EFE | Cientos de personas continúan desaparecidas en Colombia desde que salieron de sus casas a manifestarse contra el Gobierno del presidente colombiano, Iván Duque, según han informado fuentes oficiales y observadores independientes de las movilizaciones que ya completan 11 días.
El más reciente informe de la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo recoge las denuncias de 548 personas desaparecidas, de las cuales 189 han sido localizadas, mientras que 359 casos continúan en proceso de verificación.
Si bien la mayoría de personas reportadas como desaparecidas puede haber sido retenida por la Policía durante las jornadas de protestas que comenzaron el pasado 28 de abril, organizaciones civiles e internacionales urgen a las autoridades a acelerar su búsqueda dadas las denuncias por abusos que recaen sobre la fuerza pública.
Amnistía Internacional (AI) alertó este domingo de que la Policía colombiana "ha hecho uso de la fuerza de manera indiscriminada y desproporcionada, y se reportan alarmantes cifras de violencia sexual y de personas dadas por desaparecidas".
En ese sentido, advirtió de que "la desaparición forzada y la violencia sexual perpetrada por las autoridades son crímenes de derecho internacional que cualquier Estado está facultado a investigar y perseguir".
Organizaciones de derechos humanos temen que los desaparecidos estén siendo víctimas de agresiones físicas, violencia sexual e incluso tortura, como han denunciado varios ciudadanos que fueron retenidos durante largas horas en comisarías de Policía.
Desde que comenzaron las manifestaciones la fuerza pública ha sido acusada de varios delitos contra personas que fueron detenidas, como la denuncia de una mujer que el 30 de abril dijo haber sufrido abusos sexuales por un agente del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía cuando la marcha en la que participaba fue dispersada con gases.
"Las autoridades colombianas deben investigar toda denuncia de violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional de manera expedita, imparcial y exhaustiva, garantizando los derechos y la seguridad de las víctimas y testigos", aseguró la directora para las Américas de AI, Erika Guevara Rosas.
Guevara advirtió además de que "no debe prevalecer la impunidad ante estos graves delitos" y exigió al presidente Duque, como máximo jefe de la fuerza pública, pronunciarse sobre los hechos porque "el silencio no deja más que un velo de impunidad y complicidad".
ONG documentan 37 víctimas mortales
Al menos 27 personas han muerto durante las jornadas, según informaron el viernes la Fiscalía y la Defensoría en un documento en el que aclararon que de esos fallecimientos 11 están ligados directamente con los hechos, siete están "en verificación" y hay nueve que no tienen relación con las protestas.
Sin embargo, la ONG Temblores ha documentado 37 víctimas mortales, 1.708 casos de uso abusivo de la fuerza, al menos 26 víctimas de agresión ocular, 234 casos de violencia física y 934 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes, así como casos de violencia sexual contra 11 personas.
El ministerio colombiano de Exteriores respondió a los reclamos de la comunidad internacional y aseguró que el Gobierno, garante de la protesta pacífica, ha informado oportunamente sobre "las medidas e investigaciones que han iniciado las instituciones autónomas para asegurar que los casos de posible violación a los derechos humanos o uso excesivo de la fuerza sean debidamente sancionados".
Las movilizaciones comenzaron en contra de la ya retirada reforma tributaria del Gobierno del presidente Duque, pero continúan contra un intento de reformar la salud, la brutalidad policial y la compleja situación de inseguridad.
Nueva noche de violencia en Cali
Los colombianos salieron este sábado de nuevo a la calle, en la onceava jornada de protestas contra el Gobierno de Iván Duque, mientras en el país siguen los bloqueos de vías y los debates sobre la violencia policial y la necesidad de una reforma para evitar más asesinatos y abusos.
Las protestas, que volvieron a tomar múltiples calles de las ciudades de forma pacífica, marcharon a ritmo de cumbia en Bogotá, con jóvenes usando el arte como forma de expresión.
Los manifestantes, en su inmensa mayoría jóvenes, salen, como cada día, en protestas improvisadas y organizadas la jornada anterior, que ya dejan ver el cansancio de once días de movilizaciones sociales que comenzaron pidiendo la caída de la ya retirada reforma tributaria, pero que ahora ha abierto el abanico a muchas otras demandas que incluyen la caída del Gobierno de Duque y acabar con la brutalidad policial.
A pesar de este desgaste, los manifestantes siguen mostrando fuerza e imaginación, y hoy, un grupo de ellos en Bogotá, bloquearon una de las calles con sus cuerpos tumbados y tapados con sábanas blancas por los que han perdido la vida en estos días de manifestaciones.
Tras dos días sin informaciones de muertos o asesinados en las protestas, el sábado se vivió una noche de nuevo gris, con episodios de violencia en la ciudad de Cali, epicentro de las protestas, y en Pereira (oeste).
En esta última, capital del departamento de Risaralda, se volvieron a vivir escenas de disparos de civiles armados a protestantes pacíficos, en episodios que a algunos les recuerdan al paramilitarismo colombiano.
Héctor Fabio Morales, un joven colombiano de 24 años, murió después de ser atacado en la zona del Museo del Arte, donde se desarrollaba una protesta, con arma de fuego por supuestos civiles, que le hirieron de forma letal en la cabeza.
Algo similar ocurrió en la noche del 5 de mayo, cuando varios hombres armados salieron de un vehículo, dispararon contra un grupo de protestantes e hirieron de gravedad a Andrés Felipe Castaño, quien ha conseguido despertar en el hospital, y Lucas Villa, que se encuentra en una situación crítica y con pronóstico reservado, después de recibir hasta ocho disparos en el cráneo.
En Cali, también se vivieron episodios similares después de que varias personas que iban en un coche de alta gama abrieron fuego contra un grupo de manifestantes en el sector de La Luna, en el centro de la ciudad, hiriendo a al menos dos personas, una de ellas de gravedad.
REFORMA DE LA ESMAD
Por estas cifras, que han superado a las de las protestas de septiembre de 2020 y noviembre de 2019, en muchos sectores de la sociedad claman por una reforma de la Policía y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), fuerzas muy militarizadas y que depende del Ministerio de Defensa, mientras el Gobierno sigue sin reconocer la mayoría de abusos cometidos.
"La fuerza pública no ha recibido ni un solo llamado de atención por parte del liderazgo civil, ni el ministro, ni el presidente ni ningún miembro del Gobierno ha hecho el más mínimo esfuerzo por salir a decirles que las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones no están incluidas en el protocolo del manejo de la protesta y no se pueden hacer, que son abiertamente violatorias a los derechos humanos", explicó a Efe la analista Sandra Borda.
Los jóvenes que están en las calles traen una relación muy enturbiada con la Policía, que los acosa a diario o incluso detiene arbitrariamente y tortura
El Gobierno sigue enarbolando el discurso de que detrás de los disturbios que se han producido en algunas ciudades están grupos criminales e incluso bandas armadas como el ELN o las disidencias de las FARC, que "lo único que hacen es crear una condición de permisibilidad para la violación de los derechos de la gente que se está manifestando".
Por otro lado, los jóvenes que están en las calles, que proceden en muchas ocasiones de barrios desfavorecidos o de familias que se han visto severamente afectadas por la pandemia, traen una relación muy enturbiada con la Policía, que los acosa a diario o incluso detiene arbitrariamente y tortura.
"Mientras esa relación entre esos jóvenes y la fuerza pública no se resuelva, básicamente lo que vas a tener es un escenario potencial para ese tipo de enfrentamientos todo el tiempo", consideró la profesora asociada de la Universidad de los Andes, que estima que la fuerza pública se convierte de este modo "en la herramienta para defender el privilegio en vez de la herramienta de protección de la sociedad en general".
