@jgonzalezok | El reciente intento de blanquear la dictadura venezolana y la figura de su presidente, Nicolás Maduro, sigue provocando una polémica en la que hay sectores de la izquierda que se muestran en contra de la iniciativa del presidente Lula de hablar de una narrativa que demoniza a Venezuela. El presidente de Chile, Gabriel Boric, que fue uno de los 11 presidentes latinoamericanos que participaron en la cumbre informal en Brasilia, volvió a plantear que la defensa de la democracia y los derechos humanos no debe tener signo político. Hay gobiernos de derecha que violan los derechos humanos, como los hay de izquierda que también lo hacen. Pero todos deben ser condenados.
La polémica coincide con el 10 aniversario de la llegada de Maduro al poder (marzo de 2013) y con los preparativos de una nueva elección, a la que las fuerzas opositoras llegan de nuevo con absoluta desventaja. El régimen venezolano se divide en dos etapas. La primera, con su fundador Hugo Chávez vivo, duró 14 años, entre 1999 y 2013. La segunda, protagonizada por Nicolás Maduro, va por los 10 años. Desde el comienzo hasta ahora hay una constante: la democracia entró en un proceso de deterioro y destrucción. Un proceso paralelo al de la pauperización de todos sus ciudadanos, a menos que formen parte de la élite civil o militar que gobierna.
A medida que el régimen ha venido perdiendo apoyo -que lo tuvo, al principio- se vio obligado a acudir al fraude electoral. En las elecciones de 2017 para la Asamblea Constituyente, la empresa Smartmatic, que venía dando soporte técnico en los procesos electorales, denunció que la votación fue adulterada e inflada. Y observadores electorales diversos confirmaron en las últimas elecciones irregularidades suficientes para descalificarlas.
Desde el comienzo hasta ahora hay una constante: la democracia entró en un proceso de deterioro y destrucción
Las presiones internacionales llevaron al gobierno a aceptar varias rondas de diálogo con la oposición, pero todos fracasaron. ¿Qué puede ofrecer el régimen a la oposición? Nada, solo la promesa de unas elecciones en las que algunos pueden participar, pero de las que nada serio cabe esperar.
Aún diezmada y perseguida, la oposición ganó elecciones importantes, como la de diciembre de 2015, cuando logró la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. Pero el régimen las ignoró. Activó al Tribunal Supremo de Justicia para que dejara sin efecto todas las actuaciones del parlamento y decidió que convocaba una Asamblea Nacional Constituyente para asumir las funciones en la práctica de la Asamblea opositora. Una práctica que venía de antiguo, que empezó cuando el opositor Antonio Ledezma ganó la Alcaldía Mayor de Caracas, en 2008. Ahí, el chavismo despojó de competencias la alcaldía elegida por el pueblo, se incautó de sus recursos y hasta su sede, pasando todo a manos del Gobierno del Distrito Capital, dependiendo directamente del gobierno central.
Por eso, cabe preguntarse: ¿Puede haber elecciones libres, justas y equilibradas en un país con ejecuciones extrajudiciales, presos políticos, candidatos inhabilitados, censura de prensa, persecución a medios y periodistas, con una Justicia sometida, fuerzas armadas partidistas, sin ningún órgano de control independiente? ¿O solo es posible una elección no competitiva?
Las ejecuciones extrajudiciales fueron más de 19.000 entre 2016 y 2019. Otras 300 personas murieron por disparos de militares, policías o grupos paramilitares chavistas, en el contexto de manifestaciones callejeras. Ahora mismo hay 269 presos políticos, que a menudo son torturados en oscuros lugares más propios de los centros clandestinos de detención de Argentina y Chile, en la década del 70. En esta década pasada, diez presos políticos murieron bajo custodia del régimen, bien por las condiciones inhumanas de detención, a consecuencia de la tortura o por denegación de asistencia médica. Este fue el caso del general Baduel, hombre clave para impedir la victoria del golpe contra Chávez en 2002, pero caído fatalmente en desgracia al manifestar diferencias con el régimen. Además de los dirigentes políticos obligados a partir al exilio, muchos de ellos huyendo de forma clandestina, el chavismo inhabilitó a unos 2.000 dirigentes opositores.
Además de los dirigentes políticos obligados a partir al exilio, muchos de ellos huyendo de forma clandestina, el chavismo inhabilitó a unos 2.000 dirigentes opositores
En los 10 años de gobierno de Maduro más de 200 medios de comunicación han sido cerrados, decenas de periodistas fueron arrestados y 7 asesinados. El Instituto Prensa y Sociedad denunció que el año pasado hubo 40 casos de bloqueo a medios digitales. Los ataques discursivos y criminalizadores contra la prensa crítica caracterizaron la persecución digital a través de las redes sociales, aumentando el efecto amedrentador y de silencio que ha logrado inhibir la difusión de información sobre asuntos de interés público en el país.
Todos estos datos constan en informes de la ONU, la OEA, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y otros organismos, y están en manos de la Corte Penal Internacional, que abrió una investigación sobre crímenes de lesa humanidad de Maduro en 2021.
La dictadura tiene un fuerte componente militar. Son 150.000 uniformados, con más de 2.000 altos mandos, diez veces más que en la época de Chávez. El número de generales y almirantes es proporcionalmente el doble de los que hay en Estados Unidos.
En julio del 2020, el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López advirtió que los opositores nunca iban a poder ejercer el poder político: “Mientras haya una fuerza armada como la que tenemos hoy, antiimperialista, revolucionaria, bolivariana, nunca podrán ejercer el poder político en Venezuela”. Para los uniformados disidentes está la cárcel. Ahora mismo hay 113 militares presos por razones políticas.
Queda por ver hasta dónde el gobierno permitirá que instancias internacionales independientes puedan hacer una labor de control y observación de la contienda
El ex presidente del gobierno español, Felipe González volvió a manifestarse recientemente sobre un país al que viajó decenas de veces durante su carrera política: “Estoy en contra de blanquear lo que no se puede blanquear. Maduro es responsable de crímenes de lesa humanidad”. Y añadió: “¿Alguien piensa que Maduro va a pactar elecciones limpias, con garantías, después de la construcción de estructuras (de represión) que ha hecho?”.
Es imposible imaginarse una retirada pacífica del poder de Maduro, Diosdado Cabello y el resto de la camarilla bolivariana. Y conviene recordar que celebrar elecciones no competitivas sirvió en el pasado a otros dictadores. Uno de los más crueles del continente, el paraguayo Alfredo Stroessner, en los 35 años en que estuvo en el poder (1954-1989), celebraba elecciones cada cuatro años, puntualmente en febrero, contando con candidatos alquilados para que hicieran el triste papel de opositores.
Las próximas elecciones presidenciales en Venezuela están previstas para el 2024, aunque todavía sin fecha exacta. La oposición ya convocó para el 22 de octubre la elección primaria. Queda por ver las condiciones que enfrentarán los candidatos opositores y hasta dónde el gobierno permitirá que instancias internacionales independientes puedan hacer una labor de control y observación que certifique la limpieza de la contienda.
