Con el pretexto de la realización de trabajos de utilidad social e interés general, aunque la realidad sea desarrollar tareas de la actividad cotidiana de la corporación municipal, se obliga a las personas desempleadas que cobran prestaciones por desempleo a trabajar a jornada completa para los ayuntamientos sin que exista relación laboral, manteniendo su condición de desempleo y por tanto consumiendo su prestación por desempleo o subsidio.
Esto lo que está sucediendo ya en ayuntamientos como el de Móstoles y su programa “Móstoles + solidario”
La utilización de personas en paro supone un sustancial ahorro de costes laborales ya que el ayuntamiento solo deberá abonar la diferencia entre lo que cobre por prestación y el importe de la base reguladora que sirvió de cálculo para la prestación contributiva. Importe que no saldrá del capítulo 1 (ya que no son personal trabador del ayuntamiento al no existir relación laboral) pero podría cargarse a otras partidas de carácter social y por tanto detraer recursos para atender otras necesidades básicas de los ya escasos fondos dedicados a estos programas
Se obliga a las personas desempleadas a trabajar por cantidades muy inferiores al SMI, sin relación laboral y por tanto, sin tener derecho a generar prestaciones de la Seguridad Social (desempleo, jubilación…), precarizando y denigrando más si cabe, la situación de las personas desempleadas.
En esta medida se excluye a las personas que no cobran prestaciones y que son las que más lo necesitan al carecer de ingresos, ya que el objetivo de la medida es que las personas desempleadas trabajen con el menor coste posible para la administración.
CCOO denuncia que se obliga a las persona desempleadas a realizar estas “colaboraciones”, mientras que se les niega la participación en políticas activas de empleo y/o formación al haber desaparecido con los recortes estos programas en la Comunidad de Madrid.
La Comunidad de Madrid trata de disfrazar como política de empleo algo que no lo es, ya que no es una medida que vaya dirigida a las personas que más lo necesitan (parados de larga duración y otros colectivos), que facilite la cualificación profesional y laboral a las personas con mayores dificultades de inserción pues carece de itinerario personalizado (orientación, formación y otras medidas de acompañamiento).
Así mismo, la obligación de dedicar toda o una gran parte de la jornada de trabajo, impide a estas personas tener tiempo para buscar un empleo, participar en itinerarios de inserción o formación que les permita mejorar su cualificación para tener más posibilidades de encontrar un puesto de trabajo.
CCOO exige al Gobierno regional que paralice de inmediato estos convenios, ponga en marcha verdaderas políticas de empleo y formación para las personas desempleadas -entre los que se encuentran los anteriores programas de “colaboración con las Corporaciones locales para la contratación de trabajadores desempleados en la realización de obras y servicios de interés general y social-, inversiones públicas que generen empleo en los ayuntamiento y prestaciones por desempleo suficientes para dar cobertura a las más de 560.000 personas desempleadas registradas en las oficinas de empleo y 260.000 que no tienen ningún tipo de prestación o subsidio.
