viernes. 29.03.2024
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Macri en una imagen de archivo.

Ante la confirmación de la participación del gobierno de Mauricio Macri en el golpe de Estado sufrido por Bolivia en 2019, organismos de Derechos Humanos emitieron un comunicado en el que solicitan la captura del ex presidente argentino


Los medios hegemónicos argentinos intentan silenciar el escándalo desatado tras conocerse la colaboración argentina en el golpe que obligó a Evo Morales a abandonar la presidencia de Bolivia. Sin embargo diversos organismos internacionales de Derechos Humanos avanzan en el pedido de captura y juicio por crímenes de lesa humanidad contra el responsable del envío de armamento destinado a reprimir y asesinar al pueblo boliviano.

La excusa de la “persecución” de la que se aferra el ex mandatario ha quedado sin efecto tras las pruebas irrefutables presentadas por el gobierno de Bolivia. Mauricio Macri, que en noviembre de 2019 había sido derrotado en las elecciones, jugó su última carta desde la Casa Rosada firmando el envío de un arsenal de armamento destinado al gobierno de facto de Jeanine Áñez que no dudó en masacrar a quienes manifestaron su defensa de la democracia.  

Por orden del gobierno de Macri se enviaron ocultos en aviones Hércules a Bolivia más de 40 mil cartuchos de alto calibre, granadas y gases lacrimógenos. Las masacres de Senkata, Sacaba y el Pedregal, que arrojaron como resultado decenas de muertos, tuvieron la participación del por entonces gobierno argentino. Fue el mismo Mauricio Macri el primero en felicitar a la flamante presidenta golpista de Bolivia y, paralelamente, negarle a Evo Morales asilo en Argentina.

Jeanine Áñez y su Ministro del Interior, Arturo Murillo –ambos tras las rejas esperando sentencia- serán juzgados por crímenes de lesa humanidad. Habiéndose comprobado ya que el armamento utilizado por los golpistas en Sacaba y Senkata contra los manifestantes fue enviado por el gobierno argentino, Mauricio Macri deberá responder ante los tribunales bolivianos por esos mismos delitos.

Ni bien producido el golpe en Bolivia, Alberto Fernández –que ya era presidente electo- habló por teléfono con Mauricio Macri para que le diera refugio a Evo Morales. Pero Macri, enfurecido por su derrota electoral, se negó. Igual que un niño mal criado, el ex mandatario sobre el que pesan 214 causas por delitos de toda índole, ya había dado señales de ser cómplice del nuevo Plan Cóndor que amenazaba a las democracias de Latinoamérica. Lo hizo en Argentina entregando la soberanía económica a intereses foráneos mediante un préstamo impagable con el FMI. Lo hizo dando guiños a los gobiernos de derecha de la región y orquestando la persecución de los líderes populares. Lo hizo cuando, enardecido por su derrota en las elecciones primarias de 219, le dio órdenes al Banco Central para que dejara que el dólar se disparase y poder manifestar, en la conferencia de prensa posterior a los comicios: “Esto es una muestra de lo que puede pasar si vuelve a ganar el populismo”.

Mauricio Macri deberá responder ahora por un delito mucho mayor de los que hasta el momento se ha librado de pagar. Y no será la justicia argentina la encargada de su sentencia. Los medios de comunicación del poder económico concentrado que supieron protegerlo y lavar su pasado de contrabandista, ya no pueden sostenerlo. Nunca antes en la historia de la democracia un gobierno argentino había colaborado con un golpe de estado en un país vecino. Pero Mauricio Macri rompe el molde. Y esta vez, con un golpe –pero de suerte- no lo salva ni Clarín.

No lo salva ni Clarín