El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), el Proyecto de Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de modificación de la Ley de Costas de 1988, que a partir de ahora inicia su trámite parlamentario en el Congreso de los Diputados.
El aumento de la concesión de ocupación del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) a 75 años supone tener en propiedad una zona pública de por vida, abriendo paso a la especulación
El nuevo texto normativo resolverá la situación de vencimiento de las concesiones previstas en la anterior norma, la Ley de Costas de 1988, ya que calcula que hay cerca de 10.000 viviendas en dominio público marítimo terrestre (DPMT), la mayoría con un derecho anterior a 1988. En este punto, Medio Ambiente precisa que solo en 2018 expirarán alrededor de 1.100 concesiones de viviendas, lo que obligaría a su demolición.
De este modo, el Gobierno pretende acabar "con la indeterminación y ambigüedad existente desde hace décadas" que ha permitido, según Medio Ambiente, la proliferación de diversas ocupaciones irregulares. Además, el Ejecutivo considera que la nueva Ley generará confianza en actividad económica al contabiliziar cerca de 23.000 ocupaciones no residenciales, muchas de ellas generadoras "de un elevado volumen de empleo". Así, más de 1.700 son ocupaciones industriales y cerca de 3.000 'chiringuitos' (unos 1.300 restaurantes y 1.700 kioscos).
La reducción de la servidumbre de 100 a 20 metros en lugares como las rías es una medida totalmente alejada de la verdadera dinámica de estos ecosistemas y a la previsible subida del nivel del mar derivada del cambio climático
PRINCIPALES MODIFICACIONES
Respecto a las principales modificaciones, la nueva normativa define mejor el alcance del dominio público marítimo-terrestre (DPMT) y aplicar criterios técnicos para deslindar la costa, según Medio Ambiente. La reforma también introduce un régimen diferenciado para los tramos urbanos de las playas (las contiguas a suelos urbanizados) y para los tramos naturales de las playas (junto a espacios protegidos o suelo rural), para las que impondrá "un nivel de protección mayor" al vigente.
Para reforzar los mecanismos de protección del litoral, la Administración General del Estado tendrá la facultad de suspender en vía administrativa los actos y acuerdos adoptados por las entidades locales que afecten a la integridad del dominio público marítimo-terrestre o que supongan una infracción de las prohibiciones establecidas en la zona de servidumbre de protección, impugnando dichos acuerdos ante los tribunales para evitar que se reproduzcan casos de construcciones ilegales.
Otra medida contempla el impedimiento de nuevas edificaciones en el DPMT y la prohibición de que las necesarias obras de mejora en los edificios existentes supongan un aumento de volumen, altura o superficie. Por otro lado, para lograr una completa seguridad jurídica, se garantiza la información a los ciudadanos sobre sus propiedades y otros derechos por lo que los bienes de DPMT deben inscribirse en el Registro de la Propiedad.
También se ampliarán los plazos máximos de las concesiones hasta 75 años, como hacen otras leyes como la Ley de Aguas, siempre que se trate de actividades respetuosas con el DPMT. Ante la perspectiva del vencimiento de las concesiones vigentes a partir de 2018, se establece la posibilidad de una prórroga extraordinaria de las otorgadas antes de la entrada en vigor de la ley de reforma, por un plazo máximo de 75 años.
En cualquier caso, Medio Ambiente precisa que no se trata de "una prórroga indiscriminada" ya que en aquellos casos en los que las concesiones amparen ocupaciones para usos destinados a la industria extractiva, energética, química, petroquímica, textil y papelera "será necesario un informe ambiental específico para otorgar la prórroga".
Ecologistas en Acción advierte de la degradación del litoral y la grave amenaza que conlleva la nueva Ley de Costas
Ecologistas en Acción teme que el Ministerio de Medio Ambiente pretrenda desmantelar la legislación ambiental. El primer paso es la modificación de la Ley de Costas de 1988, privando a la sociedad de un uso público de la costa y de la protección de la misma
El aumento de la concesión de ocupación del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) a 75 años supone tener en propiedad una zona pública de por vida, abriendo paso a la especulación. Los intereses privados se ponen por delante de los públicos, de los de toda la ciudadanía.
Además, Ecologistas en Acción critica que se excluyan del DPMT un total de 11 zonas asociadas a la costa sin ningún criterio científico ni justificación técnica. Es una medida que abunda en la privatización del litoral y en su desprotección.
La reducción de la servidumbre de 100 a 20 metros en lugares como las rías es una medida totalmente alejada de la verdadera dinámica de estos ecosistemas y a la previsible subida del nivel del mar derivada del cambio climático. Ignorar esta realidad acarreará grandes perjuicios sociales y económicos a las poblaciones asociadas a las costas y a las rías.
Ecologistas en Acción subraya que la reforma aprobada no trae soluciones, sino que genera nuevos problemas por el cambio de rumbo que supone con respecto a la anterior ley. Tampoco incrementará la seguridad jurídica, pese a lo que argumente el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. La gran cantidad de excepciones, casuísticas infinitas y desigualdades de tratamiento que recoge tendrá el efecto contrario: la incertidumbre jurídica.
Si el contenido de la reforma es censurable, también lo es el modo en el que se ha llevado a cabo su aprobación, sin la necesaria participación social. Desde el Ministerio de Medio Ambiente se adquirió hace pocas semanas el compromiso verbal de debatir la reforma con organizaciones ecologistas y dar espacio para recoger sus alegaciones. Esta promesa ha sido incumplida con la inesperada aprobación de hoy en el Consejo de Ministros.
