El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, tras más de 9 años de tramitación, cuajada de avances y retrocesos, ha dado luz verde el 17 de febrero pasado a la creación del Parque Nacional que hará el número 15 de los que existen en España.
Con 33.664 hectáreas, 21.740 de ellas situadas en la Comunidad de Madrid y 11.924 en Castilla y León, será el quinto más extenso de nuestro país y tras las alegaciones presentadas, se ha visto incrementado en 1.965 hectáreas más de las que en principio habían sido proyectadas.
El Parque Nacional de las Cumbres de la Sierra de Guadarrama (que es como lo ha denominado finalmente el Gobierno regional) afecta a 12 municipios: Alameda del Valle (653 hectáreas), Becerril de la Sierra (407 ha), El Boalo (525 ha), Cercedilla (1.143 ha), Lozoya (1.266 ha), Manzanares el Real (6.928 ha), Miraflores de la Sierra (417 ha), Navacerrada (894 ha), Navarredonda y San Mamés (706 ha), Pinilla del Valle (700 ha), Rascafría (7.881 ha) y Soto del Real (153 ha), territorios que se encuentran ya integrados en el Parque Natural de Peñalara, así como en parte del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares y cuenta con espacios incluidos en la Red Natura y declarados Montes de Utilidad Pública. En la zona castellano leonesa, son 16 los municipios incluidos.
La oposición política, PSOE e IU, así como el movimiento ecologista madrileño y los sindicatos, han manifestado que no es solamente cuestión de cantidad, sino de calidad y que el proyecto aprobado por el Gobierno de Aguirre, deja fuera de la protección espacios tan emblemáticos como el Pinar de los Belgas, las estaciones de esquí de Navacerrada y Valdesquí y el entorno de municipios muy presionados por la especulación urbanística.
CC.OO. en concreto considera "inaceptable" la fragmentación del espacio natural que favorece, a su juicio, usos incompatibles con un parque nacional porque "no garantiza la continuidad de la funcionalidad y coherencia ecológica del Guadarrama", una zona que considera "seriamente dañada ya por el ladrillo y la expansión urbana" y advierte que lo que pretende la propuesta regional es "allanar el camino para que buena parte de las más de 40.000 nuevas viviendas y cuatro campos de golf proyectados se hagan realidad".
Desde que en 1880 se crea la Sociedad para el Estudio del Guadarrama y seis años después Giner de los Ríos publica su célebre artículo “Paisaje” en el que expresa el descubrimiento de los valores naturales, históricos y culturales de esa zona madrileña, han sido muchos los intentos de proteger la sierra de Madrid. En los primeros años del siglo XX se inician los movimientos más claros encaminados a ese fin, que se concretan de forma muy genérica, a petición de la Real Sociedad Española de Alpinismo Peñalara y de la Real Academia Española en 1930, cuando se declara por Decreto, Sitio Natural de Interés Nacional la cumbre de Peñalara. Posteriormente será Indalecio Prieto en 1933 quien lo trate de desarrollar como “parque público”, proceso interrumpido por la Guerra Civil que no se tratará de volver a poner en marcha de nuevo hasta el proyecto no nato de 1956 sobre el Valle de El Paular.
Durante todo este tiempo transcurrido, los intentos de proteger el conjunto de la sierra madrileña, han ido parejos a las intenciones y acciones especulativas, con grave peligro de deterioro de esta zona natural de la Península Ibérica.
La Asamblea de Madrid hubo de hacer frente, ya a finales de los años ochenta a un intento de construir una urbanización de lujo en las cercanías del puerto de Cotos como consecuencia de un olvidado, pero jurídicamente resucitado, proyecto urbanístico de la era Fraga en el entonces Ministerio de Información y Turismo, que tras años de paralización, volvía a cernerse amenazante sobre el más emblemático espacio natural madrileño. Hubo una comisión de investigación entonces que, por unanimidad – eran otros tiempos - acordó promover la protección del entorno de Peñalara, lo que se plasmó en 1990 gobernando Leguina con apoyo de IU, en la Ley del Parque Natural de la Cumbre, Circo y Lagunas de Peñalara, aprobada en la Cámara Regional, que protege 768 hectáreas, con un ámbito territorial de influencia que se extiende hasta las 15.030 hectáreas.
De octubre de 2001 data el posterior intento de abordar una protección integral más allá de las cumbres, que parte de un acuerdo también unánime en la Asamblea de Madrid que insta al Gobierno de Gallardón a iniciar los trámites de creación de un Parque Nacional de acuerdo con el vecino Gobierno de Castilla y León, lo que ponen en marcha los respectivos Consejeros de Medio Ambiente en 2002, iniciando un proceso que se eterniza, hasta que por fin en 2006 se presentó y aprobó, ya con Esperanza Aguirre, un primer Plan de Ordenación de los Recursos naturales de la Sierra de Guadarrama, paso previo al procedimiento para avanzar hacia la declaración del conjunto como Parque Nacional, con el voto en contra de la oposición de izquierdas y en medio de la controversia en la Comunidad de Madrid, entre el Gobierno Regional y los movimientos sociales por un lado y con los vecinos de la Comunidad de Castilla y León, participantes en el proyecto, por otro.
Después de casi tres años de tramitación y controversias, en noviembre de 2009 el Gobierno de Esperanza Aguirre aprobó un nuevo Plan de Ordenación (PORN), contestado de nuevo por la izquierda y los ecologistas por insuficiente.
El encargado de la elaboración del primer documento fue el insigne profesor y geógrafo, Eduardo Martínez de Pisón, quien en todo este tiempo de debates ha mantenido una postura que ha integrado la indudable calidad científica de sus apreciaciones y un sentido pragmático que él mismo ha concretado con esta frase: “… la mayoría de los ciudadanos sí somos partidarios de dicho Parque Nacional, principalmente de su propuesta más ponderada y rica, pero también de la aminorada, porque, al menos, algo es algo”. Para Martínez de Pisón, que coincide con los que consideran que no tiene sentido la mutilación de espacios importantísimos desde el punto de vista de la conservación de los ecosistemas del Parque, lo prioritario es que se apruebe su creación legal, porque una vez conseguido, será “un soporte para su propia mejora y para su extensión, siempre factible, siempre más realizable a partir de su plasmación, porque el parque se asentará e irradiará su modelo mejor”.
Aún le queda un largo trecho por delante a este Parque Nacional tan ansiado por todos los que creemos en la ineludible obligación de dejar en herencia a nuestros descendientes una auténtica joya natural milagrosamente conservada a pesar de todo y de preservar la fuente de las aguas y los aires limpios de nuestra región. Primero deberá ser debatido y aprobado en la Asamblea de Madrid y luego, por ser integrante de la red estatal, deberá pasar por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y finalmente debe ser aprobado por las Cortes Generales, todo ello en un momento de fin de etapa en las Comunidades implicadas y a nivel del Estado. ¿Será esta verdaderamente ya la recta final?
