miércoles. 17.04.2024

El fiscal y los sindicalistas

Ignoraba la pasión de la autoridad fiscal, estrecha colaboradora del Gobierno, por cortarles las alas a los sindicatos y enviar a sus representantes a la cárcel.

El 29 de septiembre de 2010, día de la huelga general contra el primer paquete de recortes que el entonces gobierno de Zapatero puso en marcha para atajar la crisis, ocho sindicalistas de Airbus (7 de CCOO y 1 de UGT) se vieron involucrados en un altercado con la policía a las puertas de la factoría de Getafe (Madrid). Tres años y medio después, el Juzgado de Instrucción de la localidad madrileña ha decretado la apertura de juicio oral ante el escrito de acusación del Ministerio Fiscal que reclama para los sindicalistas 8 años de prisión por seis delitos y siete faltas. Esta petición contra sindicalistas que participaron en una huelga general no tiene precedentes en democracia.

Sabemos como se las gasta la derecha que gobierna, la que niega los derechos civiles, la que edita periódicos o programas de radio y televisión, cuando de difamar a los sindicatos se trata. Conocemos mejor que nadie las torpezas que a veces cometemos y que son munición para los pregoneros del sindicalismo sin sindicatos. Pero ignoraba la pasión de la autoridad fiscal, estrecha colaboradora del gobierno, por cortarles las alas a las organizaciones sindicales y enviar a sus representantes a la cárcel. Ya sabemos que el fiscal pide y el juez decide. Pero sorprende este tufillo autoritario, propio de dictaduras, de calificar la acción sindical como un delito de lesa majestad.

Estamos acostumbrados a que los conflictos laborales en los que intervienen las fuerzas de seguridad se salden siempre con el mismo resultado: los sindicalistas son culpables. La policía fue agredida. Y ya lo hemos dicho con frecuencia: en la policía como en la guardia civil, CCOO mantiene excelentes relaciones con sus sindicatos o asociaciones mayoritarias, el SUP y la AUGC. Pero nada mancha tanto la imagen de un colectivo como unas cuantas conductas personales animadas por un espíritu corporativo y prepotente contra ciudadanos/as que ejercen sus derechos, en este, como en otros muchos casos, sindicalistas.

Y para animar la fiesta, siempre acude raudo el fiscal del poder dispuesto a poner orden penal donde antes hubo orden policial. Solicitar 8 años de cárcel para los sindicalistas de Airbus por convocar a sus compañeras y compañeros a secundar la huelga general del 29 de septiembre de 2010, trasladando a la sociedad la imagen de un sindicalismo violento y de unas fuerzas de seguridad inmaculadas, constituye un ejercicio de grosería y temeridad, solo entendible desde una decidida animadversión política. ¿Cómo es posible que delincuentes de toda clase y condición, destrocen la vida de miles de personas desde el oscuro mundo de la economía y las finanzas, y operen blindados ante la autoridad competente, y unos cuantos representantes de los trabajadores sean objeto de una indecente campaña de acoso, derribo y cárcel por ejercer sus derechos?

No lo vamos a permitir. CCOO echará el resto para defender la dignidad e inocencia de unas personas que solo son culpables de defender a las trabajadoras y trabajadores. Y por eso, nadie debe ir a la cárcel. Sigue habiendo mucho poso del tardofranquismo en algunas instituciones del Estado.

El fiscal y los sindicalistas