jueves. 28.03.2024

El Secretario General del PSM y portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Tomás Gómez, ha reclamado al gobierno regional, al que ha calificado como "Aguirre Recortes S.A.", que haga frente a la deuda adquirida con los abogados del turno de oficio y cree una comisión permanente que supervise, entre otras cosas, las medidas para garantizar la prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita a todas las personas que sean manifiestamente insolventes.

Tal y como ha explicado el líder socialista tras mantener una reunión con los presidentes de los dos colegios de abogados de la Comunidad de Madrid (Alcalá y Madrid) y representantes de las principales asociaciones de abogados de la región, el grupo parlamentario socialista en la Asamblea ha presentado una Proposición No de Ley ante el “incumplimiento sistemático” por parte del gobierno de Esperanza Aguirre de sus competencias en materia de justicia, que además ha cuestionado la labor de los profesionales y de los Colegios de Abogados “dañando seriamente su prestigio cuando, en realidad, están trabajando gratuitamente con el fin de garantizar el derecho fundamental a la defensa y proteger a los ciudadanos y ciudadanas más desfavorecidos de nuestra Comunidad”.

Para Gómez, el acoso y derribo que experimentan los abogados del turno de oficio en Madrid “no tiene precedentes” y obedece a una estrategia de la derecha madrileña “que tiene en sus objetivos otro modelo de justicia”. “Vale ya de desprestigiar a todos los colectivos. Vale ya de desprestigiar a toda una sociedad que funciona mejor que su gobierno autonómico”, ha continuado el líder socialista quien ha señalado que en lugar de gastar 110 millones de euros en propaganda se podría pagar la deuda con los letrados de la asistencia jurídica gratuita pues “no es cuestión de dinero sino de cómo se prioriza”.

La PNL de los socialistas madrileños propone las siguientes medidas:

1.- Realizar, con carácter urgente, las modificaciones presupuestarias necesarias para hacer frente a la deuda actual con el Turno de Oficio y presupuestar, para el año 2012, recursos suficientes que garanticen el pago de los honorarios del servicio de asistencia jurídica gratuita trimestral y puntualmente, en el trimestre siguiente al de la realización de las prestaciones.

2.-Poner en funcionamiento el expediente electrónico de Justicia Gratuita junto con el establecimiento de instrumentos administrativos para conocer en tiempo breve y suficiente, la situación económica y patrimonial del solicitante, evitando a los abogados y procuradores la realización de tareas burocráticas, para la realización de trámites y obtención de documentos, que corresponden y están en poder de la Administración, y que evitarían abusos y fraudes y mejorarían la gestión.

3.-Creación de una Comisión Permanente sobre el funcionamiento del Turno de Oficio, dentro de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, formada por representantes de la Consejería competente en materia de Justicia, los Ilustres Colegios de Abogados de Madrid y de Alcalá de Henares, Abogados y Procuradores del Turno de Oficio y un representante de cada uno de los Grupos Parlamentarios de la Asamblea de Madrid cuyo fin será el estudio y asesoramiento sobre:

a. Medidas necesarias para la mejora de la información.

b. Medidas para mejorar la gestión del gasto.

c. Actualización de las retribuciones económicas.

d. Medidas para garantizar la prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita a todas las personas que sean manifiestamente insolventes, dados los signos externos que lo evidencien, para dar cumplimiento al derecho fundamental a obtener la tutela judicial efectiva y evitar la indefensión, tal y como establece el art. 24 de nuestra Constitución.

Los hechos y los datos demuestran que, desde el año 2008, el Gobierno Regional no paga puntualmente los servicios profesionales prestados y ha provocado retrasos de hasta un año en el pago de la subvención al Colegio de Abogados, adeudando actualmente al Turno de Oficio la cantidad de 20,9 millones de euros, según la información publicada por el ICAM, y que, desde el año 2003, no se han actualizado los módulos y bases económicas establecidos en el decreto 86/2003 que ha quedado desfasado y no está adecuado al trabajo y prestaciones reales de los letrados y procuradores en cada tipo de proceso y orden jurisdiccional.

Según la proposición parlamentaria, al no haberse arbitrado e instrumentado los sistemas y procesos de información necesarios, se está gestionando mal el reconocimiento del derecho y la verificación de los requisitos de falta de capacidad económica para ejercer el derecho a la asistencia jurídica gratuita, de tal forma, que recae sobre el abogado, designado provisionalmente, la carga de obtener los documentos que acrediten la insuficiencia de recursos económicos del solicitante. Es obligación de la Comunidad de Madrid resolver el problema que ha creado con su propia actuación, que ha originado el conflicto que ha llevado a la suspensión del turno y a la huelga por perjudicar de forma flagrante la situación profesional de abogados y procuradores, que está poniendo en peligro el derecho fundamental ala tutela judicial efectiva y un servicio público esencial, y que está generando un problema social a nivel individual y colectivo en las personas más vulnerables social y económicamente.

El PSM denuncia el “acoso y derribo” a los abogados del turno de oficio