El juicio ha quedado suspendido hasta el próximo día 31 cuando se resolverán las cuestiones previas y se decidirá si se interroga al juez Garzón.
La defensa de Baltasar Garzón en el juicio que le enfrenta a una posible inhabilitación de 20 años por abrir una causa al franquismo, ejercida por Gonzálo Martínez-Fresneda, ha solicitado al Tribunal Supremo la anulación de todo el procedimiento por ser aplicable a este caso la denominada "doctrina Botín", que establece que la acusación popular no es suficiente para sostener una causa si la Fiscalía no presenta acusación alguna.
La aplicación de esta doctrina -llamada así por haber sido instaurada en el denominado "caso de las cesiones de crédito", en el que estaba imputado el presidente del Banco Santander- se justificaría, según el abogado de Garzón, en el hecho de que en este caso el juez suspendido se sienta en el banquillo con la única acusación de Manos Limpias y la organización Libertad e Identidad, sin que hayan presentado cargos contra él ni el Ministerio Público ni ninguna parte directamente perjudicada por sus actuaciones.
"El delito de prevaricación además no se encuentra entre aquellos que puede sostenerse por una acusación popular", ha insistido el letrado, para añadir que en aplicación de la "doctrina Botín" nunca debería haberse dictado auto de juicio oral contra Garzón.
La de este martes es la segunda ocasión en pocos días en la que el titular del juzgado Central de Instrucción número 5 se sienta en el banquillo para enfrentar una posible pena de inhabilitación, después de haber sido juzgado la pasada semana por intervenir los encuentros de los cabecillas de "Gürtel" con sus abogados en prisión. También en esta ocasión, el juez suspendido viste su toga de magistrado y se sienta en el banco destinado a los letrados, junto a su defensor, evitando así el lugar de la sala destinado a los procesados.
Según el letrado de Garzón, el núcleo de la "doctrina Botín" no se ha visto desplazada ni siquiera por el denominado "caso Atutxa", en el que el que fuera presidente del Parlamento Vasco fue procesado por no aplicar una sentencia del Tribunal Supremo relativa a la disolución de un grupo parlamentario pese a que en este caso la única acusación también era popular.
Además, la defensa de Garzón ha planteado la nulidad de todas las actuaciones desarrolladas por el instructor del caso, el magistrado Luciano Varela, desde el 20 abril de 2010, que fue la fecha en la que se dio la oportunidad a las acusaciones, que en principio eran Manos Limpias y Falange -posteriormente expulsada del procedimiento-, de subsanar determinados defectos que presentaban sus escritos de acusación. Garzón fue inhabilitado por el CGPJ.
‘Manos Limpias’ ve indicios de criminalidad
El abogado de Manos Limpias, Joaquín Ruiz Infante, ha defendido ante el Supremo que el "interés público" y el derecho a ejercer la acción popular debe prevalecer en el juicio que se sigue contra Garzón. El sindicato, que ve "indicios de criminalidad" para condenar al juez con una pena de 20 años de inhabilitación, ha mostrado su "más profundo respeto" por las denuncias presentadas por los familiares de los desaparecidos durante los "horribles" hechos ocurridos en la Guerra Civil y el franquismo. "Nuestro objetivo no es hacer una revisión histórica de nada, nuestro objetivo es ver si se ha incumplido o no la Ley", ha añadido.
La Fiscalía denuncia la “situación de indefensión” de Garzón
Por su parte, el fiscal del Tribunal Supremo Luis Navajas ha solicitado el sobreseimiento de la causa al considerar que la acusación popular es "incapaz" de abrir en solitario el procedimiento y su presencia en la causa es "meramente adhesiva". "Sólo tiene facultades de apertura del procedimiento si se ve acompañada por el fiscal o la acusación particular", ha añadido.
El fiscal entiende que algunas resoluciones dictadas por el juez instructor Luciano Varela eran "radicalmente nulas" al haber vulnerado derechos fundamentales de Garzón y haberle dejado en "una clara situación de indefensión". En este sentido, ha criticado que se hayan minusvalorado las cuestiones esgrimidas por la defensa del juez, catalogándolas como "fuegos de artificio".
El juicio ha quedado suspendido hasta el próximo día 31 cuando se resolverán las cuestiones previas y se decidirá si se interroga al juez Garzón.
