OPINIÓN | FERNANDO PUIG-SAMPER

Hepatitis C: Cuando la salud no es lo primero

Fabricar Sofosbuvir (Sovaldi) cuesta 130 dólares pero el laboratorio ha decidido imponer un coste en Estados Unidos de 84.000 dólares (69.111 €), precio al que hay que sumar el de los medicamentos que deben acompañar al Sofosbuvir.

En realidad el precio no corresponde al retorno de inversiones, investigaciones o desarrollo de productos. Responde exclusivamente a una política depredadora respecto a la vida y la salud de millones de personas

Cualquier persona enferma debería tener derecho a recibir un tratamiento adecuado para curar su enfermedad, permitir su recuperación o, al menos, paliar su sufrimiento. Es ésta una base esencial de los sistemas sanitarios y no hay ninguna razón para que las personas con Hepatitis C sean excluidas de este principio.

Afortunadamente, hoy tenemos nuevos tratamientos a nuestro alcance que permiten un mayor éxito en la curación. Pero si el acceso a los mismos se convierte en imposible por las barreras económicas levantadas por el laboratorio que patenta el producto, es lógico que la reacción sea de frustración y de rabia.

Fabricar Sofosbuvir (Sovaldi) cuesta 130 dólares pero el laboratorio ha decidido imponer un coste en Estados Unidos de 84.000 dólares (69.111 €), precio al que hay que sumar el de los medicamentos que deben acompañar al Sofosbuvir. Este precio se ha convertido, además, en la base de negociación en todo el mundo para la venta del medicamento. Y se calcula que hay entre 130 y 150 millones de personas afectadas por la Hepatitis C. Un vasto mercado en el que la salud es secundaria frente al negocio.

No corresponde el precio de Sofosbuvir (Sovaldi) a su fabricación, pero tampoco a la compensación de largos años de investigación y desarrollo. En realidad el laboratorio propietario de la patente, Gilead, compró en 2011 a Pharmasset, la compañía que desarrolló Sofosbuvir (Sovaldi) por un total de 11.000 millones de dólares. Esta ha sido la inversión realizada. El equivalente al tratamiento de 131.000 pacientes en Estados Unidos.

Basta con leer la referencia de la Organización Mundial de la Salud (Nota descriptiva nº164, abril de 2014):

Aunque los costos de producción de estos agentes antivíricos son bajos, los precios inicialmente fijados por los fabricantes son muy elevados y, probablemente, dificultarán el acceso, incluso en países de ingresos altos.

En realidad el precio no corresponde al retorno de inversiones, investigaciones o desarrollo de productos. Responde exclusivamente a una política depredadora respecto a la vida y la salud de millones de personas dispuestas a pagar por un tratamiento eficaz frente a su enfermedad. Responde a un cálculo derivado de lo que el laboratorio piensa que cada persona, sistema público de salud o compañía aseguradora está dispuesta a pagar, en función de la riqueza personal o colectiva y del número de pacientes a tratar (y de medicamentos a vender).

Esta política depredadora es la causante de un conflicto extendido en todo el mundo respecto a las barreras económicas de acceso al nuevo medicamento. En el Reino Unido, ha sido aprobado por el organismo independiente NICE con un precio estimado de 44.843 €, un precio similar al que se ha establecido en Canadá. En Alemania el medicamento se vende a un precio de 55.124 €. En España, parece que el precio negociado es de 25.500 €. Y en Egipto o la India es de 740 €. Una variación de precios que responde al deseo del propietario de la patente de obtener el máximo beneficio en el plazo más corto posible, fijando el precio según la capacidad de pago en cada país y el número de tratamientos posibles.

Es una política empresarial inaceptable. La Unión Europea y el Gobierno de España deben impulsar cuantas medidas sean precisas para terminar con estas prácticas abusivas que impiden el acceso a tratamientos adecuados a millones de personas. Hoy es con la Hepatitis C, pero en los próximos años veremos nuevos medicamentos relevantes para el tratamiento de enfermedades de distinto tipo. ¿Sería admisible que los propietarios de las patentes aplicaran esta misma política depredadora? No, nunca debe admitirse esta barbaridad.

En España son cientos de miles los pacientes afectados por Hepatitis C, aunque no todos diagnosticados y en tratamiento. Ninguna de estas personas se merece como respuesta el clásico “vuelva usted mañana”, dilatando de forma imprudente su acceso a un tratamiento eficaz. Tiene que establecer el Gobierno una estrategia clara para afrontar la situación, con reglas comunes aplicables en todas las Comunidades Autónomas, facilitando el acceso a todos los pacientes que necesitan el nuevo tratamiento y forzando, si es preciso, un precio ajustado que evite una barrera económica injusta y generadora de nuevas desigualdades.

Ningún Gobierno puede permitir que la elección esté entre esquilmar el presupuesto del Sistema Nacional de Salud o permitir que sólo los ricos puedan acceder a un tratamiento eficaz frente a una enfermedad grave, tal y como está ocurriendo con el tratamiento de la Hepatitis C.


Fernando Puig-Samper | Adjunto a la Secretaría Confederal de Protección Social y Políticas Públicas de CCOO