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lunes. 04.07.2022
CARA A LA CUMBRE DE LA CONFERENCIA DE RIO+20

El Gobierno español se apunta al negocio de la “economía verde”

Ecologistas en Acción denuncia los planes del Ejecutivo cara a la Conferencia que se celebrará a finales de junio en la capital brasileña vuelta de tuerca más en la privatización de la naturaleza y la apropiación del bien común.

Esta semana, el Secretario de Estado de Medio Ambiente, en su papel de presidente del PNUMA, hizo un llamamiento a sus colegas ministros del ramo, en la reunión preparatoria de la Conferencia de Rio+20, para que consideraran la gestión de los ecosistemas como una oportunidad económica para salir de la crisis. Para Ecologistas en Acción esta apuesta por la llamada "economía verde" es una vuelta de tuerca más en la privatización de la naturaleza y la apropiación del bien común, con consecuencias nefastas para el planeta y para los más pobres.

El estreno de Federico Ramos de Armas, Secretario de Estado de Medio Ambiente, como presidente del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), dejó clara cual es la apuesta del gobierno español de cara a la Conferencia de Rio+20, que se celebrará a finales de junio en la capital brasileña, 20 años después de la famosa cumbre de la Tierra. Tras insistir en la idea ya pregonada por el ministro Arias Cañete de que la protección ambiental solo puede ir de la mano del crecimiento económico, Ramos de Armas dejó entrever que la gestión de los ecosistemas interesa porque puede generar dividendos, en línea con la llamada "economía verde" abanderada por las grandes corporaciones, que bajo el discurso de la sostenibilidad pretenden hacer caja en Rio+20.

Ecologistas en Acción quiere alertar sobre este empuje pretendidamente sostenible de los grandes grupos económicos. La economía verde, no traerá tal como se plantea y en contra de lo que se afirma, solución a los problemas ambientales y justicia social. Tras 20 años de aplicar recetas de crecimiento, la situación ambiental es peor y la desigualdad social mayor. Para Ecologistas en Acción esta situación de injusticia social y ambiental seguirá no solo existiendo sino que se hará aún más profunda mientras no cambie el modelo económico que la sustenta: un modelo basado en el crecimiento continuo y sin fin, que necesita consumir cada vez más recursos para seguir funcionando, y que solo puede hacerlo a costa del medio ambiente y de las poblaciones más desfavorecidas.

La economía verde que se plantea a día de hoy es una forma más de capitalismo, que por lógica estructural no podrá ser nunca inclusivo ya que se basa en la diferencia. Al tiempo que se reconoce que los recursos son finitos, solo se plantean medidas de eficiencia en el uso de los mismos, no una reducción absoluta hasta converger con la "cuota ecológica" de cada país. Frente al horizonte del agotamiento de los combustibles fósiles, en lugar de proponer unas hojas de ruta de disminución de la producción y el consumo de energía en los países enriquecidos, que permita un incremento en los países más empobrecidos hasta niveles dignos de bienestar material, se plantean parches para mitigar el problema presente de las emisiones, como la captura de carbono, la geoingeniería, o la biología sintética. Oportunidades de negocio para las grandes corporaciones.

Frente a las falsas soluciones es necesario contraponer justicia ambiental y social. En un mundo en crisis con recursos limitados, hay que priorizar las acciones que contribuyan a la redistribución de la riqueza y a la transición hacia un modelo realmente sostenible antes que a aventuras tecnológicas que solo conducen a más desigualdades y al debilitamiento de las instituciones democráticas mientras crece el poder de las corporaciones, tal como la experiencia nos demuestra.

Ecologistas en Acción urge a los gobiernos reunidos en Río+20 a cambiar radicalmente el enfoque y trabajar por una economía ecológica, que opere dentro de los límites de los ecosistemas y que consiga satisfacer las necesidades reales de la ciudadanía, que ha de ser necesariamente parte de las soluciones.

El Gobierno español se apunta al negocio de la “economía verde”
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