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sábado. 04.02.2023
ARGENTINA

La justicia al banquillo

El oficialismo formalizó el pedido de juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia

Desde 1912, el Palacio de Tribunales es la sede de la Corte Suprema

Reza un refrán que “buena es la justicia si no la doblara la malicia”. Y si de malicia se trata, las evidencias que dejan al descubierto la asociación ilícita de los miembros de la Corte argentina son, por lo menos, difíciles de refutar.

El pedido de juicio político al Presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti y a su equipo en el Tribunal, tiene asidero en una serie de episodios que rebelan el mal desempeño y, en el peor de los casos, la intencionalidad y alevosía con las que los responsables de impartir justicia ejercen su particular versión del Derecho. Conductas que involucran a los magistrados, y que el Gobierno nacional y a las provincias firmantes del pedido de juicio, entienden que “pueden ser violatorias de leyes y de la propia Constitución Nacional”.

La connivencia entre jueces federales, un Ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otros estamentos del Poder judicial, son la clara muestra de la falsa justicia a la que está sometida la Argentina

Los responsables de la Corte Suprema de Justicia han decidido arbitrariamente invadir las esferas de las competencias exclusivas y excluyentes de los restantes poderes, quebrando de esta manera el sistema republicano y, en particular, el principio de división de poderes; lo que representa un atentado al normal desenvolvimiento de la democracia.

Lo que quedó al descubierto en los chats entre jueces y magistrados, y que ha provocado el pedido de juicio político por parte del oficialismo, es el manejo mafioso del poder real argentino; es el lawfare ejercido sin descaro por la corporación mediática, económica y judicial.

La connivencia entre jueces federales, un Ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otros estamentos del Poder judicial, son la clara muestra de la falsa justicia a la que está sometida la Argentina. El vínculo directo entre el mismo ministro de Seguridad y Justicia de Buenos Aires, y un colaborador directo del Presidente de la Corte Suprema, es contrario a la legislación y a la ética.

Es el modo a través del cual han favorecido la entrega de la coparticipación –que corresponde a las provincias—a la ciudad más rica del país, con el propósito de ceder licitaciones al Jefe de Gobierno Porteño, el macrista Horacio Rodríguez Larreta, alcalde que ha hecho literal, al igual que Mauricio Macri, esa máxima que reza  “hazte amigo del juez”.

Se trata de la Corte Suprema que sin pruebas condenó y proscribió de por vida para el ejercicio de cargos públicos a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El aporte económico de coparticipación que esta misma Corte pretende por imposición entregar al alcalde porteño, es una operación comparable a la que Mauricio Macri implementó con el Fondo Monetario Internacional al recibir para su campaña política de 2019, 45 mil millones de dólares que generaciones de argentinos están obligados a pagar.

A 40 años del retorno de la institucionalidad y el fin del terrorismo de Estado, la Argentina se enfrenta ahora a un nuevo reto histórico: Sentar en el banquillo a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia.

La justicia al banquillo