Los pésimos resultados de las elecciones del 22-M y el movimiento del 15-M han sorprendido al partido socialista que sustenta al gobierno y a una buena parte de la opinión pública. A los problemas relacionados con la derrota electoral se han sumado los derivados de la complicada designación del candidato a sustituir a Zapatero que han tenido, a última hora, una solución de compromiso: primarias con un sólo candidato conviviendo con el secretario general del PSOE y presidente del gobierno (transición suave) hasta las próximas elecciones generales, dando por hecho que Zapatero intentará agotar la legislatura de cuatro años, marzo de 2012. Más tarde se celebraría el congreso ordinario que debe analizar la gestión del periodo anterior y, por lo tanto, analizar los resultados de dichas elecciones, así como aprobar la política a seguir por el nuevo secretario general para los próximos cuatro años.
La gran incógnita de ese calendario es si resiste la prueba de los hechos. Para ello, el gobierno debe consolidar apoyos (PNV y CIU) y esperar a que los “mercados” (sin especular con la deuda) respeten este planteamiento, confiados en que Zapatero cumpla los compromisos de ajuste presupuestario y lleve a cabo las reformas en marcha (reforma de la negociación colectiva y reforma del sistema financiero), cuando menos.
Este planteamiento- sostenible en teoría- se fundamenta en la necesidad de responder con eficacia a la actual crisis económica, haciéndolo compatible con los intereses electorales del PSOE (ganar tiempo para no tener que celebrar a corto plazo las elecciones generales que, previsiblemente, serían nefastas para el PSOE). Sin embargo, esta política tiene muchas dificultades para que se pueda llevar a cabo en los plazos establecidos y, en todo caso, nadie puede garantizar que con esta política se evite un nuevo descalabro electoral del PSOE, ni tampoco la prórroga de los actuales Presupuestos Generales del Estado para el próximo año.
Por eso, no debe extrañar que sectores del partido socialista -y la izquierda en general- exijan un cambio de la política seguida hasta ahora por el gobierno y aspiren a presentar un candidato que enarbole la bandera del cambio. No quieren paños calientes. El empeño no es nada fácil; sin embargo, ya ha comenzado la cuenta atrás en la búsqueda de una alternativa no contaminada por la actual política económica contra la crisis que, no lo olvidemos, han desautorizado mayoritariamente los electores.
La política alternativa que se puede proponer al congreso ordinario -previsto de entrada para después de las elecciones de 2012-, se fundamentaría en tres pilares básicos: buscar un candidato a secretario general y su correspondiente equipo; regenerar la organización partidaria, garantizando la participación y la democracia interna; y, finalmente, aplicar una política basada en las ideas socialdemócratas.
La primera tarea es configurar un equipo con una persona al frente que genere ilusión y confianza a los miles de ciudadanos desencantados (15-M) y a la izquierda en general, con la misión de defender unas ideas de cambio sin el imperativo de tener que gobernar a toda costa, lo que determina hacer concesiones de todo tipo hacia políticas de centro derecha.
En segundo lugar hay que hacer organización. La derecha lo ha hecho: el PP tiene más afiliados que el PSOE y ha vertebrado una organización con presencia e implantación a todos los niveles capaz de llenar mítines y presentar varios interventores en todas las mesas electorales del país, cosa que el PSOE no puede garantizar en la misma medida. También es fundamental garantizar una estructura organizativa basada en agrupaciones con una dimensión adecuada a su ámbito de funcionamiento, capaces de garantizar la participación de los militantes y el debate entre ellos, respondiendo así a la necesidad de penetrar en el tejido social (asociaciones de barrio, vecinos, consejos escolares…) para responder a la problemática municipal. Finalmente, la democracia interna debe presidir el funcionamiento de todas las organizaciones del partido.
En tercer lugar se debe proponer una política distinta; una política socialdemócrata con voluntad de ser aplicada en sus justos términos. No hay que inventar nada; lo que hace falta es recuperar las políticas que han identificado con éxito a la izquierda social y llevarlas a la práctica sin titubeos y sin actitudes vergonzantes, y por lo tanto con la cabeza bien alta; eso sí, adaptándolas a las circunstancias actuales muy condicionadas por la crisis económica. Por eso hay que concretar esa política, porque todo el mundo se califica de socialdemócrata (desde F. González a Zapatero); sin embargo, no todo el mundo entiende la socialdemocracia de la misma manera, como se viene demostrando.
Una política socialdemócrata debe tener siempre presente la fuerza decisiva de la acción política y la centralidad del trabajo en una sociedad democrática; la igualdad de oportunidades; y una distribución justa y equitativa de la riqueza en defensa de los más débiles. En concreto, debe garantizar que la política económica esté fundamentada en la consecución del pleno empleo con especial incidencia en los más jóvenes: un empleo decente y con derechos. A ello debe contribuir la inversión pública y las políticas activas de empleo, así como el aumento del número de empleados públicos en la sanidad, enseñanza (0 a 3 años), y servicios sociales (dependencia principalmente), muy por debajo de los empleados públicos que tiene como media la UE.
La política salarial debe garantizar, cuando menos, el poder adquisitivo de los trabajadores y debe situar el SMI en el 60% de la media de los convenios como estímulo añadido al consumo y por lo tanto al crecimiento de la economía. Además, se debe poner freno a las escandalosas retribuciones de los ejecutivos, sobre todo bancarios (Alfredo Sáez, Banco Santander, cobró 9,2 millones de euros en 2010, según publicó el Correo- 20-05-11). Lo más preocupante de este asunto es que España ha incumplido la Directiva comunitaria que impone más control sobre el sueldo y los incentivos de los directivos bancarios; esa es la razón por la que Bruselas ha advertido que denunciará a España ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, si en el plazo de dos meses no acelera el traslado a nuestra legislación de la norma con que se pretende aumentar la solvencia de los bancos y atajar “los incentivos salariales perversos”.
La protección social debe ser otro asunto que destaque en una política de esta naturaleza. De entrada hay que establecer plazos para equipararnos en gasto social a la media de los países más avanzados de la UE-15 (en torno a 6 puntos por debajo del PIB), como viene denunciando el profesor Navarro que, hasta ahora, nadie le ha desmentido. En todo caso, el fundamento de las políticas sociales se debe establecer en torno a la seguridad social (pensiones), prestaciones por desempleo, sanidad, y servicios sociales, como asuntos prioritarios.
La socialdemocracia viene apostando también por un sector público empresarial estratégico como instrumento de la política económica del gobierno, hoy prácticamente desmantelado. En este sentido, y en las actuales circunstancias, resulta muy necesario plantear una mayor presencia del Estado en el sector financiero (banca pública que supere la insuficiente respuesta a la crisis del ICO)) con el propósito de garantizar una mayor capacidad de intervención, como la situación lo demanda, en la canalización de créditos a empresas y familias, entre otras medidas.
Los servicios públicos deben ser potenciados y situados en la esfera pública (en ningún caso serán privatizados), sobre todo los referidos a la sanidad, la enseñanza, los servicios sociales, el agua y los transportes públicos.
Una política socialdemócrata debe también garantizar una política de medio ambiente adecuada y contraria al destrozo que produce la contaminación ambiental de algunas industrias y la circulación en grandes ciudades (el ejemplo de Madrid es significativo), respondiendo a las reivindicaciones cargadas de razón de los “verdes”. Debe también abrir un amplio debate sobre el futuro de la energía nuclear y el almacenamiento de los residuos radiactivos en función de los intereses y la seguridad de los ciudadanos.
Finalmente, la política fiscal debe garantizar la consecución de ingresos suficientes para hacer sostenible el llamado estado de bienestar social y también la redistribución de la riqueza, pilar central de una política socialdemócrata, lo que significa apostar por una reforma fiscal encaminada a que paguen todos y, sobre todo, a que paguen más los que más tienen; en todo caso, la suficiencia, la progresividad, y una mayor equidad del impuesto deben estar garantizadas desde una política progresista. En este sentido debemos, una vez más, insistir en la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida (sería suficiente para corregir nuestro déficit). También en primar los impuestos directos sobre los indirectos y trabajar por la recuperación y el establecimiento de nuevos impuestos: patrimonio, sucesiones y donaciones, transacciones financieras, impuestos a las rentas más altas, a los fuertes dividendos…
Sabemos que la defensa de estas ideas, en un marco globalizado, requiere del respaldo internacional, fundamentalmente dentro de la UE, lo que exige una profunda refundación del Partido Socialista Europeo y de la Internacional Socialista, sin respuesta a la crisis y a las políticas neoliberales. También del respaldo de los sindicatos a todos los niveles, ya que son sus aliados naturales para desarrollar una política progresista y hacer realidad la democracia en los centros de trabajo (tarea pendiente en nuestro país).
También sabemos que estas grandes ideas requieren de hombres capaces de trabajar con honradez, austeridad, y capacidad de servicio a todos los niveles de la sociedad (poniendo freno al boato, al exceso de coches oficiales, y a los gastos suntuarios) y por lo tanto capaces también de generar ilusión y confianza a los miles y miles de “jóvenes indignados” que han perdido casi todo, pero que todavía les queda una cosa fundamental: dignidad y capacidad de protesta, como se está demostrando.
Acoger a esas personas y a esas ideas debe ser el compromiso de un partido obrero con historia, como es el PSOE, si quiere continuar siendo una referencia progresista y diferenciada de la derecha, tanto para los jóvenes como para los más necesitados. De no asumir este compromiso será superado por la realidad, como ya está ocurriendo, y terminará siendo un simple vestigio del pasado.
Para terminar, una última consideración: con estas ideas se han ganado y se pueden ganar unas elecciones generales -sin recurrir a políticas de centro derecha siempre acomodaticias y nada ilusionantes-, al ser capaces de comprometer y movilizar a la izquierda sociológica y a los jóvenes precarios. Sólo falta un partido fuerte que las defienda y las explique a todos los niveles de nuestro tejido social. Además, son las ideas más apropiadas para responder a la crisis y a la fuerte ofensiva neoliberal que se está produciendo y, por supuesto, la política más eficaz para defender los intereses de la mayoría de los ciudadanos, particularmente de los más débiles.
