Por Marciano Sánchez Bayle y Luisa Lores, Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública
El 28 de enero pasado el Gobierno de Aragón, presidido por la 'popular' Luisa Fernanda Rudí, sacó a concurso la adjudicación del nuevo hospital de Alcañiz utilizando la formula de PFI (iniciativa de financiación privada) que consiste en que una empresas o empresas (lo habitual es una UTE) construya el hospital y se quede con la gestión de lo que se denomina “no sanitario” y que reciba a cambio un canon anual, en este caso durante 20 años.
La experiencia sobre el modelo PFI es amplia tanto a nivel español como sobre todo internacional, especialmente en el Reino Unido donde se implanto por primera vez y donde por lo tanto ya ha pasado mucho tiempo desde su implantación y se han visto sus principales problemas. Digamos que estos son de cuatro tipos, el primero y principal es su elevado coste, puesto que dispara el coste de los centros entre 5 y 7 veces, y en muchos casos con escaso control y con muchas dificultades para saber el coste real porque los contratos iniciales suelen ser incumplidos y se producen incrementos del canon anual (un buen ejemplo es Madrid donde en 2010, 3 años después de la concesión de 7 hospitales PFI, se incremento el canon en 2 millones € y se les dio 80 millones e adicionales) aparte de que tienen cláusulas de actualización anuales, y en algunos casos hay formulas de cálculo variables que pueden incrementar aún mas los costes de manera incontrolada; el segundo es que estas formulas disminuyen de manera notable el personal con una notable disminución de la calidad de la atención sanitaria (en el Reino Unido hay casos como el del hospital de Staffordshire donde entre 2005 y 2009 hubo un exceso de mortalidad entre 400-1200 personas debido a las insuficiencias del hospital) ; el tercero es que las infraestructuras suelen tener deficiencias muy notables en comparación con los centros públicos (véase los resultados de la inspección de la inspección de trabajo en los centros PFI de Madrid); y por fin que aunque inicialmente se producen las adjudicaciones en UTEs formadas por empresas nacionales finalmente estas acaban vendiendo sus participaciones a empresas multinacionales de capital-riego (en el caso de los hospitales madrileños, Lloyd Bank, Centene Corporation y DIF) con las implicaciones que ello tiene en cuanto a que pueden “desaparecer” en el momento en que dejen de tener una elevada rentabilidad. Por eso existen informes desde la Organización Mundial de la Salud y del Comité de Expertos sanitarios de la UE que cuestiona la eficiencia de la denominada como “colaboración público- privada”.
El despropósito del hospital de Alcañiz
El caso concreto del proyecto del hospital de Alcañiz, ya se ha señalado en el Informo realizado por la FADSP que el concurso permite la presencia de fondos de inversión, aunque se encuentren en paraísos fiscales y no se garantiza la solvencia económica de la UTE (ya ha habido un caso, el del hospital de Vigo en que la UTE paralizo las obras por falta de crédito) y en el concurso no costa que haya el Informe previo del Ministerio de Hacienda garantizando que el proyecto privado es mas eficiente que el proyecto alternativo de gestión pública
El coste del contrato es 5 veces superior al de construcción del centro, pero como ya se ha señalado antes es frecuente que se produzcan desviaciones al alza muy notables (Madrid, Burgos, etc). Los incumplimientos de la empresa, cuyas consecuencias pueden ser graves (limpieza de UCI, transporte de muestras biológicas, seguridad etc) se deducen del canon mediante una fórmula matemática, pero en ningún momento se plantea la posibilidad de revertir la concesión ante infracciones muy graves o ante incumplimientos por bajas temerarias sobre la rebaja ya autorizada por el gobierno de Aragón, de 110 millones de euros (coste de partida: 561 M de euros en 25 años) Según consta en los pliegos se permiten bajas sobre el precio actual de hasta un 30%, (otros 135 millones menos) lo que con toda seguridad supondrá una enorme merma en la calidad y/o un rescate de la empresa adjudicataria con dinero público, más pronto que tarde, como ya ha ocurrido con los otros hospitales PFI (Hospital de Alzira, nuevos hospitales de Madrid, hospital de Vigo, hospital de Burgos).
Tampoco consta la prohibición de adjudicar la obra a empresas imputadas o incursas en procesos penales, muchas de las que se están quedando con los hospitales públicos
Se cede también a las empresas privadas la gestión, además de servicios no sanitarios, de todos los negocios posibles dentro del ámbito hospitalario: Servicios multimedia (TV, telefonía, Internet…) de los pacientes, con dispositivos situados a la cabecera de la cama, financiados por los usuarios mediante la compra de tarjetas en un quiosco del que dispondrá la empresa en el hospital. La UTE podrá instalar una centralita propia de telefonía, que es posible que pueda utilizarse para la cita previa y colocará en todas las plantas máquinas de “vending” (zumos, dulces o chocolates), e incluso si lo considera oportuno podrá construir un centro de día para personas mayores válidas.
Como siempre la excusa es la falta de fondos públicos para construir el hospital, pero es una excusa que se cae por si sola. Primero el gobierno de Aragón ha recortado su gasto sanitario desde 2012 en 900 millones € (el coste de 10 centros como el de Alcañiz), luego hay una experiencia en Aragón de los problemas de la llamada “colaboración público-privada” con el CASAR (centro aragonés de alta resolución) que ha acabado siendo rescatado por la administración pública asumiendo una deuda de 20 millones €, y por último hay alternativas para la financiación de hospitales mediante préstamos del fondo social europeo y el banco europeo de inversiones que aunque suponen un pequeño incremento de los costes este es mínimo en comparación con el modelo PFI (1,37 veces mas frente a 5,30 veces del concurso actual).
Estamos una vez mas ante una demostración de que la llamada “colaboración público – privada” no es sino destinar dinero público para beneficios privados, debemos de evitarlo, por eso todos y todas tenemos que secundar las movilizaciones de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Alcañiz el próximo 7 de marzo, porque no debemos dejar que nuestra salud se convierta en el negocio de unos pocos.
