La derrota del Gobierno evidencia la fragilidad de los apoyos con los que cuenta Sánchez e impide que el conjunto de las Administraciones Públicas pueda contar con 6.000 millones de euros más y que el Gobierno pueda demostrar que es capaz de gestionar mejor el dinero público y ofrecer mayor margen de acción a las CCAA y en la revalorización de las pensiones
El traspiés del Gobierno ocasionado por el rechazo del Congreso a los nuevos objetivos de déficit público acordados con Bruselas es evidente. Los esfuerzos del Gobierno por maquillarlo son en vano, por mucho que el juego político de responsabilizar a la oposición de derechas (PP y Ciudadanos) y, más aún, a los partidos (Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, Compromís y demás grupos afines) que hicieron posible el éxito de la moción de censura que acabó con Rajoy exija el trámite de echarse mutuamente los trastos a la cabeza y señalar a los otros como culpables de la pifia.
Todos tienen razones para justificar su voto, pero la derecha sale reforzada en sus posiciones, porque la derrota del Gobierno evidencia la fragilidad de los apoyos con los que cuenta Sánchez e impide que el conjunto de las Administraciones Públicas pueda contar con 6.000 millones de euros más y que el Gobierno pueda demostrar que es capaz de gestionar mejor el dinero público y ofrecer mayor margen de acción a las CCAA y en la revalorización de las pensiones. Un acento más social y expansivo de los Presupuestos Generales del Estado que permitiría al electorado progresista vislumbrar la viabilidad de una política económica alternativa a la seguida en los últimos años, en los que el crecimiento ha sido absorbido por las rentas del capital, no ha servido para revertir las pérdidas de derechos y bienes públicos y ha extendido la precariedad en el empleo y los riesgos de pobreza y exclusión social. El conjunto de las fuerzas progresistas pierde, independientemente de cómo la propaganda de cada grupo acabe influyendo a la hora de imputar el coste electoral de esa derrota en la cuenta del partido del Gobierno o de los socios que se han abstenido.
Derrota y victoria, avances y retrocesos que se manifiestan y se perciben en el terreno de los símbolos. Lo que estaba en juego en esa votación y con ese medio punto de más o menos de déficit público no es el futuro de la economía española, sino el futuro del cambio político. La solución a los grandes problemas de especialización y estructuras productivas de la economía española no está en ese medio punto de diferencia en el déficit ni en el aumento del techo de gasto en 5.000 millones de euros o en 15.000 millones. Tampoco, en una variación del crecimiento del PIB en unas décimas de más o de menos respecto a las actuales previsiones (2,7% en 2018, 2,4% en 2019, 2,2% en 2020 y 2,1% en 20121); de hecho, el PIB ya creció por encima del 3% anual durante el trienio 2015-2017 sin que haya existido una mejora evidente en la situación económica de la mayoría social. Entiéndase bien, que las soluciones no dependan exclusiva ni principalmente del aumento del gasto o del déficit público o de un mayor crecimiento del PIB no significa que los problemas puedan encontrar solución, como ha quedado suficientemente demostrado entre 2015 y 2017, en el marco de las políticas de austeridad y devaluación salarial impuestas. Significa, sencillamente, que las reformas pendientes tienen mayor amplitud y exigen instrumentos más sofisticados que la simple variación cuantitativa del gasto público o del déficit público. Se puede avanzar en la solución de los graves problemas estructurales que presenta la economía española en el marco de un amplio espectro, de mayor o menor cuantía, de crecimiento del gasto público y del PIB o de reducción del déficit público.
Las derechas tienen claro que cuanto peor vayan la economía y las relaciones del PSOE con sus potenciales socios, mejor para sus planes de recuperar con prontitud el Gobierno en unas nuevas elecciones
Y otra cuestión importante que ha quedado de nuevo al margen del debate parlamentario, las soluciones no dependen exclusivamente de las reformas y políticas económicas o fiscales del Gobierno de España de turno, porque dependen también en gran medida de los cambios institucionales y de las estrategias de política económica que emanan de los centros de poder de la eurozona y la UE. Y ahí, en los ámbitos europeos, también es necesario que las izquierdas españolas tengan un programa concreto de reformas y un plan de alianzas y de presión sobre el bloque de poder que lidera Merkel para impedir que se sigan dilatando los plazos para aprobar y aplicar reformas que son imprescindibles para mejorar el funcionamiento de la eurozona, reducir los riesgos y garantizar su pervivencia.
La colaboración entre las fuerzas progresistas puede revelarse como un espejismo, un breve paréntesis que acabe a corto plazo con la vuelta al Gobierno de una derecha enardecida o podría consolidarse para garantizar el final de una etapa caracterizada por la corrupción, la ausencia de diálogo político en la búsqueda de soluciones para el conflicto planteado por la Generalitat y la mayoría del Parlament de Catalunya (con la consiguiente polarización y enfrentamiento social en Cataluña) y unas políticas económicas que han priorizado el rescate de los bancos y la recuperación de las tasas de rentabilidad de las empresas al tiempo que despreciaban la protección del bienestar y la atención a las necesidades de la mayoría social.
Aclaremos que el techo de gasto no se votaba y que el rechazo de la senda de déficit propuesta por el Gobierno no es definitivo. El Gobierno cuenta con un mes de plazo para presentar y, antes, negociar con sus potenciales aliados los objetivos de déficit; pero esa negociación parece hoy altamente improbable porque la confianza entre las partes ha sufrido un fuerte varapalo y van a gastar demasiadas energías para justificar las posturas de cada cual en esta primera votación como para cambiar al mes siguiente su voto. Se perderá, así, otro mes y se ahondará aún más la desconfianza actual, mermando la credibilidad de todas las partes y haciendo cundir el desánimo entre el electorado progresista, al confirmarse la incapacidad de las izquierdas para ponerse de acuerdo, por mucho que el PP tenga mayoría en el Senado y, por tanto, la capacidad de tumbar la propuesta en caso de ser aprobada por el Congreso. La salida para el Gobierno sería mantener la senda del déficit aprobada por el Gobierno de Rajoy. Y con ese déficit público del 1,3% del PIB para 2019 hacer malabarismos con los números para mostrar su vocación más social, esperando el milagro de que la situación económica no se tuerza demasiado y que las autoridades comunitarias sean benevolentes con un nuevo incumplimiento venial en el objetivo del déficit. Salida muy difícil y de alto riesgo político para el PSOE que cuenta con muchas papeletas para sufrir un gran revolcón en las próximas citas electorales que afectaría también a sus socios.
El problema central, en mi opinión, es que cada movimiento del Gobierno y de los partidos que colaboraron en la retirada de la escena política de Rajoy está orientado a lograr objetivos a corto plazo, particulares e incompatibles entre sí, que dificultan el asentamiento de una alianza política democrática y progresista de cierta solidez y recorrido temporal. Todos parecen pensar que el desgaste de sus potenciales aliados no solo no les va a pasar factura sino que puede favorecer su posición y la consecución de sus objetivos electorales en mayor medida que mediante una colaboración virtuosa que tuviera como objetivo desgastar a la derecha, demostrando que hay otras políticas económicas y sociales más favorables para la mayoría social, que se puede regenerar la vida política y acabar con la corrupción y que es posible encontrar soluciones democráticas y legales al desafío independentista que no pasan por la represión y la derrota de los independistas y de sus aspiraciones.
Las izquierdas, todas, tienen que aprender a dialogar y a negociar. Y comprender que toda negociación requiere transparencia, confianza y concesiones por todas las partes. ¿Hay tiempo y ganas de realizar ese aprendizaje?
Y hay otro problema, aparentemente de menor importancia, que no se ha tenido en cuenta en este debate sobre la senda de déficit y los límites del gasto o techo de gasto. Se da por bueno que las previsiones de crecimiento del PIB se van a cumplir y que los muchos riesgos que afectan a la economía mundial y, más específicamente, a la eurozona no se van a concretar ni dar al traste con todos los objetivos de reducción del déficit que se están barajando. Y no sólo por parte de España, sino en el conjunto de una eurozona que ha sido incapaz en estos últimos años, durante un ciclo expansivo que muestra signos claros de agotamiento, de dotarse de los instrumentos institucionales para hacer frente a una desaceleración del crecimiento mayor que la ya prevista o, mucho menos, a una nueva recesión. Más aún cuando la política monetaria expansiva del BCE, que ha facilitado a los países del sur de la eurozona convivir con altas tasas de deuda pública y privada, está en franca retirada y comienza a normalizarse (se ha anunciado la subida de las tasas de interés para 2019 y la compra masiva de activos por parte del BCE ya ha empezado a reducirse y su desaparición está prevista para finales de este año).
De concretarse algunos de los riesgos en presencia y cualquiera de los muchos escenarios posibles de menor crecimiento, la economía española va a sufrir un golpe que dejará obsoletos todos los objetivos de déficit que se hayan debatido o aprobado.
Las derechas tienen claro que cuanto peor vayan la economía y las relaciones del PSOE con sus potenciales socios, mejor para sus planes de recuperar con prontitud el Gobierno en unas nuevas elecciones. Creo que aciertan. Parte de las izquierdas piensan que no es tan malo que el Gobierno no pueda desarrollar los cambios de baja intensidad que pretende, más de gestos que cargados de sustancia, porque su inoperancia podría abrir ventanas de oportunidad que mejorarían sus expectativas electorales. Creo que se equivocan. Tampoco me parece viable la aspiración de la dirección del PSOE a sortear una negociación seria y abierta con sus potenciales socios, porque considera que sólo las posiciones que defiende el Gobierno son viables y que la única colaboración posible pasa por el apoyo de sus potenciales socios a la acción política del Gobierno.
Las izquierdas, todas, tienen que aprender a dialogar y a negociar. Y comprender que toda negociación requiere transparencia, confianza y concesiones por todas las partes. ¿Hay tiempo y ganas de realizar ese aprendizaje? ¿Hay conciencia de que esa comprensión de la importancia y de los contenidos de toda negociación es imprescindible para lograr avances y hacer posible el cambio realista y seguro que reclama buena parte de la ciudadanía?
