Según una nota remitida a los medios, la denuncia se fundamente básicamente en tres hechos:
1.- La utilización de la figura legal de Concesión de Obra Pública en lugar de la de Colaboración Público Privada, que es la que correspondería por la entidad y el volumen de la construcción del Hospital. La finalidad que perseguía el actual gobierno gallego era evitar la fiscalización de la Ley de Contratos del Estado que obliga a elaborar y presentar un informe (preceptivo) ante el Ministerio de Hacienda (elaborado por una Comisión de Expertos) que justificara la necesidad de recurrir a la financiación privada en lugar de la pública para acometer la obra. El Resultado de utilizar el recurso al sector privado ha sido un incremento del coste total del hospital de 450 a 1.400 millones de euros.
2.- Los recortes introducidos en el contrato (Proyecto Funcional) entre la Concesionaria y el SERGAS para abaratar los costes a la misma, suponen un recortes del 31% de las camas funcionales previstas (de 1.239 a 845), e 31% de los quirófanos, el 55% de las camas de urgencias, los módulos de investigación y docencia, el laboratorio que ha desparecido del proyecto, el hotel de pacientes, equipamiento mobiliario fijo y no fijo, lavabos, tamaños consultas, sistemas de protección, 1.000 plazas de aparcamiento, alicatas, anchura de paredes y tabiques, 75.000 metros de superficie, etc. Estos recortes además de reducir la eficiencia energética y la calidad del centro ponen en riesgo la seguridad de pacientes y trabajadores, como demuestra la paralización del traslado y apertura del hospital el pasado día 3 por riesgos de contaminación por aspergillus (el fallecimiento de una pacientes esta siendo investigado por los servicios de inspección de la Conselleria de Sanidade). Estos recortes suponen una modificación del contrato, al que aspiraban otras empresas cuyas ofertas fueron descartadas y que beneficia a la Concesionaria privada a la que además no se rebaja la percepción del canon.
3. - En este mismo sentido el riesgo de financiación, que por contrato corría a cargo de la Concesionaria, ha sido cubierto en gran parte por el SERGAS con un crédito del Banco europeo de Inversiones (que no presta a empresas privadas) el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y el FROB.
4.- Esta maniobra supone una clara vulneración de la legislación de la UE sobre contratos Públicos Privados y supone a nuestro entender una trama perfectamente diseñada para ocultar el endeudamiento público del nuevo hospital. El endeudamiento por el pago del hospital no se considera público si el riesgo de financiación corre a cargo de la empresa privada, pero es asumido por la propia administración pública
Por todo ello consideramos que el contrato del Nuevo Hospital de Vigo es nulo de derecho por incumplir los términos establecidos en la licitación del mismo y supone una clara vulneración de la legislación Comunitaria sobre contrataos de colaboración público privada, que establecen la necesidad de garantizar la igualdad en la concurrencia de las empresas.
Desde la Asociacion Galega para a Defensa da Sanidade Pública estamos en contra de la Financiación Público Privada, que mostró su graves consecuencias en Valencia, Mallorca, Madrid, Aragón, pero entendemos que resulta escandaloso que la Xunta de Galicia vulnere incluso las condiciones de este tipo de contratos en el caso de Vigo lo que debería ir acompañado del rescate del mismo sin indemnización ni pago de lucro cesante.
Las necesarias reparaciones del nuevo hospital. Fruto del afán de lucro de la concesionaria, que ponen en riesgo la calidad y la seguridad de los pacientes deberán pagarse a cargo del canon que la Concesionaria debería dejar de ingresas del erario público.
