Cuando una parte del territorio de un Estado miembro deja de formar parte de ese Estado los tratados dejarán de aplicarse a este Estado
La Comisión Europea lleva advirtiendo desde el año 2004 que una región de cualquier país de la Unión Europea que se independice estará fuera de manera inmediata de la Unión, no se le aplicarán los tratados y además será muy difícil que pueda volver a ingresar.
Según un informe del Ministerio de Asuntos Exteriores al que ha tenido acceso Europa Press, la Comisión ha reiterado en numerosas ocasiones, al menos nueve, a Cataluña, que quedará fuera de las fronteras de la UE si decide tomar el camino de la independencia y además, le ha advertido de que España tiene "derecho de veto" para que vuelvan a ingresar en el club europeo.
A pesar de estas respuestas, todas en la misma dirección, numerosos responsables del Gobierno catalán actual siguen asegurando que Cataluña no dejaría de formar parte de la Unión Europea.
Desde que entró en vigor el Tratado de Lisboa en 2004, la Comisión se ha pronunciado en numerosas ocasiones, la primera el 12 de febrero de ese mismo año y la pregunta la hizo la eurodiputada galesa (Reino Unido) del Partido Laborista. La cuestión era si una nueva región independiente surgida de un Estado miembro debería abandonar la UE y presentar a continuación su candidatura con vistas a la reintegración.
La respuesta de la Comisión, presidida en aquel momento por Romano Prodi, se produjo el uno de marzo de 2004 y fue clara: "Cuando una parte del territorio de un Estado miembro deja de formar parte de ese Estado, por ejemplo, porque se convierte en un Estado independiente, los tratados dejarán de aplicarse a este Estado".
Añadía además que "una nueva región independiente, por el hecho de su independencia, se convertirá en un tercer Estado en relación a la Unión y, desde el día de su independencia, los tratados ya no serán de aplicación en su territorio".
En aquel momento, Prodi señalaba que según el artículo 49 del Tratado de la UE, cualquier Estado europeo que respete los principios establecidos en el apartado uno del artículo 6 del Tratado de la UE podrá solicitar el ingreso como miembro de la Unión. Sin embargo, dejaba claro que una solicitud de este tipo requiere primero "unanimidad" del Consejo Europeo, y después la negociación de un acuerdo entre el Estado solicitante y los Estados miembros sobre las condiciones de la admisión y las adaptaciones que esta admisión supone de los tratados. "El acuerdo está sujeto a la ratificación por parte de todos los Estados miembros y del Estado solicitante", recalcaba hace casi ya diez años el presidente de la Comisión Europea.
A partir de esa respuesta se han sucedido otras muchas, la mayor parte a partir de 2012, y todas en el mismo sentido. El 17 de septiembre del pasado año, unos días después de la Diada de Cataluña, que congregó una gran manifestación en favor de la independencia, varios eurodiputados españoles plantearon al actual presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso, sobre posibles secesiones en el seno de la UE. Fueron los eurodiputados Izaskun Bilbao, Ramón Tremosa, Salvador Sedó y Raul Romeva. Barroso explicó que un proceso de adhesión debe ajustarse plenamente a las normas y procedimientos que están previstos en los tratados de la Unión Europea.
Pocos días después, el 4 de octubre de 2012, la Comisaria de Justicia y Derechos Fundamentales, Viviane Reding, explicaba en una carta al secretario de Estado para la Unión Europea, Iñigo Méndez de Vigo, que coincidía "plenamente" con sus tesis sobre una hipotética secesión unilateral de Cataluña, "lo que implicaría una exclusión inmediata de la UE y obligaría al hipotético nuevo Estado a empezar un proceso de adhesión, en el que España tendría derecho de veto".
La situación jurídica no ha cambiado desde 2004, ya que el Tratado de Lisboa no ha introducido ningún cambio a este respecto
Barroso volvió a pronunciarse de nuevo el 17 de noviembre de 2012, durante la cumbre iberoamericana que se celebró en Cádiz y dejó claro que la posición del Ejecutivo comunitario, ante la eventual secesión de un territorio de uno de los Estados miembros no ha cambiado desde 2004 y sigue siendo que la región escindida quedaría automáticamente fuera de la UE. "La situación jurídica no ha cambiado desde 2004, ya que el Tratado de Lisboa no ha introducido ningún cambio a este respecto", recalcó Barroso.
El presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, señaló en julio de este año: "a preguntas fáciles, respuestas fáciles" y añadió que se trata de un problema interno de España que debe resolverse en el seno de la Constitución española y no a través de los tratados europeos.
Y más recientemente, Joaquín Almunia, vicepresidente de la Comisión aseguró el pasado 16 de septiembre, que una Cataluña independiente se encontraría fuera de la UE. El mismo día, la portavoz de la Comisión Europea, Pia Ahrenkilde, se pronunciaba en el mismo sentido: "un Estado independiente será, por efecto de su independencia, un estado tercero respecto a la Unión Europea y los tratados (comunitarios) no serán aplicables en su territorio desde el día de su independencia".
Al día siguiente, el 17 de este mes, el portavoz del Parlamento Europeo, Jaume Duch, dijo en Cataluña Radio que "la UE es de momento una unión de Estados, por tanto, si usted se va de un Estado automáticamente se va de la UE". Además, advirtió de la dificultad de volver a ingresar en la UE porque para ello hay que cumplir una serie de requisitos que Cataluña no cumpliría el primer día, ya que debería ser un Estado miembro de Naciones Unidas y conseguir el apoyo de las dos terceras partes de su Consejo de Seguridad "sin el veto de ningún país, tampoco de Francia".
Y el último en pronunciarse ha sido el Comisario de Mercado Interior y Servicios Financieros, Michel Barnier, quien ha recalcado lo mismo durante dos días seguidos a preguntas de los periodistas españoles: "Desde el punto de vista de los Tratados, si una región sale de un Estado miembro y se independiza, 'de facto' sale de la Unión Europea y necesitará un nuevo Tratado de adhesión".
