El Gobierno planea nuevos recortes retroactivos contra las renovables en forma de congelación de la actualización de las primas de las renovables con el IPC. Ecooo entiende esta medida como una demostración de dos hechos: el Gobierno está noqueado y actúa sólo a corto plazo y que su prioridad, en medio de la profunda crisis que asola el país, es proteger los intereses de los poderes económicos, representados en este caso por la patronal eléctrica UNESA.
En la edición de El Economista de hoy aparece la noticia de un recorte adicional a las renovables de 3.000 millones de euros para los próximos cinco años. Para conseguirlo, el Gobierno se propone acabar con la actualización anual que actualmente se le aplica al precio que cobran estas tecnologías al ritmo en que varía la inflación.
Ecooo considera que esta es una medida carente de sentido, pues su efecto real se traslada al futuro, un futuro en el que (si el Gobierno lo permite) la crisis económica será cosa del pasado y se habrá recuperado el deprimido consumo de electricidad.
Ha pasado escasamente un mes desde la aprobación de la Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética que, con el objetivo explícito de neutralizar el déficit de tarifa, establecía nuevos impuestos sobre la producción de energía. Aunque el Gobierno vendió la ley como una reforma equilibrada y que penalizaba especialmente a las grandes centrales de las empresas eléctricas, en realidad los únicos que van a ver recortados sus ingresos con esta reforma son los titulares de instalaciones renovables y de cogeneración por no poder repercutir el precio en el mercado mayorista, como sí hacen las grandes eléctricas. Ecooo recuerda que el aumento de la factura se traslada una vez más a los productores de energía limpia y a los consumidores.
Ecooo propone una serie de medidas para garantizar la viabilidad del sistema y optar de manera realista por una sostenibilidad del sistema a largo plazo y no para satisfacer intereses a corto
Del mismo modo que sabemos ya que no es momento de acabar con el déficit público (Bruselas sigue ampliando el plazo que concede al Gobierno español para reducirlo), tampoco es el momento de acabar con el déficit de tarifa a toda costa. Porque encadenando medidas retroactivas no se hace sino alimentar aún más la desconfianza de los inversores internacionales. Una parte no despreciable del déficit previsto para los próximos años consiste en intereses y amortización de la deuda acumulada en años anteriores. Lo mismo que aumenta la deuda pública por culpa de la crisis, puede igualmente aumentar la deuda tarifaria, porque lo importante es la sostenibilidad a largo plazo y las medidas que favorezcan la vuelta al crecimiento económico.
Tendría mucho más sentido una solución negociada con todos los productores eléctricos, a los que se le podría proponer un aplazamiento temporal de parte de los ingresos previstos (con el necesario apoyo del ICO) que se iría amortizando al mismo ritmo en que se fuera recuperando el consumo eléctrico una vez superada la crisis.
Convencer a UNESA de que las renovables están aquí para quedarse y de que se equivoca de oponente. No tiene sentido pelear por las migajas de consumo en el margen que le disputan las nuevas tecnologías, sino afrontar desafíos más ambiciosos. Hay arrancar definitivamente de las manos de los combustibles fósiles el monopolio en transporte (mercancías por tren, vehículos eléctricos) y profundizar en los servicios energéticos en el hogar.
Antes de tomar cualquier medida, el Gobierno debería poner en marcha la auditoria sobre el sistema eléctrico que la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético lleva reclamándole desde hace meses. Si el sector financiero ha visto recortados sus beneficios de forma abrupta con motivo de la crisis, no tiene lógica que las grandes empresas eléctricas mantengan casi incólumes sus resultados habiendo hecho, como los bancos, enormes inversiones en centrales de gas e infraestructuras de transporte que han acabado resultado tan desproporcionadas como la financiación del ladrillo por parte de los bancos.
