@jgonzalezok | Desde el 11 de agosto, cuando Argentina celebró las elecciones primarias, el país entró en una dinámica suicida que parece no haber aprendido nada de la historia. A las dificultades que se venían arrastrando, con una economía arrojando continuos datos deprimentes, se han unido operaciones de la oposición que no logra reprimir su impaciencia por volver al poder. Parece ser una realidad la frase que hace tiempo dijo el líder piquetero Emilio Pérsico: “El peronismo es un tiburón que, cuando huele sangre, ataca”.
Los resultados de estas elecciones primarias no tenían ningún resultado práctico, pero dejaron claro que el gobierno se encamina a una derrota rotunda en las elecciones de octubre. Y el candidato opositor, Alberto Fernández, actúa de hecho como presidente electo. El problema es que para las elecciones quedan casi dos meses, un mes más para una eventual segunda vuelta, y el traspaso de poder no tendrá lugar hasta el 10 de diciembre. Un escenario demasiado dilatado para enfrentarlo con terremotos financieros como los que está viviendo el país.
Para llegar al 10 de diciembre en condiciones de cierta normalidad, dentro de la crisis, el gobierno cuenta con la entrega de 5.400 millones de dólares prometidos por el FMI, que debería hacerse efectiva en septiembre
La respuesta de los mercados al resultado de las primarias provocó una primera ola de conmoción horas después de conocerse los resultados. Y en los últimos días volvió a registrar sacudones que ponen en duda la gobernabilidad del país. Fernández se presenta como el “candidato del pueblo” frente al “candidato de los mercados”, que sería Macri. El problema es que Argentina depende de estos mercados de forma dramática.
Cuando el lunes 26, Fernández se reunió con una delegación del Fondo Monetario Internacional, el candidato opositor emitió un durísimo comunicado, cuya parte esencial decía: “Quienes han generado esta crisis, el gobierno y el FMI, tienen la responsabilidad de poner fin y revertir la catástrofe social que hoy atraviesa a una porción cada vez mayor de la sociedad argentina. Para ello deberían arbitrar todos y cada uno de los medios y las políticas necesarias”. Pero más importante aún fue lo que dejaron trascender: que el FMI veía un escenario de vacío de poder y que sugirieron la conveniencia de adelantar las elecciones.
El desmentido del Fondo, ya de noche ese mismo lunes, no alcanzó para contrarrestar la versión. Entre las consecuencias más importantes, una nueva subida del dólar, desplome de los bonos y las acciones, y una subida del riesgo país, que llegó a los 2001 puntos. Cifra que no pasó inadvertida para los sectores que apuntan al derrumbe del gobierno, y que jugaron con la similitud de la crisis del 2001, que acabó con el gobierno de Fernando De la Rúa.
Para llegar al 10 de diciembre en condiciones de cierta normalidad, dentro de la crisis, el gobierno cuenta con la entrega de 5.400 millones de dólares prometidos por el FMI, que debería hacerse efectiva en septiembre. Pero Fernández viene jugando con la idea de que se retrase, con el argumento de que el dinero que viene recibiendo el gobierno es usado para respaldar la fuga de capitales. Miguel Ángel Pichetto, candidato a vicepresidente de Macri y que fue una figura fundamental del kirchnerismo hasta el 2015, confirmó esta versión en varias entrevistas por radio: “No voy a dar nombres, pero gente muy cercana a Alberto Fernández habló con acreedores y bonistas, con instituciones bancarias de Nueva York y han aconsejado, o se han mantenido en silencio, ante la pregunta de si era conveniente hacer la remisión de fondos”.
Todo parece un déjà vu. Las declaraciones sobre el FMI recuerdan la crisis de 1989, cuando representantes del entonces presidente electo, el también peronista Carlos Menem, pidieron que no se le prestase más dinero al gobierno del presidente Alfonsín
Con algunas de sus declaraciones de los últimos días, Alberto Fernández parece alejarse de la imagen de moderación que había cultivado, para atraer a un electorado que teme la vuelta del populismo kirchnerista. Y replantea la incógnita de quién tiene el poder real dentro de dicho espacio político: si el propio Alberto Fernández, o quien lo designó, la ex presidente, Cristina Fernández.
Todo parece un déjà vu. Las declaraciones sobre el FMI recuerdan la crisis de 1989, cuando representantes del entonces presidente electo, el también peronista Carlos Menem, pidieron que no se le prestase más dinero al gobierno del presidente Alfonsín. Eso desató una gran conmoción social, con saqueos, muertos e hiperinflación, obligando al presidente a adelantar en cinco meses la entrega del poder: en lugar del 10 de diciembre, lo hizo el 8 de julio.
La marcha de apoyo al gobierno del pasado día 24, que resultó una sorpresa por su poder de convocatoria, insufló en el oficialismo alguna esperanza de revertir la tendencia de los votos en octubre. En realidad, nadie espera sensatamente que esto se produzca, pero los sectores más radicalizados de la oposición decidieron contraatacar para demostrar quién tiene el poder en la calle, no solo en las urnas.
Es así que este miércoles, día 28, la ciudad de Buenos Aires vivió una nueva jornada de movilizaciones que provocaron el caos en la capital, cortando toda la Avenida 9 de Julio, la principal arteria de la ciudad. Las organizaciones sociales y los grupos de izquierda que salieron a la calle exigían la sanción de la ley de Emergencia Alimentaria, aumento del salario social, de las jubilaciones y pensiones mínimas, y el pago de un bono para los desocupados.
Como muestra de las dificultades que está enfrentando el gobierno con los dólares, esta misma jornada se volvió a disparar el riesgo país y el tipo de cambio. Este escenario llevó al Banco Central a emitir una resolución limitando el acceso a los créditos en pesos a las empresas agroexportadoras, con el fin de obligarlas a que liquiden los dólares en su poder. Una medida que recuerda situaciones similares en el anterior gobierno de Cristina Fernández.
