sábado 31/10/20

La corrupción daña seriamente a la salud

Fueron Aguirre y sus consejeros de Sanidad los que apostaron por la fórmula de Concesión de Obra Pública para construir los nuevos hospitales en Madrid.

Los consejeros de Sanidad en los gobiernos de Aguirre.
Los consejeros de Sanidad en los gobiernos de Aguirre. (De izq. a dch.: Lamela, Guemes y Lasquetty

Las políticas neoliberales aplicadas por los gobiernos del Partido Popular convirtieron el sector sanitario madrileño en un nicho de negocio

Fueron Esperanza Aguirre y sus Consejeros de Sanidad Lamela y Güemes los que apostaron por la fórmula de Concesión de Obra Pública para construir primero los 6 hospitales nuevos, y después, cuatro hospitales más con la modalidad de Concesión Administrativa.

Los primeros suponían la colaboración con empresas constructoras, aseguradoras, bancos y fondos de inversión para su construcción y la posterior explotación de todos los aspectos no sanitarios, ya que los profesionales sanitarios los aportaba la Consejería de Sanidad. Este modelo también conocido por sus siglas en inglés PFI (Private Finance Initiative) significó introducir  en la sanidad madrileña las reglas de mercado, competencia y afán de lucro, la libertad de elección ya se había introducido con el Área Única. A esta modalidad se unió posteriormente el nuevo Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda.

Las características de la fórmula de Concesión Administrativa o también denominada PPP (Private Public Partnership) son las de un hospital totalmente privado pero financiado con fondos públicos, dado que se le asigna para la atención sanitaria a una determinada población. La titularidad la ostenta la Consejería de Sanidad mientras que la propiedad es de los inversores. 

Estas modalidades para la construcción de hospitales se pudieron realizar porque con anterioridad en el Congreso de los Diputados se había aprobado la Ley 15/1997 con los votos del PP y el PSOE. Esto hizo que más tarde en la Comunidad de Madrid se aprovechara el Partido Popular de Aguirre de una fórmula que le permitió endeudar a la ciudadanía por 30 años prorrogables.

Los gobiernos del PP madrileño no sólo dispararon la deuda, entre 4 y 7 veces más que si se hubieran construido los 6 nuevos hospitales con créditos concedidos a la administración sanitaria, sino que al parecer por las noticias que están saliendo a la luz pública esos sobrecostes también sirvieron para financiar al propio Partido Popular, como ahora trata de esclarecer la justicia… Nunca es tarde… Pero era un clamor, ¡al tratarse de un expolio de las arcas públicas! Y fueron muchas organizaciones y colectivos los que ya lo habían denunciado. 

Las políticas neoliberales aplicadas por los gobiernos del Partido Popular convirtieron el sector sanitario madrileño en un nicho de negocio.  El problema de esa orientación son las consecuencias que hoy se pueden observar en el Servicio Madrileño de Salud: la mercantilización de la asistencia sanitaria, la ausencia de planificación - no existe Plan de Salud -, listas de espera insoportables, que solo castigan a quien no puede pagarse una póliza de seguros para adelantar el día de la intervención. También el aumento de las desigualdades en salud y corrupción. 

Estos modelos PFI y PPP son contrapuestos a la gestión pública del resto de centros sanitarios y hacen inviable la cooperación, colaboración y coordinación entre los diferentes hospitales y centros de salud del Servicio Madrileño de Salud. Ya que el objetivo de un servicio sanitario público debiera ser contribuir a mejorar los niveles de salud de la población cubriendo las necesidades de atención sanitaria y la promoción de la salud. 

Mientras que los otros modelos tienen como objetivo la atención a la demanda para conseguir rentabilidad económica,  incrementar los beneficios y la selección de riesgos. Por no hablar del conflicto de intereses que está en su propia naturaleza.

Cuando se diseñaron los nuevos hospitales no se llevó a cabo ningún estudio previo de las necesidades en materia sanitaria de la población, solo estudios de mercado y conveniencias políticas pensando en los votos de cara a las elecciones autonómicas y municipales.

Con ellos se perdió la capacidad de controlar el presupuesto y la orientación de las políticas sanitarias, dada la decisiva participación de las grandes corporaciones y fondos de inversión en las decisiones sanitarias.

Todo ello contribuyó a una descapitalización del sector público, recortes en plantillas, precariedad en las mismas y disminución de los presupuestos de los hospitales y centros de salud públicos, puesto que la desviación que se realizaba al sector privado fue incrementándose. 

El resultado de todo ello ha sido un efecto negativo en la calidad asistencial y las inequidades en el acceso a la atención sanitaria que hoy sufre la población madrileña. Porque la corrupción política también afecta a la salud de las personas.


Carmen San José Pérez Diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid

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