miércoles. 24.04.2024
ccooorioja
Concentración en la Rioja a las puertas del juzgado (Foto: CCOO La Rioja)

La Fiscalía ha rebajado su petición de dos a un año de cárcel, pero ha mantenido sus acusaciones que, en el fondo, "vienen a cuestionar el ejercicio del derecho de huelga que consagra la Constitución", denuncia CCOO.

Este martes se ha celebrado en Logroño el juicio a cinco sindicalistas de CCOO, entre ellos el secretario general del sindicato en esta comunidad, a los que el fiscal ha pedido un año de prisión (ha rebajado su petición de dos a un año) por formar parte de un piquete informativo en la preparación de la huelga general del 29 de septiembre de 2010. “Aunque el fiscal ha rebajado la petición de cárcel de uno a dos años para los sindicalistas, mantiene los fundamentos jurídicos de la acusación, que en el fondo vienen a cuestionar el ejercicio de un derecho constitucional como es el derecho de huelga”, denuncia CCOO. Con anterioridad al inicio del juicio, se ha celebrado una concentración de apoyo a los sindicalistas.

“Aunque la fiscalía rebaja la pena de dos a un año, no rectifica su propósito de obstaculizar el ejercicio del derecho de huelga”

Más allá de las contradicciones en las que haya podido incurrir la acusación, y de que haya quedado probado la ausencia de incidentes y actos violentos en la actuación del piquete informativo, lo llamativo de este juicio y del carácter de las acusaciones, es el intento de los poderes públicos a los que sirve la fiscalía, de recurrir a figuras jurídicas preconstitucionales para arremeter contra el movimiento sindical y contra el ejercicio de uno de sus principales derechos: el derecho de huelga.

“No olvidemos -apunta el secretario de Estudios de CCOO, Rodolfo Benito-, que esta acusación se suma a la efectuada contra 8 sindicalistas de Airbus (7 de CCOO y 1 de UGT) para los que el fiscal solicita 64 años de cárcel, también por participar activamente en el llamamiento a los trabajadores y trabajadoras a fin de que secundaran la huelga general del 29 de septiembre de 2010. Responder al ejercicio de un derecho constitucional con conductas jurídicamente autoritarias y políticamente antidemocráticas, solo puede entenderse como un intento de amordazar el movimiento sindical, algo que no vamos a tolerar”.

La Fiscalía intenta "amordazar" el movimiento sindical