viernes. 29.03.2024

El rescate de nuestra sociedad lo tenemos que hacer nosotros

En la Actualización del Programa de Estabilidad del Reino de España 2012–2015 el gobierno firma su fracaso en materia de empleo: establece como objetivo de su legislatura, como resultado de su acción de gobierno, la pérdida de un 2,3% del empleo existente cuando accedió. Este resultado no es herencia, sino opciones de gobierno.

En la Actualización del Programa de Estabilidad del Reino de España 2012–2015 el gobierno firma su fracaso en materia de empleo: establece como objetivo de su legislatura, como resultado de su acción de gobierno, la pérdida de un 2,3% del empleo existente cuando accedió. Este resultado no es herencia, sino opciones de gobierno. Define unas políticas concretas, de estabilización, que impiden la creación de empleo y traen como resultado, según sus propios cálculos, la pérdida de 400 mil puestos de trabajo.

El día 30 de mayo, conocemos en los medios de comunicación el borrador que maneja la Comisión. Informaba de las recomendaciones del Consejo en relación con el Plan de Reformas. Cuando vi el conjunto de puntos, serían las seis de la mañana, pensé en que estábamos intervenidos dada la semejanza de sus propuestas con las condiciones impuestas a Grecia, Portugal, etc. Unos días después De Guindos solicitó 100 mil millones para rescatar la banca.

El documento del Consejo no tiene desperdicio, aunque ha pasado demasiado desapercibido. Uno de los aspectos que más me ha llamado la atención, además de las condiciones que nos imponen, ha sido la fuerte modificación a la baja de las mencionadas previsiones del gobierno contenidas en la Actualización del Plan de Estabilidad. Afirma que sus previsiones son demasiado optimistas dado que se corresponden con una disminución del PIB en 2012 de 1,7% en vez del 1,8% que estiman y en 2013 el PIB estiman que disminuirá un 0,3% en vez de aumentar el 0,2% que prevé el gobierno. Ello implica que en esta legislatura, el PIB en vez de crecer un 1,7%, disminuirá medio punto sobre 2011.

Con estas variaciones y continuando la misma secuencia (+0,2% en 2014 y +1,4% en 2015) la pérdida de puestos de trabajo se situaría en torno a 900 mil, en vez de disminuir en 2,2 puntos, lo hará en casi cinco. El plan de reformas de este gobierno provocará, en cálculo de la UE que lo bendice, casi un millón de empleos menos. Para que luego digan que el empleo es su prioridad.

Si aumentamos al número de parados existentes en diciembre de 2011 ese millón que a lo largo de esta legislatura perderán su trabajo gracias a la política de reformas, especialmente la reforma laboral, hablamos de más de seis millones de parados y una tasa de paro superior al 26%. Pese a la cifra de un millón de empleos perdidos, considero que en las previsiones no está bien contemplada la caída de la demanda en función del comportamiento de los precios. Si añadimos el aumento del precio del dinero (hipotecas y demás préstamos), de la energía (electricidad ya aprobada en un 7%), comunicaciones, la distribución del presupuesto de los hogares va a castigar de forma mucho más aguda a las actividades de consumo que más empleo generan (hostelería, comercio minorista, etc.), por lo que el millón de empleos perdidos bajo este gobierno puede quedarse bastante corto.

Así nos encontramos con más de seis millones de parados de los que casi cinco pueden llevar más de cuatro años entrando y saliendo del paro, sin más esperanza de futuro que llegar a fin de mes. En todas las crisis se produce necesariamente un reparto del trabajo. Es lo que hace posible mantener cierta “paz social” y que los parados no tomen la calle. Es el mecanismo que tiene esta sociedad de autoregulación, aunque no esté explicitado.

El gobierno y la derecha hablan de fraude al desempleo como mecanismo de ajuste. Han conseguido crear cierto consenso en ello. “Los parados no se echan a la calle porque hacen chapuzas” oímos con demasiada frecuencia incluso desde las orillas de la izquierda. Estas afirmaciones son lo que va a permitir al gobierno hacer la “caza del parado defraudador” en vez de la caza de la del “empresario defraudador” y, después, justificar el recorte de prestaciones.

No se mira a quien hace contratos a tiempo parcial y obliga a jornadas de ocho o diez o doce horas. Para  evitar que algunos inspectores de trabajo “miren”, acaban de permitir el absurdo: los contratados a tiempo parcial pueden hacer horas extras. Es lo mismo que decir que no pueden ser controlados. Si un inspector llega a una empresa y hay un trabajador a tiempo parcial fuera de su horario, ahora puede afirmar el empresario que está haciendo horas extras. Es lo que los empresarios y sus asociaciones quieren, que no se les pueda controlar. Es lo que el gobierno ha permitido: hacer impune al empresario que defrauda con contratos a tiempo parcial.

Si jugamos con grandes números, los que desvelan los niveles de fraude, comprobaremos que no es cierto ese fraude generalizado de los parados. No niego que no haya alguno, siempre hay excepciones, pero es mucho menor que lo que el “subconsciente colectivo” piensa y lo que el gobierno alimenta. La EPA considera que una persona está ocupada, está trabajando si es “incluso de forma esporádica u ocasional, al menos una hora a cambio de un sueldo, salario u otra forma de retribución conexa, en metálico o en especie”. El inmigrante brasileño que cobraba 40 euros al mes por una jornada de 16 horas es un trabajador ocupado exactamente igual que quien da una clase particular una hora a la semana o cualquier empleado público. Si queremos analizar el fraude, deberemos comparar los ocupados y los afiliados. La diferencia entre ambas cifras nos indicará el volumen de empleo sumergido existente entre el que necesariamente se tiene que encontrar el fraude al desempleo. También encontraremos otras formas de fraude como la de nuestro inmigrante brasileño.

En el primer trimestre de 2012 había 17.433.200 ocupados y 16.915.292 afiliados. Es decir, había 517.908 ocupados más, un 3,1%. En este medio millón hay que contabilizar los empleados públicos que están afiliados a Muface. Esta diferencia del 3,1% era al principio de la crisis de casi el doble, el 6%. Había 1.159.858 ocupados más que afiliados. Como la propia seguridad social cruza y corta las prestaciones, el fraude al desempleo no es algo que pueda estar creciendo, sino todo lo contrario.

Si la ocupación disminuye con mayor intensidad que la afiliación, pretender centrar los objetivos de la Inspección de Trabajo en la persecución de parados defraudadores, como hace el Ministerio, es querer dar una imagen falsa de lo que ocurre. El problema en el mercado de trabajo no está fundamentalmente en el fraude al desempleo sino en el fraude a la Seguridad Social. La utilización de contratos a tiempo parcial realizando muchas más horas que por las que se cotiza es uno de los más importantes y ese fraude ha sido el propio gobierno quien lo ha propiciado permitiendo las horas extras.

Desde 2007 vemos cómo el número de personas que se sitúan en la marginalidad laboral, aquellos que no tienen ninguna esperanza de encontrar un trabajo con ciertas pretensiones de estabilidad, aumenta incesantemente. Si al principio se circunscribía a las personas que salían del sector de la construcción, inmediatamente pasó a sus sectores afines para extenderse después al conjunto de la sociedad, actualmente incluso a la banca y a la administración pública. Este gobierno ha conseguido lo que nadie podía esperar: los empleados públicos y los de la banca temen por sus empleos y/o salarios.

En un país con seis millones de parados que han ido aumentando sucesivamente y lo seguirán haciendo durante un ciclo mínimo de ocho años, con una sensación de precariedad en todo el marcado laboral, ¿quién va a consumir? Y si nadie consume, ¿quién va a invertir? Y si no se invierte ¿cómo se crea empleo?

Con esta perspectiva pedir un rescate del mercado financiero de 100 mil millones de euros, solamente significa garantizar a nuestros acreedores que van a cobrar. Por ello nos imponen condiciones para que en vez de gastar en nosotros (pensiones, educación, sanidad, empleo público, prestaciones…), ahorremos y se lo demos a ellos. El rescate de nuestra banca, tal y como está planteado, no garantiza lo fundamental que dice pretender: que el crédito vuelva a fluir hacia nuestros hogares y nuestras empresas. Esta falta de garantías se debe a la falta de perspectivas, a la falta de futuro, que se ha instaurado en todos nosotros. Si no se genera empleo, ni se consume ni se invierte, ¿para qué es preciso que fluya el crédito?

Existe un ejemplo claro de lo que ha pasado y he utilizado en otras ocasiones. Se trata de la política laboral y sus consecuencias puesta en marcha en la Citroën de Vigo. Tenía una filosofía de mantener una parte importante de la plantilla con contratos temporales para así hacer los ajustes que considerase necesarios, lo llamaba “flexibilidad”.

A principios de 2008 contaba con 11.107 trabajadores. En 2012 el número de trabajadores ha descendido hasta unos 7.100, todo ello sin aplicar ningún expediente de regulación de empleo de tamaño equiparable a semejante reducción. Hay, por lo tanto, algo más de 4.000 parados provenientes de Citroën, de la matriz, sin contar las empresas auxiliares. Un expediente de reducción de jornada podría mantener a dos o tres mil trabajadores, actualmente en paro, vinculados a la empresa, todos sufrirían recortes en sus salarios pero no habría 4.000 excluidos, algo más de un tercio de la plantilla. Al no tener una relación laboral estable la empresa rescindió los contratos y el resto de la plantilla, los fijos, lo consideró una solución “normal”.

En este período, primeros trimestres de 2008 y 2012, la producción de vehículos ha disminuido un 28%, casi 220.000 vehículos menos y su venta un 45%, casi 140 mil menos. La política de reducción de plantillas temporales fuerza esa disminución. Ahora la ANFAC (Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones) dice que “La drástica caída de las ventas en el mercado interno puede llegar a poner en peligro las fábricas de coches establecidas en España y que pertenecen todas a marcas con matrices no españolas”. No basta ser una fábrica competitiva, la Citroën de Vigo era una de las más competitivas de Europa, se empieza a exigir participación del mercado interno. De seguir así las cosas, no se verá los nuevos modelos prometidos y veremos cómo disminuye su capacidad productiva. Más ajustes de personal, esta vez de los fijos, que incidirán en menores ventas que provocarán más ajustes.

No cabe duda que de mantener el máximo posible de plantilla sin excluir a ese tercio de eventuales, la venta de coches no se vería tan severamente afectada. Quizá bajarían de gama, pero seguiría manteniéndose un volumen importante. El mercado interno y la competitividad de la propia fábrica harían el resto para que continuase produciendo nuevos vehículos y no habría riesgo para el empleo de los fijos.

Este ejemplo creo que viene perfectamente al caso. Hay que substituir la Citroën por el conjunto de nuestro mercado de trabajo. Un reparto del empleo es lo único que puede mantener cierto nivel de consumo y darnos a todos expectativas de salida de la crisis. Nos puede dar esperanza en el futuro algo más allá de fin de mes. Es el momento de plantear necesariamente otros sistemas de redistribución del trabajo que puedan coadyuvar a la creación de empleo. La única salida que se puede propiciar en esta situación pasa por cambiar el sistema de reparto del trabajo.

La dualidad del mercado de trabajo se continúa manteniendo o incrementando y no hay políticas ni objetivos para su disminución. El contrato de emprendedores no se utiliza ni tampoco evitaría esa dualidad. Son los contratos “clásicos”, por obra o eventual, los que continúan dominando con mucho la contratación. En los cinco primeros meses de 2011 supusieron el 82,1% de los contratos registrados (4.452.497 contratos); en los cinco primeros meses de este año, su proporción ha aumentado hasta el 82,5%, disminuyendo el peso de los indefinidos, entre los que está el de los emprendedores, en una décima. El nivel de rotación en el paro registrado es muy importante: en los cinco primeros meses de este año, las bajas por colocación supusieron el 28% del paro registrado.

La situación es muy clara: continuará destruyéndose empleo, aumentando el paro y aumentando la dualidad en el mercado laboral. Con esta situación y con el camino de reformas que ha trazado el gobierno lo único que se va a conseguir es un empobrecimiento generalizado de toda la población, salvo una muy restringida proporción que se está beneficiando de todos.

Lo que es más urgente, incluso más que proyectos de inversión, es reducir drásticamente el volumen de paro. La disminución que necesitamos para estabilizar nuestra sociedad se sitúa alrededor de 2 millones. La única forma posible de crearlos es por medio de una regulación de empleo de país: disminuyamos la jornada de trabajo en un 20% para incorporar a dos millones de parados. Apliquemos las prestaciones para compensar parte de ese 20% de pérdida salarial. Durante dos año y medio en los salarios inferiores a 1500 o 2000 euros, según el número de hijos, la prestación haría que la disminución salarial no fuera superior al 6% del salario actual. Con ello, empezaremos a aumentar nuestro consumo interno, nuestra inversión y nuestra creación de empleo. Este es nuestro rescate válido y solo lo podemos hacer nosotros: repartamos nuestro tiempo de trabajo para tener un futuro todos. Negociemos un plazo de devolución del “rescate financiero” que no asfixie nuestra economía y así habrá motivos para que fluya el crédito a nuestras familias y empresas. De lo contrario el rescate solo servirá para más sacrificios de todos y garantizar a los acreedores de nuestro sistema financiero que van a cobrar la deuda que tienen. 

El rescate de nuestra sociedad lo tenemos que hacer nosotros
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