Éste es, al menos, el mandato que ha impuesto a toda la Eurozona el grupo de los Veinte países más poderosos del planeta y que, a la vista de lo ocurrido en España, exigieron que en la medida de lo posible, se elimine la "retroalimentación entre deuda financiera y deuda soberana", que se está dando en el caso español.
También el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que ha defendido con intensidad en las últimas semanas, aunque sin conseguirlo, una ayuda directa de Bruselas a la banca, dijo el lunes que los mecanismos de ayuda que vinculan deuda soberana y deuda bancaria son "tremendamente dañinos".
No obstante, el margen de negociación que hay sobre la mesa no es muy amplio, habida cuenta de que la línea de financiación que se ha puesto a disposición de la banca española por importe de hasta 100.000 millones de euros será distribuida por el Estado a través del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria).
Fue el presidente de la Comisión Europea, Jose Manuel Durao Barroso, el que el pasado sábado anunció que cuando España pida formalmente la ayuda, se iniciará una cuidadosa negociación con los socios europeos para reducir esta "contaminación".
Aunque no dio muchos detalles, fuentes de la UE explicaron que buscarán minimizar el impacto con varias posibles medidas.
Una de las posibilidades que hay sobre la mesa es alargar el plazo del préstamo que se concederá para la banca para que el impacto en el aumento de la deuda se diluya.
La UE también apuesta por que la cantidad prestada no sea considerada como una deuda "preferente", ya que ello implicaría que el Estado debería atender su pago antes que el resto de la deuda pública que coloca en los mercados.
Para ello, los recursos deberían proceder del Fondo Europeo de Estabilidad (FEEF), porque no tienen esta condición de preferencia.
Sin embargo, si los fondos procedieran del MEDE (el Mecanismo Europeo de Estabilidad), que aún no está en marcha a falta de que lo ratifiquen los parlamentos de algunos Estados, sí tendría este carácter de deuda senior.
España, no obstante, ya ha empezado a hacer sus cálculos sobre los términos del préstamo, que cree se moverá en parámetros similares a los de otros países.
Por tanto, cree que tendrá un plazo largo de incluso más de 15 años, un periodo de gracia de entre 5 y 10 años y un tipo de interés entre el 3 y el 4 por ciento.
Los detalles de las condiciones del préstamo quedarán establecidos en un memorando de entendimiento que se espera esté listo para la próxima reunión del Eurogrupo del 9 de julio.
Si se cobrase a España unos intereses de entre el 3 % y el 4 %, el Gobierno obtendría un retorno doble por parte de la banca a cambio de la inyección de capital a través de bonos convertibles contingentes ("cocos", en el argot financiero).
En el caso de que la ayuda europea a las entidades se haga llegar a través de la compra de "cocos", el Estado recibirá un interés fijo anual por esos instrumentos de capital hasta su desinversión. En este caso, el interés mínimo que ha aceptado la Comisión Europea en casos anteriores ha sido el 8,5 %, según el comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia.
Las normativas comunitarias de ayudas estatales exigen que los bancos que las reciben contribuyan al coste de su propia reestructuración y que, por tanto, el Estado reciba una remuneración adecuada por estas ayudas.
