La Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) propondrá esta semana al Pleno del Congreso la posibilidad de conminar al Gobierno a que expropie temporalmente el uso de las viviendas que las entidades financieras poseen y que se ven afectadas por procesos de desahucios, de modo que sus propietarios puedan acceder a alquileres sociales, al menos hasta que se apruebe una Ley de Segunda Oportunidad y se adopten otras medidas.
Así lo recogen en una moción, resultado de la interpelación que el portavoz parlamentario de ICV, Joan Coscubiela, planteó el 26 de noviembre al ministro de Economía, Luis de Guindos, a quien reprochó que las medidas puestas en marcha hasta ahora han tenido un "reducido impacto" y que este problema "sigue tan vivo como al inicio de la crisis". "La situación es de emergencia social y lo único que hace el Gobierno para revertirla es actuar tarde, a remolque de la lucha social y cerrando en falso los conflictos con falsas soluciones", alega la coalición en su moción, que recoge Europa Press, añadiendo que hasta que se apliquen los cambios legislativos necesarios se debería "contemplar la expropiación temporal del uso de inmuebles propiedad de la banca" para que las personas sometidas a un procedimiento de ejecución hipotecaria puedan acceder a un arrendamiento "con rentas asumibles en función de sus ingresos".
Además, se exige al Ejecutivo que retire el recurso de inconstitucionalidad que presentó contra la ley andaluza de la Función Social de la Vivienda, que permite a la Junta expropiar durante tres años el uso de pisos que los bancos mantengan vacíos para que personas desahuciadas puedan tener un alquiler social, así como sancionar a quienes tienen viviendas desocupadas.
No obstante, estas peticiones son sólo para paliar "el drama de los desahucios" durante el tiempo que tarden en ponerse en marcha los cambios legislativos que la Izquierda Plural estima imprescindibles para resolver realmente la situación.En este sentido, el primer paso sería que el Gobierno presente al Congreso un balance de resultados, evaluación y propuestas de mejora de la Ley Antidesahucios en el plazo de un mes. Con esos datos, deberían revisarse a la baja los requisitos de acceso al Fondo Social de Viviendas (FSV), a la moratoria y al Código de Buenas Prácticas Bancarias para que pueda haber más beneficiarios.
Además, se exige prorrogar la moratoria de dos años de manera "universal e indefinida" y ampliar el número de viviendas del FSV, incluyendo los inmuebles transferidos a la Sareb, los que tienen las entidades financieras participadas por el Estado y los pisos públicos que están desocupados.
En cuanto al Código de Buenas Prácticas también habría que permitir que sean los deudores los que elijan a qué modalidad de solución --reestructuración, quita o dación en pago-- quieren acogerse, que se eliminen los requisitos personales, sociales o económicos para poder acceder a estas posibilidades y que se prevean mecanismos de mediación y arbitraje para dirimir los desacuerdos con los acreedores.
Ley de Segunda Oportunidad
Más allá de resolver la situación de quienes ya están inmersos en un proceso de ejecución hipotecaria, la Izquierda Plural también cree que hacen falta más medidas para prevenir que estas situaciones se puedan repetir, llegando más lejos de lo que lo hizo el Gobierno con su Ley Antidesahucios. En concreto, se reclama una Ley de Segunda Oportunidad para que "familias y autónomos puedan reestructurar sus deudas como lo hacen las sociedades mercantiles, y no se vean abocados a vivir toda su vida atrapados en las deudas contraídas en un momento dado".
Pero, además, la coalición quiere también reformar la legislación hipotecaria y civil para evitar el sobreendeudamiento personal, con propuestas como que las hipotecas no puedan superar el 30% de los ingresos personales o familiares ni el 80% del valor de tasación del piso, que no puedan fraccionarse ni prolongarse más allá de 30 años, que los intereses de demora equivalgan como máximo al doble del interés legal del dinero, o que las cláusulas de interés variable "en ningún caso puedan comportar un reparto equilibrado del riesgo" entre las partes.
Asimismo, IU-ICV-CHA quiere que las tasadoras sean responsables de las valoraciones que hacen de las viviendas, de modo que si superan al alza el 10% del valor habitual en el entorno tengan que asumir los perjuicios económicos que se pudieran generar al deudor. También cree que habría que incrementar hasta cinco años de salario base los ingresos inembargables y que si un banco vende o transfiere a un tercero una vivienda o una hipoteca el deudor debe tener derecho a conservar todos sus derechos.
Finalmente, la Izquierda Plural se queja de que "la información sobre los derechos existentes para los afectados (por desahucios) no es la adecuada" y cree que todos los documentos que el banco, el juzgado u otras partes les remiten debería incluir referencia a sus derechos.
