sábado. 02.03.2024
Resolver la desigualdad y cumplir el Acuerdo de Paz es una prioridad del Gobierno del Cambio: presidente Petro al Consejo de Seguridad ONU
Foto: César Carrión. (Presidencia Colombia)

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Tengo una especial predilección por todos los países sudamericanos. Las razones son varias. Una de ellas, probablemente la más trascendente, es que  España tiene contraída una deuda histórica con todos ellos. No supimos hacerlo bien. Así me lo hizo ver con claridad en una visita de intercambio educativo que hicimos en el 2008 desde el Gobierno de Aragón a Colombia, Lorenzo Muelas Hurtado, exsenador indígena colombiano. Los abandonamos a su suerte, al concederles la independencia empantanados en todo un conjunto de problemas de carácter social, económico y político, en los que no se vislumbra solución alguna. Y entre todos ellos, mi preferencia es por Colombia, un país, como dice una de sus más perspicaces periodistas Aura Lucía Mera: Enmarcado por dos océanos, llanuras eternas, ríos bravos y selvas impenetrables. Un territorio paradisiaco, tropical y sensual, lleno de ritmos y frutas, de aves de colores... un país en el cual —como anotaba un amigo—  “alguien estornuda y crece el árbol del pan... Mas también afirma con profundo dolor:  Pero el insecto putrefacto de la Leishmaniasis nos envenenó el alma. Nos contagió a todos. Nos carcomió el alma y desgarró los sentimientos. Nos condenó a todos a pudrirnos en medio del paraíso, a portar esta enfermedad incurable que nos corroe y oxida la mente y el corazón. Nos despedazamos a dentelladas. Noticieros de radio y televisión se llenan de sangre diariamente. Nos lavamos las manos en el mismo estiércol y nos limpiamos con diferentes lados de la misma toalla. Cada cual barre su porquería hacia dentro y la que sobra la avienta al vecino..

Las palabras de Aura son muy duras, aunque no hacen sino reflejar una situación real. Hace ya 60 años que Colombia tiene un conflicto armado, que parece se está encauzando. Mas, también tiene otros problemas gravísimos como el narco y los paramilitares.  Además de la pobreza y una pavorosa desigualdad social.

En mi artículo anterior Algunas reflexiones sobre la historia de la Justicia en España recurría a una cita: El protagonismo de los jueces enorme y continuo ya lo avisaba el jurista brasileño Dalmo de Abreu Dallari en 2006 al afirmar que nuestro siglo XXI sería el del poder judicial: el XIX había sido el del parlamentarismo por su novedad y su papel como productor de derecho, el siglo XX, el de las dictaduras había sido el del poder ejecutivo. Este protagonismo de los jueces lo observamos en nuestra España, pero no solo aquí, es extensible a otros países, especialmente en Sudamérica. Se pueden cambiar los gobiernos a través de las togas o impedir que determinados políticos lleguen al poder. Se le impidió presentarse a las elecciones en Brasil a Lula por un proceso judicial falso, dirigido por el juez Moro, que posibilitó la llegada al poder a Bolsonaro. El profesor de la Universidad Federal de Río Grande del Norte en Porta Alegre, Andrés Ferrari Haines lo explicó en un artículo muy clarificador sobre el apresamiento de Lula, titulado Un proceso judicial falso.

Ahora mismo observamos el protagonismo de los jueces en Colombia. Lo explica la editorial del periódico mejicano La Jornada de 9 de febrero de título muy explícito: Golpismo: de los tanques a las togas. Lo fundamental es que el pueblo colombiano aguarda expectante el final del periodo de Francisco Barbosa al frente de la Fiscalía General de la Nación como una oportunidad inédita para contar con un Ministerio Público democrático, apegado a las leyes y a los derechos humanos, y no a sus intereses de grupo y sus filias y fobias ideológicas. Pero, la Suprema Corte de Justicia, por mayoría se negó a elegir, como marca la ley, a una de las candidatas propuestas por el presidente Gustavo Petro y aplazó de una manera indefinida la elección. El caso resulta especialmente lamentable por las probadas capacidades y el perfil idóneo de las tres juristas propuestas por el mandatario, Luz Adriana Camargo Garzón, Ángela María Buitrago Ruiz y Amelia Pérez Parra. En su terna, Petro rompió con la tradición de la clase política oligárquica de incluir a ex ministros, amigos personales, y cubrir cuotas políticas. En cambio, las mencionadas son mujeres que han luchado contra la corrupción, la parapolítica (la simbiosis entre la ultraderecha institucional y los escuadrones de la muerte contrainsurgentes financiados por empresarios y terratenientes, mucho tiempo tolerados e incluso protegidos por el Estado) y otras lacras del país andino, además de ser defensoras incansables de los derechos humanos que han obtenido reconocimiento internacional por su labor. De manera cínica, los magistrados que paralizan la democracia se dicen víctimas de presiones ilegales e incluso de secuestro por parte de los manifestantes que acudieron a la sede del Poder Judicial para reclamarles el cumplimiento de su deber. El presidente de ese organismo calificó de inaceptable que se llegue a sitiar a jueces, cuya independencia, autonomía e imparcialidad debe ser impulsada y promovida tanto por la sociedad como por los poderes públicos del Estado, quizá sin percatarse de que los ciudadanos justamente impulsaban la independencia, autonomía e imparcialidad extraviada por él y sus colegas. Este encontronazo entre el Ejecutivo y la sociedad, de un lado, y el aparato de impartición de justicia, por otro, refleja el atrincheramiento de la ultraderecha colombiana en los ministerios públicos y los tribunales después de perder la Presidencia en los comicios de 2022. Como ha ocurrido durante el decenio reciente en Perú, Brasil, Guatemala, Argentina, Ecuador, México y otras naciones latinoamericanas, fiscales y jueces se han convertido en organizadores o facilitadores de golpes de Estado denominados blandos porque los tanques y las bayonetas militares son sustituidos por indagatorias sin sustento, abusos procesales y prevaricación. En Colombia, fiscales y togados han emprendido una persecución tan arbitraria como implacable contra el entorno del primer presidente de izquierda en la historia del país; mostrando mucho más interés en el golpeteo político que en resolver los llamados abiertos a deponerlo o las amenazas contra la vida de Petro y la vicepresidenta Francia Márquez.

En Colombia, fiscales y togados han emprendido una persecución tan arbitraria como implacable contra el entorno del primer presidente de izquierda en la historia del país

No hace falta mucha imaginación para observar los paralelismos con lo que está ocurriendo en España con nuestra justicia. El atrincheramiento de los jueces en el Consejo General del Poder Judicial y sus quejas permanentes por la “presión” del gobierno de Sánchez, que, según ellos, es un ataque al Estado de derecho y a la división de poderes. Eso sí, ellos pueden inmiscuirse y condicionar la labor del poder ejecutivo y legislativo. Pero, este comportamiento no ataca la división de poderes. Alucinante.

En la misma línea se expresa Camilo Rengifo Marín, economista y docente universitario colombiano, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE), en un artículo publicado en Rebelión de 7-2-2024, titulado El golpismo acecha a Gustavo Petro. Señala el artículo que Barbosa ocupa el centro de la escena política colombiana no sólo por haber dedicado sus últimos meses en el cargo para deslegitimar y agredir al presidente, sino porque éste lo ha acusado el fin de semana de encabezar un golpe de Estado, en alianza con cárteles de la droga. Al hacer públicas sus denuncias contra Barbosa, Petro ha llamado a sus seguidores y a la ciudadanía a manifestarse en las calles, asegurando que llegó el momento de la expresión popular.

Pero, quiero insistir más en la situación de la justicia en Colombia. Para ello, me fijaré en otro artículo de Reynaldo Spitaletta, publicado el periódico El Espectador, el 22 de enero de 2024, titulado El fiscal yogurt. Spitaletta es un periodista de raza y claramente comprometido con los más débiles, al que he recurrido y leído en diferentes ocasiones. Es toda una garantía. Ahí va un fragmento de un artículo suyo titulado Periodismo prostituido: “El periodismo, en general, ha perdido su esencia combativa, su capacidad crítica y de poner en calzas prietas al poder. Y se ha mudado a la otra posición, la de servir de mampara de los desafueros oficiales. No revela; tapa. No cuestiona; bate incienso. Se ha prostituido, aunque, como decía la tía, tampoco es fácil el ejercicio de vender la carnita…”.

Fiscal-barbosa
Fiscal Francisco Barbosa.

Pero retorno a la actualidad colombiana y a su artículo El fiscal yogurt. Spitaletta nos dice lo siguiente:  “Cuando ya está a punto de irse, o de fugarse, el que puede ser, por qué no, el peor fiscal de la nación en los últimos tiempos, por no decir desde que existe esa figura desde 1991 (el anterior pudo acercársele en perversión), hay que recordar que se va el sujeto que dijo, al ser nombrado en el “segundo cargo más importante” de este país de desventuras mil (entre ellas el que lo hubiesen nombrado), que no había en Colombia, a su edad, nadie mejor preparado que él. Las pildoritas para la memoria nos hacen acordar que llegó a ese cargo (o encargo) por ser amigote del hombre que descubrió el número exacto de los enanitos de Blanca Nieves y que hoy es expresidente del país. Pasó por alto, sin inmutarse, la Ñeñepolítica (tal vez hoy olvidada) y se hizo el Barbosa con las investigaciones de los “falsos positivos”. Sobre estos dos casos me detendré más adelante. Sigue diciéndonos Spitaletta:  “Extraño país este en el que los fiscales ayudan a tapar y no a aclarar crímenes. Una de las objeciones más sonadas a los comportamientos del fiscal ha sido la del senador Iván Cepeda. “Afortunadamente, para el país termina el período de Francisco Barbosa al frente de la Fiscalía General, un período que ha estado signado por numerosos escándalos en los que ha sido evidente que se ha permitido y tolerado una infiltración del narcotráfico en altas esferas de la Fiscalía”, dijo.

Quiero aclarar qué es la Neñepolítica. Está relacionada con Ñeñe Hernández, que murió el 2 de mayo de 2019, en circunstancias extrañas. Lo que trascendió entonces fue que el Ñeñe salía de una feria que se llevaba a cabo en Uberaba, un pueblo al interior de Brasil. Al tomar un taxi intentaron, aparentemente, robarle un reloj Rólex de oro, avalado en varios millones de pesos. En el forcejeo los asaltantes le propinaron tres disparos en el abdomen y terminaron con su vida. La sombra del Ñeñe recayó sobre el presidente Duque, por unos polémicos audios con sus conversaciones durante el tiempo de segunda vuelta, que tuvieron consecuencias políticas. Aunque el presidente Duque como el expresidente Uribe negaron tener una relación de cercanía con el Ñeñe -pese a las múltiples fotos y vídeos juntos- fue el propio expresidente quien confirmó el origen de la voz femenina que habla con el ganadero en la conversación más comprometedora; María Claudia Daza, una de las asesoras de mayor confianza de Uribe, quien ocupaba un puesto en su Unidad de Trabajo Legislativo en el Senado. En uno de esos intercambios entre el Ñeñe y la asesora de Uribe, María Claudia Daza, esta le manifiesta que está preocupada por las elecciones y que “hay que trabajar mucho”; el Ñeñe replica: “Yo ayer le decía a Priscila que nos tenemos que poner las pilas. Hay que buscar una plata para pasar bajo la mesa para soltarla en los departamentos”. Daza contesta entonces que consiguió 1.000 “paquetes” (millones de pesos) y que está consiguiendo unos empresarios para mover el dinero.

Me fijaré en los “falsos positivos”. La prensa colombiana, que tanto ha enriquecido el triste vocabulario de la guerra, aportó un nuevo concepto "falsos positivos". Un "positivo" es una baja ocasionada al enemigo que pasa a los registros de mérito de una unidad militar. Es falso cuando la víctima no es un enemigo. La forma más elemental, aunque muchas veces contraproducente, de medir éxitos bélicos son las estadísticas de las bajas ocasionadas al “enemigo”. El Gobierno colombiano entrega recompensas por muertos o por pedazos de cadáveres. Hay premios, licencias, ascensos. Así para mostrar sus éxitos el Ejército llegó a hacer, sistemáticamente, “falsos positivos” para demostrar que está dando la batalla. Centenares, probablemente miles, de personas  después de desaparecidas,  luego son  ejecutadas por miembros del Ejército Nacional. Seleccionadas cuidadosamente: en su mayoría se trata de jóvenes provenientes de estratos pobres, o personas que padecen enfermedades mentales. El caso de los once muchachos de Soacha que recibieron ofertas de trabajo y fueron llevados a Ocaña para ser ejecutados ganó notoriedad, hizo saltar el caso de los “falsos positivos”. Fue la punta del iceberg que estalló en 2008 en Soacha, un municipio de 400.000 habitantes al lado de Bogotá, poblado por muchos desplazados del campo tanto por la guerrilla, los narcos y los paramilitares, que predomina la pobreza, la miseria y la exclusión. Fueron auténticos crímenes de Estado, siendo ministro de Defensa el que luego fue presidente Juan Manuel Santos.

Para valorar la actuación del Fiscal Barbosa sobre los falsos positivos recurriré a Dejusticia, un centro de estudios jurídicos y sociales localizado en Bogotá,. Se dedica al fortalecimiento del Estado de Derecho y a la promoción de los derechos humanos en Colombia y en el Sur Global. Es un texto de Rodigo Ruprimy Yepes: titulado Los falsos positivos según Barbosa de 22 de agosto de 2021.

“La decisión de la Fiscalía de imputar cargos por falsos positivos al general retirado Mario Montoya, comandante del Ejército durante el gobierno Uribe, tiene elementos positivos, pero otros muy problemáticos. Esta decisión es una nueva evidencia judicial de que los falsos positivos —esto es, los asesinatos de miles de jóvenes por parte de integrantes del Ejército para mostrarlos como guerrilleros muertos en combate— no fueron responsabilidad únicamente de algunas manzanas podridas. El fenómeno tuvo tal magnitud, no sólo por el número de muertes sino también por la cantidad de unidades militares involucradas, que implica inevitablemente la responsabilidad, por acción o por omisión, de ciertos altos mandos.

Esto ya lo había señalado el informe de 2010 del relator de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, Philip Alston, quien dijo que eran “demasiados asesinatos de carácter similar para caracterizarlos como incidentes aislados perpetrados por apenas algunos soldados o unidades renegadas”. A la misma conclusión llegó la Jurisdicción Especial para la Paz JEP en sus autos de este año en que ha mostrado no sólo la magnitud del fenómeno, al señalar que fueron más de 6.000 ejecuciones, sino que respondían a ciertos patrones e implicaban la responsabilidad de comandantes de batallones, brigadas e incluso de la II División, ya sea por haber instigado esos asesinatos o por no haber ejercido la adecuada vigilancia sobre sus subordinados.

Es entonces un avance que incluso un fiscal general como Barbosa, muy cercano al Gobierno y al uribismo, concluya que el comandante del Ejército en ese periodo es responsable, como determinador, de esos crímenes, pues confirma que no fueron casos aislados de algunas manzanas podridas. Sin embargo, esa decisión es problemática, al menos por dos razones.

Primero, es ilegal. La razón: la Fiscalía debe seguir investigando los crímenes cometidos por militares o policías en el conflicto armado antes del Acuerdo de Paz, pero no puede pronunciarse sobre su responsabilidad pues esa decisión corresponde a la JEP. La Fiscalía no puede entonces imputar cargos, que es una atribución de responsabilidad, sino que debe remitir esas investigaciones a la JEP para que esta se pronuncie sobre esos casos. La decisión de Barbosa creará entonces muchos enredos, que facilitan la impunidad.

Segundo, su fundamento es extraño y puede tener implicaciones muy graves. Según Barbosa, la imputación contra Montoya es porque siguió exigiendo bajas después de noviembre de 2007, con lo cual desobedeció la Directiva 300-28 de esa fecha, que privilegió la desmovilización y las capturas frente a las bajas. Por eso la Fiscalía le imputará “sólo” 104 ejecuciones ocurridas después de esa directiva, cuando hubo miles de falsos positivos en años anteriores y Montoya ya era comandante del Ejército y exigía bajas. ¿Significa entonces que para Barbosa los miles de falsos positivos perpetrados cuando estaba vigente la anterior directiva, que privilegiaba las bajas, no involucran ninguna responsabilidad de altos oficiales a pesar de que exigieran bajas a toda costa como resultado operacional? Si eso es así, ¿quién debe responder por esos falsos positivos perpetrados en los años anteriores? ¿Únicamente los soldados que los perpetraron, pero no quienes incitaron esas muertes por cuanto estaban siguiendo una directiva? ¿Y qué responsabilidad le cabe entonces, según Barbosa, a quienes elaboraron y promovieron la directiva anterior?

Barbosa le debe al país una mejor explicación de su teoría sobre la responsabilidad en falsos positivos de altos mandos, ministros y presidente en ese periodo”.

Como colofón quiero fijarme en un artículo publicado  el 7 de febrero de 2024 en la página Web de la CELAG (Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica), de Alfredo Serrano Mancilla, Doctor. en Economía Aplicada (UAB). Director de CELAG (España), titulado El camino del Cambio en Colombia. Análisis del primer año y medio del Gobierno colombiano de Gustavo Petro y Francia Márquez.

“Cambiar los cimientos de una casa es siempre una tarea difícil. Y lo es mucho más si se pretende hacer en paralelo a cambios de hábitos y funcionamientos. Y aún mucho más cuando se tiene poco tiempo y, además, te enfrentas a gente muy poderosa que se cree dueña de la casa, aunque no lo sea, y desea que todo siga igual.

Este es el verdadero dilema que enfrenta el actual Gobierno colombiano desde que asumió. Sabía que no sería fácil, pero esta era la base de su contrato electoral. La mayoría colombiana decidió apoyar a Gustavo Petro y Francia Márquez para que cambiaran el país desde sus estructuras hasta sus cotidianeidades.

Luego de un año y medio de Gobierno, en CELAG DATA queremos hacer un balance de cuánto se avanzó:

1. Bajó el índice de precios general y el de alimentos.

2. Aumentó el salario mínimo legal mensual.

3. Se redujeron la desocupación y la tasa de informalidad.

4. Mejoró el tipo de cambio. Se apreció la moneda nacional.

5. Se incrementó la inversión extranjera en sectores no petroleros.

6. Mejoró el saldo de la cuenta corriente de la Balanza de Pagos.

7. Se redujo el balance fiscal del Gobierno Central.

8. Subió el índice de actividad manufacturera.

9. Crecieron las ventas en los micronegocios y el gasto en el consumo final de los hogares.

10. Bajó la deuda pública externa.

A todos estos buenos datos hay que sumarle que se realizó una reforma tributaria para ganar en eficiencia y progresividad; se aprobó una reforma agraria que mejoró el acceso y el reparto de tierras a favor de los campesinos (que todavía está en dificultades de implementación plena porque muchos dueños de la tierra se niegan a cumplir la ley); en materia de Salud y Trabajo se viene intentando dejar atrás el modelo neoliberal, pero aún no se ha conseguido debido a que está siendo muy complicado lograr el apoyo en el Legislativo; y también se ha planteado una gran reforma de la Justicia (que todavía está en ‘veremos’).

Por último, no podemos dejar de mencionar la destacada política exterior de Petro en este tiempo, muy proactiva, que otorga máxima prioridad a los países vecinos (Brasil, Venezuela y Colombia), con mucha presencia en organismos internacionales y centrando su agenda en lo Ambiental, la Lucha contra las Drogas y la Paz.

Es cierto que aún restan muchas cosas por hacer, pero nadie puede negar que en estos meses Colombia cambió”.

Puede que por estas políticas dirigidas hacia los más desprotegidos, es por lo que los poderosos, los que han dominado siempre en Colombia, tratan de derrocar a Gustavo Petro; y en esa labor la justicia tiene un papel fundamental. Ni que decir tiene que en España se está intentado lo mismo con el gobierno de Pedro Sánchez.

Y este golpe blando contra Gustavo Petro podemos constatarlo en un texto de junio de 2023, firmado por más de 400 líderes políticos y personalidades de todo el mundo, contra el golpe blando que está sufriendo Gustavo Petro y el pueblo colombiano. EEUU y la derecha internacional no pueden tolerar una Colombia digna y soberana. Por eso preparan un golpe contra el Presidente Gustavo Petro, que ha recibido el apoyo de intelectuales, políticos y líderes sindicales de izquierda de 35 países que han dado a conocer este miércoles una carta mostrando su respaldo al mandatario colombiano, la cual ha sido firmada por más de 370 personalidades de todas las latitudes del mundo.

“Un golpe blando está en marcha”, dice la misiva que suscriben, entre otros, el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, el responsable de la Secretaría de Relaciones Internacionales del PCE, Manu Pineda, la Secretaria de Relaciones Internacionales, Partido de la Izquierda Europea Maite Mola, el líder laborista británico Jeremy Corbyn y el excandidato presidencial francés Jean-Luc Mélenchon entre otras muchas personas.

Los y las firmantes consideran que los poderes tradicionales “se han estado organizando para restaurar un orden marcado por la desigualdad extrema, la destrucción del medio ambiente y la violencia patrocinada por el Estado”. Y hablan con nombres propios: señalan a la Procuraduría, con Margarita Cabello al frente, y a la Fiscalía, a cargo de Francisco Barbosa, de perseguir “activamente a los representantes del Pacto Histórico”.

“A menos de un año de la toma de posesión del gobierno de Petro, están desplegando el poder institucional combinado de los organismos reguladores, los conglomerados mediáticos y la rama judicial del país para detener sus reformas, intimidar a sus partidarios, derrocar a sus dirigentes y difamar su imagen en la escena internacional”, señala la carta, también firmada por Alberto Garzón, Ministro de Consumo, el ecuatoriano Rafael Correa o Ada Colau, alcaldesa de Barcelona.

MANIFIESTO

Desde la elección del primer gobierno progresista del país –encabezado por el presidente Gustavo Petro, la vicepresidenta Francia Márquez y el Pacto Histórico en el Congreso– los poderes tradicionales de Colombia se han estado organizando para restaurar un orden marcado por la desigualdad extrema, la destrucción del medio ambiente y la violencia patrocinada por el Estado.

Ahora, a menos de un año de la toma de posesión del gobierno de Petro, están desplegando el poder institucional combinado de los organismos reguladores, los conglomerados mediáticos y la rama judicial del país para detener sus reformas, intimidar a sus partidarios, derrocar a sus dirigentes y difamar su imagen en la escena internacional.

Desde la Procuraduría General y la Fiscalía General de la República, respectivamente, Margarita Cabello y Francisco Barbosa están persiguiendo activamente a los representantes del Pacto Histórico, lo que puede resultar en la suspensión, destitución e inhabilitación de congresistas como Alex Flórez y Alexander López, el presidente de la Cámara de Representantes David Racero, la representante Susana Gómez, la senadora y líder negociadora de paz, María José Pizarro e incluso el propio presidente Petro.

En el caso del senador Wilson Arias, por ejemplo, Cabello –estrecha aliada del expresidente Álvaro Uribe, que fue ministra de Justicia bajo el anterior gobierno de Iván Duque– abrió un proceso disciplinario contra el senador por el “delito” de pronunciarse contra la violencia policial durante las protestas nacionales de 2021: una violación flagrante del precedente legal establecido en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que impide a los órganos administrativos como la Procuraduría General destituir a funcionarios electos.

Entretanto, generales y coroneles en retiro y reservistas miembros de las fuerzas militares colombianas no sólo han proclamado su oposición al presidente Gustavo Petro, sino que incluso han marchado frente al Congreso para llamar a un golpe de Estado contra su gobierno.

El objetivo de esta campaña coordinada es claro: proteger los intereses de los poderes tradicionales de Colombia frente a las reformas populares que aumentarían los salarios, mejorarían la salud, protegerían el medio ambiente y proporcionarían “paz total” al país.

Nosotros, los abajo firmantes, llamamos a los amigos del pueblo colombiano y a los aliados de la democracia de todo el mundo a oponerse a estas infames tácticas e impedir el avance de un golpe blando en Colombia.

Foto portada: César Carrión. (Presidencia Colombia)

Un golpe blando está en marcha en Colombia