Bolsonaro y otras 36 personas son acusadas formalmente de planear un golpe de Estado en 2022

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Javier M. González | @jgonzalezok |
Gabriela Máximo | @gab2301 | 

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue formalmente acusado este jueves (21) de haber planeado un golpe de Estado para mantenerse en el poder, después de su derrota frente a Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales de 2022. Tras meses de investigación, la Policía Federal (PF) imputó a Bolsonaro y otras 36 personas, entre las cuales hay militares en activo y en la reserva, de intento de golpe de Estado, abolición del Estado democrático de Derecho y asociación criminal. La investigación de la PF muestra que el golpe fue tramado dentro del Palacio de Planalto -sede del Ejecutivo- y que solo no se concretó porque los jefes del Ejército y la Fuerza Aérea se negaron a adherir al plan que terminaría con 37 años de democracia brasileña.

Veinte y tres de los acusados son militares, entre los cuales hay generales y un almirante

Veinte y tres de los acusados son militares, entre los cuales hay generales y un almirante. La acusación formal, que ya está en poder del Supremo Tribunal Federal (STF), instancia que será la encargada de juzgar el caso, se conoce horas después de la detención de cuatro militares y un policía, todos ligados a Bolsonaro, bajo la acusación de haber planeado matar a Lula, a su vicepresidente, Geraldo Alkmin, y al juez del STF Alexandre de Moraes, entre las elecciones (30 de octubre de 2022) y la toma de posesión del nuevo gobierno (1 de enero de 2023).

En caso de ser condenado, el expresidente de extrema derecha puede enfrentar una pena de hasta 28 años de cárcel. Bolsonaro ya está inelegible y no puede abandonar el país desde febrero de este año, cuando fue obligado a entregar su pasaporte. Antes de su posible condena, si así lo juzga el Supremo Tribunal Federal, Bolsonaro y el resto de los acusados pueden ser presos preventivamente, cosa que hasta ahora no ha ocurrido. Pero si hay indicios de destrucción de pruebas, interferencias en las investigaciones, amenazas a testigos o intentos de fuga, la situación puede cambiar. El pasado mes de febrero Bolsonaro estuvo dos días en la embajada de Hungría, lo que en su momento se interpretó como una posibilidad de pedir asilo político en dicho país, donde el ultraderechista Primer Ministro Viktor Orbán, es aliado político del brasileño.

Cerca de dos años le llevó a la policía y la Justicia desentrañar la trama golpista. Aunque abundaban los indicios, e incluso hay numerosas declaraciones públicas de Bolsonaro cuando era presidente que eran claramente inconstitucionales, hubo una larga labor investigativa, en la que fue preciso levantar el secreto sobre las comunicaciones telemáticas de los acusados, así como sobre las informaciones bancarias y fiscales.

También fue fundamental la delación premiada de una de las piezas clave, el edecán del propio Bolsonaro, teniente coronel Mauro Cid. Este militar, hombre de absoluta confianza del ex presidente, que incluso estaba autorizado a manejar sus cuentas bancarias, decidió empezar a colaborar con la Justicia para proteger a parte de su familia, que también está siendo investigada por causas vinculadas a Bolsonaro: en el caso de su mujer, por la falsificación de los certificados de vacuna contra el covid-19; en el caso del padre, un general, por la venta ilegal de joyas recibidas por el ex mandatario como regalo de otros jefes de Estado.

El teniente coronel Mauro Cid fue interrogado en las últimas horas por el juez Alexandre de Moraes, después de que las nuevas informaciones pusieran en duda que hubiera entregado toda la información de la que disponía. Sus abogados le aconsejaron que aclarase las contradicciones que había encontrado la policía y que colaborara sin dejar nada en el tintero, ya que de lo contrario podría perder los beneficios de una delación premiada y una pena de cárcel de más de 20 años. Tras su declaración, se informó que seguía con el beneficio de la delación, lo que le permite esperar el juicio en prisión domiciliaria. 

En la lista de imputados, además de Bolsonaro, destacan los nombres siguientes:

• General Walter Braga Netto, ex ministro de Defensa, ex jefe de la Casa Civil (una especie de Jefe de Gabinete) y candidato a vicepresidente con Bolsonaro en 2022. Fue en su casa donde se celebró una reunión clave para el golpe.
• General Augusto Heleno, ex ministro jefe del Gabinete de Seguridad Institucional.
• Almirante Almir Garnier Santos, jefe de la Marina y el más entusiasta del golpe en la cúpula militar.
• General Paulo Sergio Nogueira, ex ministro de Defensa y ex jefe del Ejército.
• Alexandre Ramagem, ex comisario, que fue el director general de la Agencia Brasileña de Información (ABIN), que armó unos servicios secretos paralelos al servicio político de Bolsonaro.
• Valdemar Costa Neto, presidente del PL (Partido Liberal), al que está afiliado Bolsonaro, y que cuenta con el mayor grupo parlamentario en el Congreso.
• Cuatro de los militares detenidos horas antes, bajo la acusación de planear el asesinato de Lula, su vice y el juez Alexandre de Moraes.

Por primera vez en la historia del país, hay generales imputados judicialmente por intento de golpe de Estado

En la lista figura incluso un padre (católico), José Eduardo de Oliveira e Silva, que participó en una de las reuniones golpistas. Y un argentino, Fernando Cerimedo, que fue uno de los estrategas de campaña de Javier Milei, en Argentina, y que también ayudó en la de Bolsonaro. 

Los planes de Bolsonaro suponían un golpe sangriento, cosa que no tiene antecedentes en el país. En el golpe del 64 hubo una fuerte represión posterior, pero el golpe en sí fue un paseo para los militares, que terminó con el exilio del presidente constitucional, João Goulart. En cambio, los planes ahora conocidos incluían los asesinatos de las tres más altas autoridades del país.

Por primera vez en la historia del país, hay generales imputados judicialmente por intento de golpe de Estado. Cuando en 1985 Brasil recuperó la democracia, después de una dictadura que duró 21 años, ningún militar fue enjuiciado, a pesar de que en ese período hubo torturas y desaparición de personas. En el grupo de imputados ahora por la Justicia figura Paulo Renato de Oliveiro Figueiredo Filho, residente en los Estados Unidos, que es nieto del último presidente de facto que tuvo el país, el general João Batista Figueiredo.