La función primigenia del CGPJ es amparar a los jueces y juezas de cualquier ataque recibido que afecte al ejercicio de su función jurisdiccional, subrayan las asociaciones judiciales
La última propuesta del PP para que se “vigile e investigue” a jueces que llevan causas de la Gürtel y de los ‘papeles’ del extesorero Luis Bárcenas no ha gustado nada a los jueces que han respondido al unísono pidiendo amparo al Consejo General del Poder Judicial ante este nuevo intento de injerencia del PP en sus casos de corrupción.
El Grupo parlamentario ‘popular’ ha registrado en el Congreso de los Diputados unas resoluciones sobre la Memoria del CGPJ de 2016 en las que pide al máximo órgano de gobierno de los jueces que tome cartas en el asunto ante actuaciones que “aumentan la percepción de politización de la Justicia".
En concreto, el PP se queja del juez José Ricardo de Prada, uno de los miembros del tribunal del 'caso Gürtel', al que reprocha haber afirmado públicamente en una entrevista en prensa que la existencia de una 'caja B' en el partido "fue una conclusión unánime del tribunal”. También arremete contra el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, instructor del sumario de los 'papeles de Bárcenas', por haber decidido prorrogar la investigación de ese caso hasta 2020, "coincidiendo con la posible y más que probable convocatoria de elecciones generales", señala el Grupo Parlamentario Popular.
Esta no es la primera arremetida del PP contra los jueces. A principios de junio, el portavoz parlamentario, Rafael Hernando, acusó al magistrado José Ricardo de Prada de estar en “sintonía con el mundo proetarra”.
En respuesta a la resolución registrada, los colectivos Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente recuerdan que “la función primigenia” del CGPJ “es amparar a los jueces y juezas de cualquier ataque recibido que afecte al ejercicio de su función jurisdiccional”, como entienden que está haciendo el PP, y abogan por la defensa de la independencia judicial como "ejercicio efectivo por parte del Consejo”.
Las asociaciones judiciales destacan que el informe de la Comisión Europea de 2017 sobre el estado de la justicia en los países de la UE, sitúa a España como el tercer Estado donde un mayor porcentaje de personas percibe que la justicia no es independiente, tras Eslovaquia y Bulgaria. Hasta un 58% de la opinión pública española tiene una imagen “mala” o “muy mala”, recuerdan. Además, el informe deja claro que son las “interferencias y presiones del Gobierno” el primer motivo de la percepción de la falta de independencia aducido por la ciudadanía.
Por último, las cuatro asociaciones vuelven a reivindicar la “despolitización del Consejo” y que la elección de los doce vocales de procedencia judicial corresponda a jueces, tal y como viene siendo recomendado por el Grupo de Estados contra la Corrupción.
