Los vocales del órgano de gobierno de los jueces Margarita Robles, Inmaculada Montalbán y Felix Azón, que en su momento pidieron la dimisión de su presidente, Carlos Dívar, por sus viajes a Marbella (Málaga), remitieron este miércoles un escrito a las Cortes ofreciéndose a comparecer a petición propia.
No obstante, la Mesa del Congreso, con mayoría del PP, no admitirá esta solicitud en coherencia con el veto impuesto el pasado martes a las comparecencias de Dívar solicitadas por el PSOE y por la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA).
Entonces, el órgano de gobierno de la Cámara Baja argumentó que no se podía citar a Dívar porque entre las competencias del Congreso no está la de controlar al CGPJ, según indicó la vicepresidenta primera, la 'popular' Celia Villalobos antes de apelar a la división de poderes.
Ese mismo argumento será el que esgriman los representantes del PP ante la oferta de explicaciones de los tres vocales: Si no es precedente que el presidente de la institución explique ante el Parlamento cómo gestionan sus fondos, tampoco lo es que lo hagan tres de los vocales, por mucho que sean ellos quienes acudir. Otra cosa es que ellos ofrezcan esas explicaciones públicas en otros ámbitos.
EL PSOE, MÁS CERCA DEL TC
El PP y el PSOE habían rechazado juntos las dos primeras peticiones de comparecencia de Dívar, presentadas por IU-ICV-CHA, pero el pasado martes discreparon. Ese último veto fue criticado por los sociaslistas, que no entendían que el PP no aceptara su solicitud de comparecencia del presidente del CGPJ cuando iba acompañada de una sentencia del Tribunal Constitucional avalando la posibilidad de citar al máximo representante del Poder Judicial para cuestiones de su competencia.
Por ello, su portavoz en el Congreso, Soraya Rodríguez, ya avanzó que los socialistas pedirán a la Mesa del Congreso que reconsidere el próximo martes su decisión y, de lo contrario, anunció que acudirán en amparo al Tribunal Constitucional.
Lo que sí admitió la Mesa de la Cámara Baja en relación con el 'caso Dívar' fue la comparecencia del fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, cuya presencia fue reclamada por la Izquierda Plural. No obstante, ahora será la Comisión de Justicia la que decida si finalmente el fiscal debe comparecer o no.
