CEOE insiste en retrasar la edad de jubilación

La política presupuestaria se alza como uno de los principales ejes de la política económica en 2019, dependiendo de ella que el ciclo de expansión sea más duradero o se acorte.

Antonio Garamendi
Antonio Garamendi

Aumento de la edad de jubilación de acuerdo con la evolución de la esperanza de vida, menos impuestos, menos cotizaciones empresariales a la seguridad social...

La organización patronal CEOE ha aprobado sus propuestas para las próximas elecciones generales del 28 de abril. Los aspectos más destacables son el aumento de la edad de jubilación de acuerdo con la evolución de la esperanza de vida, menos impuestos y menos cotizaciones empresariales a la seguridad social, reducción del impuesto de sucesiones y eliminación del impuesto de patrimonio. Nada nuevo bajo el sol en las sempiternas reclamaciones patronales.

Parten de la base de que España desde 1977 ha disfrutado de uno de los periodos de crecimiento económico más prolongado y próspero de nuestra historia. “La apuesta por la internacionalización, la apertura exterior y la libre empresa en el marco de la economía de mercado, han posibilitado que España pertenezca en la actualidad al grupo de los países más desarrollados del mundo en términos económicos y de bienestar social."

En la actualidad, la economía española se encuentra inmersa en una senda de desaceleración con un margen limitado para la aplicación de determinadas políticas económicas. De hecho, las previsiones para 2019 de crecimiento del PIB se sitúan en el entorno del 2,2% del PIB, según el Gobierno y el consenso de analistas, frente a los crecimientos superiores del pasado. Este escenario está sujeto a riesgos a la baja, entre los que cabe destacar el desenlace de la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), el aumento del proteccionismo y posibles episodios de inestabilidad financiera asociados a la situación política en algunos países, tanto emergentes como avanzados. En clave nacional, la inestabilidad política, la falta de disciplina presupuestaria, el abandono del proceso de reformas estructurales y el quebrantamiento de la unidad de mercado son los principales riesgos que pueden acelerar la tendencia a la desaceleración que ha iniciado la economía española.

Para revertir los riesgos de desaceleración, la CEOE propone los siguientes objetivos principales:

Garantizar la estabilidad política e institucional

Las empresas requieren certidumbre, estabilidad institucional y social

La estabilidad política es equivalente a credibilidad y seguridad jurídica y condición necesaria para que se mantenga, e incluso mejore, la confianza de los ciudadanos, empresas e inversores en nuestro país. En concreto, las empresas requieren certidumbre, estabilidad institucional y social y un horizonte temporal para la asunción del riesgo inherente a toda inversión o decisión empresarial.

La actividad empresarial se ve beneficiada cuando el clima político se caracteriza por la moderación y el encuentro como base de la sostenibilidad de las instituciones que configuran nuestra economía de mercado: la libertad de empresa y el derecho de propiedad.

El dialogo entre asociaciones empresariales y sindicales vertebra y estructura la estabilidad económica e institucional, a la vez que da cumplimiento al papel que nuestra Constitución establece para nuestros agentes sociales.

Intensificar el proceso de consolidación fiscal

La falta de cumplimiento de los objetivos de déficit público tiene consecuencias en la credibilidad de la economía española

La reducción del déficit público ha sido, junto con las reformas estructurales, uno de los factores que explica el aumento de la confianza en la economía española y el retorno de la inversión a nuestro país. Por lo tanto, la falta de cumplimiento de los objetivos de déficit público, unido al consiguiente retraso en la senda de corrección del desequilibrio de las finanzas públicas, tiene consecuencias en la credibilidad de la economía española, haciéndola más vulnerable ante periodos de incertidumbre en los mercados internacionales.

En este contexto, se presume necesario que las propuestas del nuevo gobierno sean coherentes y sensatas, y que se sustenten en una cuantificación de costes y beneficios que no ponga en peligro la sostenibilidad presupuestaria. La consolidación estructural del déficit debe basarse en las partidas que tienen menos incidencia sobre la oferta productiva y la competitividad empresarial, esto es, actuando especialmente sobre el gasto corriente y evitando subidas de impuestos, especialmente de aquellos que afectan a la actividad empresarial, o ajustes de partidas de inversión necesarias para nuestra actividad.

Una vez garantizada la sostenibilidad fiscal por la vía del gasto corriente debemos poder recortar los impuestos que más incidencia tienen en los costes empresariales, con la consiguiente recuperación de incentivos al esfuerzo, al trabajo, al ahorro y a la asunción de riesgos.

Continuar el proceso de reformas estructurales

Configurar un clima favorable para la actividad empresarial como principal vía para hacer sostenible nuestro crecimiento

Para consolidar el ciclo de recuperación, en un escenario de desaparición paulatina de los factores que han impulsado el crecimiento, se debe llevar a cabo una política económica que resuelva los problemas estructurales de la economía española, entre los que sobresalen: el bajo crecimiento potencial debido a la elevada tasa de paro; el envejecimiento poblacional y la baja productividad; las dificultades para intensificar el proceso de consolidación fiscal a pesar de los altos ritmos de crecimiento de actividad y empleo; y la elevada deuda exterior.

En un contexto de desaceleración económica la apuesta por la flexibilidad y adaptación de nuestras empresas y el fomento de la competitividad constituyen la principal garantía para la sostenibilidad de nuestro bienestar y empleo. Debe ser una prioridad política el configurar un clima favorable para la actividad empresarial como principal vía para hacer sostenible nuestro crecimiento generador de empleo y la mejora de nuestro nivel de vida.

Dado el escenario cambiante en el que vivimos, se debe de mirar hacia adelante y no revertir las reformas que han sido claves para apuntalar la dinámica económica y la confianza de nuestros agentes. Los próximos meses van a ser críticos en nuestro devenir futuro, ya que el único momento en que se suelen acometer reformas estructurales de calado es al principio de una legislatura, sin perjuicio de que sus efectos favorables se mantengan a lo largo del tiempo.

La apuesta por la unidad de mercado

La unidad de mercado es el trasunto económico de la unidad política de la que es causa y consecuencia. Debemos apostar por potenciar nuestro compromiso con la Unión Económica y Monetaria, el marco constitucional y la integridad territorial de España.

La fragmentación de la unidad de mercado es fuente de preocupación y obstáculo a la libertad e igualdad de acceso y ejercicio de la actividad económica y a la libre circulación de bienes y servicios. Es imprescindible potenciar institucionalmente la unidad de mercado para garantizar a nuestros ciudadanos y empresas la posibilidad de funcionar con iguales requerimientos con independencia del lugar de España en el que radiquen.

Las propuestas empresariales más significativas son las siguientes

La política presupuestaria se alza como uno de los principales ejes de la política económica en 2019 y años venideros

Dado el momento de desaceleración de la economía española y el entorno de mayor incertidumbre, tanto a escala global, como a nivel interno, la política presupuestaria se alza como uno de los principales ejes de la política económica en 2019 y años venideros, dependiendo de ella que el ciclo de expansión sea más duradero o se acorte. En este ámbito, y por su relevancia, se considera necesario:

Compromiso con el cumplimiento de los objetivos de déficit público para que España siga ganando credibilidad y confianza en los mercados financieros internacionales y continúe siendo un polo de atracción para la inversión.

Visión a largo plazo de la política presupuestaria y fiscal para avanzar en el proceso de consolidación fiscal y de este modo disminuir los elevados niveles de la deuda pública española, cercanos al 100% del PIB. Para ello, no se deberían implementar medidas que supongan incrementos del gasto público estructural que, si ya resultan insuficientes financiarlos con los ingresos obtenidos en periodos de bonanza o por incremento de la presión fiscal, en periodos recesivos podrían disparar el déficit público, con las consecuencias negativas que ello tendría de nuevo en la economía española.

Mejorar el grado de cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (incluida la regla de gasto) para el conjunto de las Administraciones Públicas. Es decir, todos los niveles de la Administración deben cumplir los objetivos establecidos de déficit público en cada ejercicio.

Implementar criterios de racionalidad, disciplina presupuestaria y de evaluación del gasto de las Administraciones Públicas para garantizar la sostenibilidad del Estado del Bienestar en base a una mejor gestión y una mayor eficiencia.

Seguir avanzando en la reforma del sector público mediante la eliminación de las duplicidades entre todos los niveles de las Administraciones Públicas, la mayor provisión de servicios públicos por parte del sector privado, así como la reducción de organismos, agencias y empresas públicas de las Administraciones Públicas que prestan servicios que no obedecen ni a criterios de necesidad ni de mejora de la eficacia.

La intervención mediante la regulación económica y la actuación directa de los agentes públicos debe optimizarse evitando el solapamiento y entorpecimiento de la actividad de nuestras empresas. Se deben eliminar trámites y propiciar que su cumplimiento se formalice mediante declaraciones responsables en los procedimientos de obtención de autorizaciones.

Entre las medidas propuestas por la CEOE para la reforma del sistema de pensiones destaca la destinada a aumentar la edad de jubilación.

"Sostenibilidad del sistema público de pensiones y adecuación a las circunstancias actuales, mediante el impulso de reformas en varios frentes simultáneamente, tales como la lucha activa contra el fraude en las cotizaciones y el aumento de la edad de jubilación a medida que lo haga la esperanza de vida, que permitan lograr un sistema equilibrado, sostenible e incentivador del empleo."