La herencia que deja Bolsonaro
Mientras los ecos del triunfo de Lula da Silva aún resuenan en las calles de las principales ciudades del país, la ultraderecha brasileña se desentiende de una de las herencias más pesadas con las que deberá lidiar el líder del Partido de los Trabajadores.
Según las estadísticas de la Red Brasileña de Investigación de la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (Penssan), al menos 33 millones de brasileños pasan hambre, y más de 60 millones de personas sufren inseguridad alimentaria; es decir, no tienen acceso suficiente a la alimentación a pesar de vivir en un país considerado uno de los mayores productores y exportadores de alimentos del mundo.
33 millones de brasileños pasan hambre, y más de 60 millones de personas sufren inseguridad alimentaria
El hambre y el empobrecimiento de una gran parte de la población son el legado que deja el presidente Jair Bolsonaro tras cuatro años de gobierno. A esta realidad se suma la deforestación descontrolada. La Amazonía brasileña registra las peores tasas de los últimos 15 años. También los incendios dolosos se han intensificado, situándose en el nivel más crítico desde 2010. La complicidad del presidente saliente con las grandes multinacionales que avanzan sobre territorio protegido es un hecho que se ha denunciado durante los cuatro años de su gobierno. Activistas contra los crímenes ambientales acusan a Bolsonaro de haber estrangulado económicamente a los principales órganos de fiscalización de los bosques amazónicos, como el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (Ibama) y el Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad (ICMBio). Ambos han sido militarizados y sus presupuestos han sufrido drásticos recortes.
La complicidad del presidente saliente con las grandes multinacionales que avanzan sobre territorio protegido [Amazonía] es un hecho que se ha denunciado durante los cuatro años de su gobierno
Tereza Campello, economista y profesora de la Universidad de Sao Paulo, miembro del equipo de transición de Lula en 2002, partícipe de la creación del programa redistributivo Bolsa Familia, y ex ministra de Desarrollo Social y Combate al Hambre del gobierno de Dilma Rousseff, sostiene que “no hay dudas de que la pobreza y el hambre hoy en Brasil son mucho peores que cuando Lula ganó la Presidencia por primera vez en 2002”, cuando ella y el resto de su equipo asumieron el desafío de reducir la desigualdad social en el país más poblado y rico de América Latina. "Los niveles de pobreza, ingresos y las condiciones sociales se deterioraron mucho. Por ejemplo, si comparamos lo que ahora llamamos inseguridad alimentaria, la situación es mucho peor que la que encontró el presidente Lula en 2003, según el registro que mantiene el Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas IBGE. En el primer año del Gobierno de Lula teníamos alrededor de 35% brasileños en situación de inseguridad alimentaria. Hoy, la cifra es de 60%. Además, en 2003, la inseguridad alimentaria grave, es decir, pasar hambre, era del 9%. Hoy es del 15%".
Al país le tomó 12 ó 13 años salir del mapa del hambre, pero luego volvió rápido
Campello también afirmó que el deterioro no comenzó con Bolsonaro, como muchos sostienen en la campaña electoral, o con la pandemia de Covid, como muchos más creen cuando se los consulta en la calle. "Brasil ya había llegado al nivel para volver al mapa de hambre en 2018, dos años antes de la pandemia. La inseguridad alimentaria después de dos años de Gobierno de Temer había vuelto a los niveles del inicio del Gobierno de Lula. Al país le tomó 12 ó 13 años salir del mapa del hambre, pero luego volvió rápido. ¿Por qué? Porque es difícil construir una estrategia para enfrentar y resolver un problema. Pero si uno destruye muy rápido esta política pública, entonces se obtiene una pérdida de ingresos y la población rápidamente vuelve a caer en la inseguridad alimentaria. Y esa cifra, además, creció mucho en 2020 y 2021".