La Plataforma presenta más de 1.600 firmas recogidas en el portal Change.org en la que se pide al Ministro Soria que pare el derroche de dinero público en el proyecto del ATC
Más de dos tercios de las adjudicaciones de Enresa en el ATC, fueron a la empresa en la que es Consejero el marido de María Dolores de Cospedal. Así lo ha denunciado la Plataforma contra el cementerio nuclear en Cuenca que ha presentado este jueves una nueva denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción.
La Plataforma señala que desde la entrada de Ignacio López del Hierro en Iberinco, hasta la actualidad, esta empresa (directamente o a través de empresas participadas) recibió adjudicaciones de Enresa, en 5 contratos, por valor de 36,99 millones de Euros (IVA incluido), sobre un total de 54,71 millones de Euros (IVA incluido), adjudicaciones relacionadas con el ATC. En todos los casos se tratan de UTE, en las que participa Iberinco o bien empresas como GHESA y “Empresarios Agrupados”, en las que Iberinco tiene una importante participación accionarial.
En su escrito de denuncia, la Plataforma aporta nueva documentación (18 documentos) en los que pone de manifiesto la sincronización entre el nombramiento de Francisco Gil-Ortega como presidente de Enresa y la entrada de Ignacio López del Hierro en Iberinco. Ambos en mayo de 2012.
ESTRECHA RELACIÓN ENTRE COSPEDAL Y GIL-ORTEGA
También se pone de manifiesto la estrecha relación entre Cospedal y Gil-Ortega, persona de su confianza, con una larga trayectoria política (entre otras cargos fue alcalde de Ciudad Real y presidente de las Cortes Regionales) y con nula experiencia en el sector nuclear.
Francisco Gil-Ortega Rincón tuvo que dimitir en febrero de 2015 cuando estaba a punto de adjudicar la Obra Civil Principal, con un valor de licitación de 217.760.000 € y que actualmente se encuentra pendiente de adjudicación. El ministerio de Industria desautoriza a Gil-Ortega por las prisas de adjudicar la obra principal sin tener ninguno de los permisos perceptivos y en especial el dictamen del Consejo de Seguridad Nuclear.
Lejos de parar las licitaciones del ATC, el pasado 5 de noviembre se adjudicó un nuevo contrato a la UTE Proyecto ATC (Gas Natural- Iberdrola) por valor de 2,76 millones de Euros. Se trata del “Servicio de ingeniería de apoyo al licenciamiento para el almacén de espera de contenedores y el módulo de residuos especiales del ATC”. A pesar de que el proyecto del ATC está parado desde el 30 de julio pasado. Además, esta adjudicación se realizó mediante negociación con la UTE sin ninguna otra oferta.
La Plataforma sigue con su campaña "No pago ATC", difundiendo etiquetas en las redes sociales en las que se denuncia el desvío de fondos públicos hacia fines distintos a la gestión de los residuos nucleares. Con la entrega este mismo jueves de 1.608 firmas, la Plataforma pide al Ministro Soria que deje de “derrochar dinero público en un ATC bloqueado e innecesario”. En este sentido, recuerda que ya existen o existirán en breve almacenes en las centrales nucleares y tras el inicio de procedimiento de protección de la zona, no existe posibilidad legal de continuar con el proyecto. La petición sigue abierta.
MÁS DE 16 MILLONES EN COMPRAR VOLUNTADES
Se trata de obras no vinculadas a la gestión de residuos y subvenciones a diferentes entidades de Castilla-La Mancha
La Plataforma también denuncia que Enresa se ha gastado más de 16 millones en “comprar voluntades en el ATC”. Se trata de obras no vinculadas a la gestión de residuos y subvenciones a diferentes entidades de Castilla-La Mancha.
El dinero (16,34 millones) pertenece a los fondos públicos que administra Enresa para la gestión de residuos radiactivos y con un destino marcado en el “6º Plan General de Residuos Radiactivos”. El gasto se efectuó, bien en adjudicaciones directas, mediante convenio o a través de la Fundación Enresa.
En el nuevo escrito a la Fiscalía Anticorrupción, se aportan nuevos documentos que apoyan la denuncia presentada el 18 de diciembre y se presenta un mapa con las obras de carreteras demostrando la nula vinculación de varios tramos licitados con el transporte de los residuos nucleares.
Los principales beneficiarios en obras han sido (por este orden) Construcciones Sarrión S.L. con 3,52 millones de Euros, OHL S.A., con 2,98 millones y Obras Públicas y Regadíos S.A con 2,88 millones.
Del contenido de los convenios nada se sabe, fueron solicitados por escrito por la Plataforma tanto a Enresa, como a la Consejería de Fomento, con resultado negativo.
Tampoco se descartan otras adjudicaciones por parte de la Diputación de Cuenca, caracterizada (como así lo puso de manifiesto “Transparencia Internacional”) por su opacidad, precisamente, en aspectos relacionados con la adjudicación de contratos.
Además de Villar de Cañas, el municipio más beneficiado por estas obras es Fuentelespino de Haro pues mejora sus accesos a la A-3 y la N-420 (carretera de Alcazar) y sin embargo por esos tramos no circularían residuos nucleares. No hay que olvidar que el alcalde de esta localidad es el Presidente de la Diputación Provincial de Cuenca, caracterizado por la encendida defensa del proyecto del ATC.
La Fundación Enresa (ahora desaparecida), también ha aportado, a la “Semana de Música Religiosa de Cuenca” y a entidades deportivas conquenses, pero no consta en la web de Enresa la cuantía de estas aportaciones. Si consta, la mejora de la piscina municipal de Villar de Cañas por valor de 14.000 Euros, dejando bien a las claras las intenciones de Enresa.
FAVORECER LA POSICIÓN POLÍTICA DE COSPEDAL
Para Marta Pérez (coportavoz de la Plataforma) “La presidencia de Enresa ha empleado buena parte del dinero público que tiene encomendado por ley para la gestión de los residuos radiactivos, a la compra de voluntades, realizando un enorme derroche de dinero público para congratularse con los vecinos y favorecer la posición política de Cospedal y Benjamín Prieto”.
“En esta línea, nos gustaría conocer de dónde sale el dinero de la pretendida plataforma de afectados por la ZEPA, pilotado por la secretaria de Villar de Cañas y el Alcalde y que ha gastado importantes sumas en pagar un bufete de abogados de Madrid. Es legítimo defender intereses particulares, pero no es ético hacerlos pasar por generales, a costa de la ruina de toda una comarca, en especial de agricultores y ganaderos y con apoyo de dinero público" ha finalizado Pérez.
