesión, la sociedad valenciana ha conseguido transmitir al resto un claro ejemplo de justicia frente a los mercados y de protección de la salud: La sanidad no está en venta.


Pedro Lorente García | Médico especialista. Miembro de la Asociación Ciudadana de defensa de la Sanidad Pública. ACDESA-PV.

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