La eurodiputada de Izquierda Unida Paloma López ha preguntado a la Comisión Europea si conoce los permisos que el Gobierno del PP otorgó en 2013 a Gas Natural para extraer y almacenar gas del subsuelo del parque de Doñana y si cree, teniendo en cuenta que se trata de una zona de incalculable valor medioambiental, que el proyecto se ajusta a la legislación comunitaria.
En su escrito, López explica que hay “dudas fundadas” de la legalidad del proyecto de Gas Natural, puesto que se resolvió “troceándolo en cuatro declaraciones de impacto ambiental”. La empresa energética pretende desarrollar en el espacio protegido de Doñana un almacén de gas subterráneo que conlleva abrir 14 nuevos pozos exploratorios y 20 kilómetros de nuevos gasoductos.
Además, López recalca que la Junta de Andalucía, precisamente por esas dudas, ha bloqueado el proyecto hasta que reciba una confirmación de la validez del proceso, que ya fue investigado por el excomisario de Medio Ambiente de la Unión Europea, Janez Potocnik. Por este motivo, López también pregunta si, en estos momentos, la Comisión está llevando a cabo alguna investigación.
La eurodiputada avisa a la institución comunitaria de que en el entorno de Doñana hay varias Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y se hace eco de la “preocupación” que recientemente ha expresado el director del Centro del Patrimonio Mundial de la Unesco, Kishore Rao, por la situación del parque, ya que está reconocido como Patrimonio Mundial de la Humanidad.
Ya en su día Ecologistas en acción denunció que en Doñana se habían aprobado tres proyectos relacionados con el gas y uno de ellos consiste en inyectar gas en el subsuelo para almacenarlo aprovechando una zona porosa de la que ya se ha extraído.
Se trata del Proyecto Saladillo y Proyecto Marismas, ambos promovidos por la entidad Petroleum Oíl & Gas España S.A., filial de Gas Natural Fenosa que pretende hacer:
-investigación y extracción de gas mediante perforación de sondeos,
-ampliación de gasoductos de conexión de instalaciones y perforaciones
-la instalación de los equipos necesarios para la explotación de un almacenamiento de gas subterráneo.
Los citados proyectos, afectan al Espacio Natural de Doñana, a la Zona de Especial Protección (ZEPA) de Doñana y al Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) de Doñana Norte y Oeste, se han aprobado con un Estudio de Impacto Ambiental que no incluye en ningún caso estudios geológicos detallados de los riesgos sísmicos, pese a que el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) los consideraba necesarios. En algún momento, en el citado estudio se cita la existencia de una falla (rotura de rocas con posibles desplazamientos de estas) pero se reconoce que no está cartografiada y no se sabe bien por donde discurre. No hay que olvidar que 100 Km para un movimiento sísmico no es nada y poblaciones importantes se encuentran a esas distancia de los proyectos de Petroleum Oíl & Gas España S.A.
Ecologistas en Acción denunció que se trata de un almacenamiento de gas que se construirá para que la empresa tenga reservas que le garanticen la venta de gas de forma regular a lo largo de todo el año, evitando tanto las fluctuaciones estacionales como geopolíticas ya que el gas a almacenar procede en su práctica totalidad del extranjero (Argelia). Es decir, se cede el subsuelo de un espacio protegido del más alto valor ecológico y patrimonial para los beneficios de una empresa y sin garantía para las personas de las muchas poblaciones cercanas (incluidas Huelva y Sevilla) y los bienes del Espacio Natural de Doñana.
Además los Estudios de Impacto Ambiental de los tres proyectos gasíferos se han tramitado de forma fragmentada, con la aprobación y posterior publicación de tres declaraciones de impacto ambiental independientes, sin tener en cuenta sus impactos acumulativos, cuando en realidad forman parte de un mismo proyecto de explotación y almacenamiento de gas en el suelo de Doñana.
Los proyectos no pasaron en su momento por el pleno del Consejo de Participación de Doñana, solo lo ha hecho por una comisión, y carecen del preceptivo informe no vinculante que dicho Consejo ha de emitir.
