El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Pascual Sala, ha rechazado este lunes las renuncias presentadas tanto por el vicepresidente de este órgano, Eugeni Gay, como por los magistrados Elisa Pérez Vera y Javier Delgado, por lo que deberán continuar en sus cargos hasta ser renovados por el Congreso de los Diputados según establece el artículo 23 de la Ley Orgánica que regula este órgano (LOTC).
En el decreto, Sala justifica su decisión en el "volumen de procesos constitucionales pendientes" y en su "insustituible función institucional como supremo intérprete de la Constitución y garante máximo de los derechos fundamentales y libertades públicas". Sala también se refiere en su escrito a la necesidad de "garantizar la continuidad y estabilidad" del tribunal de garantías y reitera al Congreso de los Diputados la necesidad de proceder a la renovación en cumplimiento de los plazos legales.
Aluden como causa de las dimisiones la tardanza en la renovación de sus cargos que está pendiente en el Congreso de los DiputadosEl vicepresidente Gay llegó a señalar en su escrito de renuncia que "tenía la sensación de formar parte de un tribunal secuestrado". El rechazo de las renuncias se realiza, según Sala, "sin perjuicio de hacer nuevamente presente, en este caso al Congreso de los Diputados, la necesidad de observancia de los plazos de renovación constitucional y legalmente establecidos".
La ausencia de renovación y la paralización en el Congreso de los contactos políticos dirigidos a renovar las plazas sería la razón aducida por los magistrados para justificar su extrema decisión, que es la primera vez que se produce en la historia de este órgano.
Javier Delgado, nombrado a propuesta del PP, fue uno de los cuatro magistrados del TC que el pasado mes de mayo presentaron voto particular contrario a permitir la concurrencia de Bildu a los últimos comicios municipales.
También presentó este magistrado un voto discrepante a la sentencia sobre el Estatut de Cataluña, en el que calificaba la postura del resto de sus compañeros de "radical" y advertía que, con su posición sobre este asunto, el alto tribunal había "desbordado ampliamente" las funciones que le atribuía la propia Constitución.
Elisa Pérez Vera, designada a propuesta del PSOE, fue la primera ponente de la sentencia del Estatut, que fue rechazada tras la presentación de hasta cinco borradores, lo que obligó a designar en la ponencia sobre este asunto al actual presidente del TC, Pascual Sala.
Eugeni Gay, por su parte, ha votado siempre con el sector progresista de este órgano con excepción del recurso del PP contra la Ley del Aborto, asunto en el que este magistrado se posicionó a favor de la suspensión de la norma.
EL PASADO 30 DE DICIEMBRE ACABÓ EL PLAZO
El pasado 30 de diciembre el presidente del Congreso, José Bono, dio por cerrado el plazo para proponer candidatos a la renovación del Tribunal Constitucional y, como el PSOE y el PP seguían sin alcanzar un acuerdo, optó por dejar todo el proceso en suspenso a la espera de que los dos grandes partidos decidan poner sus nombres sobre la mesa.
El PSOE y el PP, cuyos votos son imprescindibles para elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional, acordaron que, de los cuatro miembros que corresponde elegir al Congreso, dos de ellos habrían de ser propuestos por los socialistas y otros dos por los 'populares'.
Bono había puesto en marcha un mes antes, el 30 de noviembre de 2010, los mecanismos institucionales para esta renovación parcial del TC y, a la espera del acuerdo entre los dos grandes partidos, prorrogó dos veces el plazo para presentar candidatos. El principal escollo que ha encontrado el proceso es el rechazo por parte de los socialistas de la candidatura del magistrado de la Audiencia Nacional Enrique López para cubrir este puesto, a la que los populares no quieren renunciar.
La última renovación se produjo el pasado mes de enero, cuando cuatro nuevos magistrados designados por el Senado tras tres años de retraso tomaron posesión de sus cargos.
En dicha ocasión se produjo el cese de la hasta entonces presidenta, María Emilia Casas, y de los otros tres magistrados cuyo mandato había caducado en diciembre de 2007, todos ellos situados en el denominado "sector conservador": Vicente Conde, Jorge Rodríguez-Zapata y el vicepresidente del tribunal Guillermo Jiménez. Los cuatro juristas finalmente consensuados en la cámara alta y que juraron o prometieron sus cargos en dicho momento fueron el ex presidente del Tribunal Supremo Francisco José Hernando y los juristas Adela Azúa, Luis Ignacio Ortega y Francisco Pérez de los Cobos.
